De Chihuahua a la Ciudad de México, pasando por Puente Grande, Jalisco, la geografía del crimen organizado parece haberse extendido por todo el territorio nacional. El ambiente se está enrareciendo, se respira inseguridad y mientras tanto, el gobierno intenta ponerse de acuerdo en cómo, cuándo y con qué le hará frente.
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Mal comienza el año cuando en menos de un mes se puede contar un atentado contra el gobernador Patricio Martínez, la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán de una cárcel de “máxima seguridad”, dos regalos-bomba en la Ciudad de México, el “grito de auxilio” por parte del gobernador sinaloense Juan. S. Millán frente al desbordamiento del narcotráfico, el secuestro express de la contralora capitalina Berta Luján.
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Encadenamiento, causal o fortuito, de hechos delictivos que se suman a una larga cadena de crímenes sin resolver, de delitos sin culpables, de corrupción e impunidad, de ineficacia y descomposición en las corporaciones policíacas, de años de políticas públicas erráticas y muy costosas –en más de un sentido–, contra la delincuencia.
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A río revuelto… los capos del narcotráfico, los señores de la industria del robo de autos, las bandas “profesionales” de secuestradores, las autoridades coludidas con criminales no han esperado a que el proceso de reingeniería institucional se eche a andar; a que la Secretaría de Seguridad Pública disponga de ley orgánica y que su titular, Alejandro Gertz, ocupe sus oficinas definitivas; no han esperado, siquiera, esos acuerdos “necesarios” entre el gobiernos entrante y la delincuencia organizada.
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Crisis de seguridad pública, pero también de nervios en la sociedad. Con toda razón, la zozobra y el miedo ganan adeptos. En cada robo, cada secuestro, cada homicidio, la criminalidad nos roba el sosiego.
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Mal han empezado las cosas para todos, pero podrían ser peores si la administración actual se precipita en la toma de decisiones y emprende acciones inmediatistas o adopta una política de apagafuegos.
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Sería contraproducente que por paranoia social o por frenar un clima negativo de opinión pública, Fox prefiriera mantener la inercia en lugar de emprender reformas y programas de largo aliento que pasen por la moralización de las corporaciones policiales, la actualización de leyes, el rediseño de la estrategia contra la delincuencia organizada, la formulación de programas integrales, la coordinación eficaz de las diferentes áreas encargadas de la seguridad pública e inteligencia.
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En otras palabras: aunque no exenta de riesgos, la apuesta más segura sería exigir a Fox respuestas políticas, estrategias e iniciativas bien estructuradas de mediano y largo plazos.
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El autor es director general de Grupo Consultor Interdisciplinario
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