Guanajato, a todo galope
En Guanajuato los proyectos surgen como una vez lo hacían del subsuelo el oro y la plata. Institutos, centros de investigación, secretarías y coordinaciones emergen a un ritmo vertiginoso en este estado caracterizado por sus contrastes socio-económicos y su suelo fértil.
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La tenacidad de los guanajuatenses parece florecer como nunca, justo a raíz de la crisis y con el empuje del nuevo gobierno panista a cargo de Vicente Fox. Por muchos considerado como un líder carismático y fuertemente criticado por otros, el hecho es que se está encargando de voltear la casa de cabeza para lograr sus ambiciosos propósitos: ser el primer estado de la república que salga de la crisis y demostrar que Guanajuato está a la vanguardia política del país, como lo estuvo el siglo pasado durante el movimiento insurgente que encabezó aquí Miguel Hidalgo.
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El Bajío, otro considerado “el granero del país”, en los últimos años se ha convertido en la “frontera del desierto”, de ahí que el nuevo gobierno se proponga solventar las demandas más urgentes de la población, que por cierto no son pocas.
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“No podemos proponer ninguna acción que no nazca del diálogo con el sector respectivo”, advierte, sin embargo, José Manuel Mendoza Márquez, secretario de Desarrollo Económico del estado. “Guanajuato Siglo XXI” es un diagnóstico interdisciplinario iniciado en 1993 acerca de la situación sectorial y municipal en la entidad. La investigación, a cargo de Carlos Flores, actual coordinador de Desarrollo Regional, y de Eduardo Sojo, secretario de Planeación Económica, sirvió como fundamento para el plan básico de gobierno de Vicente Fox.
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Crear las condiciones para un desarrollo económico competitivo, lograr un desarrollo social equitativo y un permanente estado de derecho, forjar un buen gobierno y transformar radicalmente la educación, son los cinco grandes retos del programa, cuyos objetivos son hacer de Guanajuato, en el corto y mediano plazos, una “tierra de oportunidades”.
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Pero los retos más fuerte son, sin duda, la generación de empleos y la atracción de inversiones productivas. Fox ha asignado a este rubro cinco veces más presupuesto que el otorgado el año pasado. De igual forma, con inusual rapidez, se han desincorporado dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico con el fin de tener un gobierno “ágil, esbelto, ocupado por gente con visión, y evitar el burocratismo”, dice Mendoza, y se creó el Centro de Información Guanajuato, pensando en los negocios internacionales. Las dependencias estatales se mueven bajo un denominador común: demostrar agresividad y rapidez en la promoción y atracción de capitales productivos para el estado.
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La meta es consolidar en 1996 proyectos productivos por $250 millones de dólares y crear 15,000 empleos. “Hasta marzo hemos logrado atraer $165.4 millones de dólares, generadores de 12,000 empleos, por lo que somos optimistas acerca del logro de las metas anuales”, señala Mendoza.
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La rapidez en la reestructuración del aparato gubernamental responde a la urgencia que se resume en la frase: “Guanajuato tiene prisa”, muy utilizada por el gobernador y su equipo.
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Exportar verduras y retener campesinos
Aunque comercio e industria son cada vez más importantes, la tierra también es clave en la estrategia de desarrollo económico de Guanajuato: 30% de su población vive del campo y, de ésta, 80% son campesinos con una economía enfocada principalmente a la autosubsistencia.
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En este sector los contrastes son muchos. La actividad agroindustrial en 10% de las tierras, consideradas de alto rendimiento, genera anualmente más de $250 millones de dólares a través de la exportación de verdura y fruta congelada, deshidratada y envasada (50% del brócoli consumido en Estados Unidos llega de Guanajuato), y de la producción de aceites comestibles y alimento para animales.
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Con esas pocas tierras de riego, este estado del Bajío es el primer productor de fresa, brócoli, papa, ajo, cebolla y alfalfa en el país, y el segundo en trigo, sorgo, cebada, jitomate y leche de cabra. La recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agropecuario está incentivando proyectos a corto plazo orientados al aumento de la productividad en el campo comercial y, en especial medida, al aumento de las exportaciones agrícolas y ganaderas en más de 30%.
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Las hortalizas y los campos labrados que se observan a un lado y otro de la carretera Panamericana contrastan con el abandono del resto de las tierras de temporal, cuyo acceso son los caminos vecinales. La escasez de agua, el bajo rendimiento, la falta de maquinaria y de recursos orillan al campesino a emigrar a las ciudades y a Estados Unidos. Después de San Luis Potosí, Guanajuato es el segundo estado de la república en índice migratorio. Según el plan básico del gobierno, se estima en 1.8 millones el número de guanajuatenses que de forma regular alterna sus estancias en Estados Unidos y México —cifra cercana al 50% de la población total, estimada en poco más de cuatro millones de personas—.
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Lograr el arraigo de la población campesina es otro de los retos. Los gobiernos estatales panistas han usado métodos heterodoxos y novedosos, como apoyarse para el diseño y desarrollo de sus proyectos en asociaciones no gubernamentales especializadas, a las que contratan, otorgan presupuesto y dan apoyo político.
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Es el caso de Desarrollo Rural, AC —una agencia profesional de desarrollo desde 1991—, encargada de arraigar a los migrantes actuales bajo la premisa de que el campo será productivo en la medida en que el campesino desee permanecer en él. “No se trata sólo de poner una linda plaza y empedrar el pueblo. Si no tiene qué comer, la gente se va a seguir yendo”, dice Luis Fernández Godard, director general de la organización, que en 1996 vio duplicado su presupuesto a $40 millones de pesos.
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A pesar de la prisa, Fox es consciente de que los resultados, tratándose de un proceso de cambio de mentalidad, creación de espacios democráticos y adecuación del estado a las necesidades de los campesinos, no se dan de un día para otro. “Esta íntima colaboración con el gobierno y, al mismo tiempo, la independencia que tenemos —dice Fernández—, hace que nuestros programas puedan seguirse aún después del cambio de autoridad política.”
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Contra de lo que pudiera pensarse, la crisis en el campo ha orillado a mucha gente que vivía en las grandes urbes nacionales, y que quedó desempleada, a volver a sus ranchos. “En el último año hemos observado a más personas regresar que irse”, lo que ha llevado a Desarrollo Rural a iniciar programas para aprovechar esa fuerza de trabajo ociosa. A la vez, se ocupan de la creación de una cultura del agua, otra de las prioridades para el gobierno, una de cuyas acciones específicas es el proyecto ecológico “Guanajuato, un bosque para el mundo.”
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La escasez de agua es una limitante del desarrollo en el estado. Hay agotamiento irreversible de los mantos freáticos, escasez de lluvia por la deforestación y contaminación generalizada. Pero además, el desperdicio es alarmante: 80% del agua utilizada en el estado es de consumo agrícola y de ésta 65% se pierde en fugas en las redes o en los ineficientes sistemas de riego. Hace 45 años el agua brotaba sola, ahora se bombea de pozos de 200 metros de profundidad.
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Esto genera un gasto excesivo de energía eléctrica. El campesino trabaja para pagar prácticamente toda su ganancia a la Comisión Federal de Electricidad, así que, afirma Fernández, por interés propio, y “por necesidad, cada vez más personas se incorporan a nuestros programas de uso eficiente del agua para riego.”
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Para crear esa cultura de uso del agua se constituyó una Subsecretaría Estatal del Agua y se gestiona la municipalización de dichos servicios.
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Morder el pastel federal
Recientemente, el presidente Ernesto Zedillo y el gobernador Fox han convenido en hacer de Guanajuato el laboratorio del proceso de federalización mediante el cual se transfieran al estado atribuciones, responsabilidades y recursos que antes eran de competencia federal.
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“Te voy a demostrar que sí puedo”, es la consigna del gobierno estatal frente a la federación. Con bajos recursos y en un periodo muy corto, Fox se ha comprometido a consolidar el patrimonio de la entidad, bajo la estrategia, de “arrancarle al gobierno una verdadera descentralización o federalismo fiscal: que los recursos ya no los acapare el glotón del gobierno federal sino que nos deje sobrevivir a los estados y municipios”.
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Asegura que después de muchas negociaciones se ha logrado una incipiente descentralización en seis áreas de gobierno:
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- El “Ramo 26” (antes Solidaridad);
- El agua;
- Parte de las funciones de la SCT (mantenimiento de carreteras federales, con excepción de la Panamericana y de los caminos rurales);
- El presupuesto de Sedesol;
- La incorporación de 1,200 personas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (que antes dependían del centro);
- La coordinación de la educación media superior y de las universidades;
- La conversión en estatales de las plazas federales del sector salud;
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El proceso es aún “incipiente”, debido a que “no se nos otorga el poder”, aclara Flores, pues “la norma sigue estando en la capital, donde se dicta cuándo, cómo y cuánto se aportará a cada programa. Tres cuartas partes son propuestas del municipio, pero a final de cuentas el centro toma la decisión”. La idea de los funcionarios estatales es que los recursos se otorguen y gasten de acuerdo con las peticiones del mismo municipio. Dice Flores que lo que proponen es una nueva concepción de las tareas del estado: “En dos años pretendemos que el gobierno no necesite el contacto directo con la ciudadanía. Que nuestro cliente sea el gobierno municipal y el cliente de éste sean los ciudadanos”.
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Sin embargo, las habas no se cuecen tan fácil. El gobierno estatal ha intentado establecer estrictos controles a los municipios para garantizar la transparencia en la distribución de recursos, algo que los priístas rechazan en bloque. Por principio, los presidentes municipales se negaron a aceptar el convenio propuesto por el gobierno del estado. “No tiene por qué certificarnos. Aquí el único que tiene que ver lo que hace el municipio es el pueblo”, ha dicho a la prensa Pedro Ramón Pimentel, síndico priísta. Después de acaloradas sesiones, se decidió que cada ayuntamiento determinará si acepta o no los convenios con el estado, y que éste deberá firmar acuerdos individuales para cada uno de los 24 servicios que otorgará a los municipios.
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El equipo de gobierno ha considerado que, por razones históricas, la mayoría de los alcaldes y ayuntamientos no están preparados para recibir mayores recursos o responsabilidades, por lo que superar estas carencias es una de las tareas del recién creado Centro Interuniversitario del Conocimiento. “Es fuerte la presión que tenemos a corto plazo —reconoce Flores—, se recibe corriendo una estafeta y no tenemos oportunidad de aprender en el camino.”
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Otra dimensión es el federalismo fiscal, que Fox opina debe de ser aprovechado al máximo, a través, por ejemplo, de la captación de recursos provenientes de los movimientos de importación y exportación de las aduanas. El que Querétaro tenga una aduana interior no es obstáculo para que Fox quiera tener la propia en Celaya, para beneficio de Guanajuato y no del “glotón” del gobierno federal. Finalmente, la mayoría de las empresas que operan a través de la aduana queretana son de la zona de Celaya, lo que ayudaría a que aceptaran que los servicios de una terminal de carga se ofrezcan en su misma entidad.
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Este proyecto no es bien visto en Querétaro ni en Aguascalientes, poseedores de sendas aduanas internas, pero que nunca han luchado con el centro por beneficiarse de los ingresos de éstas. Pero ese no parece ser problema de Fox.
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Los zapateros siguen en 1992
Guanajuato es un estado de tradiciones; sus zapatos también. En León, el centro de la curtiduría y calzado más importante del país, se fabrica 45% del calzado de manufactura nacional y, en contraste con otros sectores industriales mexicanos, la participación de capital extranjero en esta industria es menor a 1%.
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Los zapateros fueron alcanzados por la crisis que, en opinión del vicepresidente de la Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado (ANPIC), Alejandro Gutiérrez de Velazco, comenzó en 1988 con la apertura indiscriminada a los productos del exterior. De medio millón de pares que se importaban al año hasta 1988, en los años siguientes la cifra llegó a 35 millones anuales. Un golpe mortal para infinidad de empresas. De los últimos 12 años, apunta este proveedor de maquinaria para calzado, el peor mes fue mayo de 1995. En ese año la producción, que en 1994 fue de 173 millones de pares, bajó a 167 millones de pares, según estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado, y se perdieron más de 33,000 empleos, lo que representa para la industria “un retroceso de tres años, si se considera que en condiciones normales León genera 10,000 empleos por año; esto es, que la crisis de 1995 nos retrae a 1992”.
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A pesar de todo, desde junio del año pasado parece estar dando inicio una “recuperación paulatina. Los proveedores, atomizados hasta 1988, se unieron, además de que por fin se ha dado una coordinación de esfuerzos entre el sector gobierno y el industrial”, dice el presidente de ANPIC, Ramón Flores Alcázar.
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El gobierno sabe que la ANPIC y SAPICA son las ferias más importantes para esta industria a nivel continental. Para darles empuje, está en vías de ampliar a 3,000 metros cuadrados el centro de convenciones. La lógica es que, señala Flores, la única manera para subsistir es “pensar global y actuar locamente”.
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La curtiduría se planea relocalizarla hacia un gran parque ecológico: Parque Piel, que se está construyendo desde 1993 pero que no se ha echado a andar debido a que hay intereses opuestos, no obstante que la fecha límite (1997) ya está cerca. “Muchas empresas no desean la relocalización, pues quieren monopolizar el mercado —dice un curtidor que prefiere omitir su nombre—; hay que entender que el problema no es sólo la descapitalización de la industria”. Para este empresario, el PAN no ha traído al sector de los curtidores cambios significativos, pues “los intereses personales en buena parte de los neo-panistas se anteponen al bien común, igual que (sucede) con los priístas”.
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Para Jorge González Navarro, curtidor, el obstáculo para la reubicación es el financiamiento. “Los empresarios tenemos miedo de invertir, de asumir cualquier compromiso con la banca”, confiesa. El gobierno quiere exportaciones, pero González, no obstante que no le va tan mal pues exporta 20% de las pieles de cerdo que curte, no ve ningún apoyo para eso. “Está comprobado que el juguetito devaluatorio dura siete meses; después la inflación te deja fuera de la competencia internacional.” En una feria de proveeduría en febrero en Miami, González se encontró con que los taiwaneses ofrecían productos iguales a los suyos, pero entre 30 y 40% más baratos. “Yo no tenía nada qué hacer ahí”, dice decepcionado, pues descarta que la diferencia en los precios sea el costo de la mano de obra o el precio del cuero de cerdo, que tiene precios internacionales. Por el contrario, supone que los productores taiwaneses tienen apoyo de su gobierno. La piel de cerdo la importa en 100%, en tanto que los químicos, aunque las compañías multinacionales los elaboren en México, se pagan en dólares. Los componentes mexicanos son el agua, la luz y la mano de obra, tan sólo 20% del total.
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De 800 curtidurías que hay en León, menos de 15 son altamente exportadoras y 80% de los productores de calzado opera en talleres familiares. Es una industria tradicional, carente de capitales, de maquinaria sofisticada, de cultura de calidad en procesos y productos, que empieza, descalza, a dar sus primeros pasos para salir de la crisis.
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¿Un estado high tech?
Guanajuato se ufana de ser el estado con un mayor número de centros de investigación en el país. Tiene 44. Pero el gobierno no se conforma y hace gestiones en Estados Unidos para aumentarlos, explica el gobernador Vicente Fox, con el fin de “crear un tecnopolo de desarrollo que dé hospedaje a empresas high tech con centros de investigación y empresas de alta tecnología”.
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En marzo pasado se creó un Consejo Estatal para la Ciencia y la Tecnología —que pretende vincular esfuerzos y coordinar la labor de universidades, gobierno y centros de ciencias—, el cual sólo da recursos, según el secretario de Desarrollo Económico, a investigaciones requeridas por los sectores productivos. “No vamos a pagar investigaciones que no tengan un impacto directo en la economía”, afirma.
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Otros frentes de estímulo a la educación científica son Explora y el Centro Interuniversitario del Conocimiento. El primero, un novedoso museo interactivo de difusión científica y tecnológica, fundado durante la administración de Carlos Medina Plascencia —en noviembre de 1994—, es un proyecto conjunto de autoridades federales, estatales y del sector privado con una inversión de $15 millones de dólares y precios populares. Cuenta con una sala dedicada al agua, organiza exposiciones itinerantes para llevar la ciencia a las comunidades rurales y procura que los visitantes establezcan contacto personal con los científicos. De las 11 universidades existentes en León, ninguna imparte carreras de carácter científico. Las que hubo algún día cerraron por falta de interesados: es contra ese rechazo que fue concebido Explora.
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De reciente creación, el Centro Interuniversitario del Conocimiento, a su vez, estará dedicado a la educación de los adultos y vinculará a los diferentes niveles de gobierno para el diseño de cursos de conocimiento práctico y productivo. “A través del instituto pretendemos certificar el conocimiento —afirma Marco Antonio Álvarez, director general de proyectos— y trabajaremos en varias modalidades: en primer lugar, acercar la universidad a todos; es decir, llevar a los municipios cursos que generen arraigo y promuevan el desarrollo local.” Se instituirá el curriculum personalizado que permitirá reconocer la experiencia práctica de las personas. Además, se diseñarán las carreras de servidor público municipal y estatal, que hasta ahora no existen, y a partir del mes de mayo comenzarán cursos de capacitación al personal de los municipios como un resultado de los diagnósticos elaborados durante la administración de Medina Plascencia.
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No sólo el conocimiento será objeto de certificación: también los productos del estado. Guanajuato está creando su propio certificado estatal, el GTO 2000, que es “parecido al ISO 9000, pero menos estricto. Un mayor número de empresas se certificarán —explica Mendoza— y nuestros productos tendrán en el extranjero la garantía de calidad que otorgará el estado.”
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GTO 2000 es una iniciativa empresarial, con la participación de consultores, investigadores y académicos, dirigida en primera instancia al sector del calzado, pero que ha despertado el interés de otros sectores.
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Lo único es que entre tanto boom de centros tecnológicos —característico de los gobiernos con fuerte empuje empresarial—, de fomento a la cultura y las bellas artes casi no se habla en Guanajuato.
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Madera histórica
Desde la época de la independencia, los guanajuatenses han sido afectos a la participación política. Su religiosidad, más el carácter de quien conquista lo que se propone, puede ser la explicación de su activismo. Salvemos nuestra casa es un movimiento de deudores de créditos hipotecarios generado en León por más de 5,000 familias de clase media, que bajo la consigna de “no me dejo” intenta condiciones justas en sus negociaciones con los bancos.
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“No pretendemos dejar de pagar”, aclara Alberto Cifuentes, diputado panista y miembro del consejo del movimiento. Explica que sus acciones son en la línea de la resistencia civil. Se distinguen del Barzón, pues “ellos esperan las demandas, mientras que nosotros hemos tomado la iniciativa, porque tenemos la razón legal, y para marzo de 1996 hemos presentado ya más de 2,000 demandas contra los bancos solicitando la anulación de los contratos.”
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“Nuestro gran logro —dice Mayra Enríquez, también del consejo— es que sacamos a la clase media a la calle” para proteger el patrimonio familiar, “los motivamos a ir al banco a averiguar las consecuencias del ADE, al fin que no tenemos nada que perder. Como deudores no llevamos prisa. Si ganamos el proceso después de dos años, implicará para nosotros pagar también. Pero tenemos confianza, somos los mejores clientes del banco: gente pagadora, responsable, profesionistas. Si a nosotros no nos dan alternativas, ellos están perdidos.” Desafortunadamente para ellos, el optimismo del gobernador tiene límites. A pesar de haber demostrado simpatía por los movimientos de deudores en reiteradas ocasiones y de haberse propuesto como intermediario, la solución tardará en llegar.
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De todos modos, Guanajuato, actual laboratorio del federalismo, definirá en poco tiempo el destino de las relaciones entre el gobierno federal y los estados, y para nadie es un secreto que, de alguna manera, en esto estará en juego la posible candidatura de Vicente Fox a la presidencia de México en el año 2000, aunque para entonces él dice que prefiere verse montado a caballo en su rancho, acompañado de sus cuatro hijos.