Guerra subsidiada
La pelea por la tortilla de maíz –un producto milenario que ha resistido el paso del tiempo en la dieta de los mexicanos– se ha recalentado en el país que la dio a conocer. Los industriales, agrupados en dos bandos según el método de elaboración de la masa con que son hechas 11 millones de tortillas anualmente, están en una nueva etapa de sus divergencias.
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El gobierno federal, que ya no sabe qué hacer con el mayor de todos sus subsidios implantado durante los años 70, quedó atrapado en sus propios controles al intentar transparentar el cuestionado mecanismo de asignación de más de $6,000 millones de pesos del presupuesto público.
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En un decreto emitido hace un año, que tomó como referencia los precios internacionales del maíz que se fijan en el mercado de granos de Chicago, las autoridades de comercio y de la controvertida Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) cambiaron las reglas de la industria de la tortilla, un mercado cotizado en más de $2,000 millones de dólares.
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En lugar del reparto regional del mercado entre las harineras, que degeneró en acusaciones de malos manejos y desabasto, con la nueva medida los industriales estaban en posibilidades de proveerse del grano donde mejor les conviniera. En cualquier caso, la dependencia se haría cargo de pagar la diferencia entre el precio pagado por las harineras en el mercado –sumando el costo de traerlo a México, en el caso del maíz amarillo importado de Estados Unidos, y almacenarlo– y el precio subsidiado.
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El decreto, que además respondía a restricciones presupuestales, incluye puntos orientados a quitarle sobrepesos al subsidio, como evitar los riesgos cambiarios denominando los financiamientos en dólares.
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Pero el decreto no llegó ileso a la siguiente cosecha. Seis meses después de emitido, la producción de maíz blanco mexicano aumentó y los precios internacionales cayeron. Los agricultores mexicanos, que habían logrado una buena cosecha, no se ajustaron a esta baja y el gobierno no tuvo argumentos para obligarlos a hacerlo. Las harineras quedaron imposibilitadas para competir, porque la caída de los precios comprimió el margen de subsidio que tenían derecho a reclamar. Las importaciones se volvieron inviables y el decreto pasó a la historia como otro buen intento por normar las operaciones de la industria.
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Tarjeta inteligente para subsidio testarudo
-En un sector que funciona con arreglo al subsidio, tácitamente todos volvieron al esquema anterior y se olvidaron de Chicago.
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El doble subsidio a la tortilla –que subvenciona al maíz, su principal insumo, y al producto final– había sobrevivido una vez más, a pesar de nuevas y viejas presiones. La queja de los harineros de que el precio controlado inhibe la libre competencia y, por tanto, el desarrollo de la industria, continúa. A su vez, las miles de pequeñas empresas familiares que utilizan el método tradicional para la elaboración de la masa, o nixtamaleros, dicen que el gobierno sigue utilizando la subvención para aplastarlos y favorecer a los harineros.
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Nadie entiende por qué el gobierno se empeña en subsidiar toda la tortilla en lugar de sólo apoyar la que consumen los mexicanos más pobres –entre 20 y 25% del total, según los harineros–. “Es un despilfarro”, dice Eduardo Livas Cantú Jr., director general de Maseca, empresa que controla 70% del mercado mexicano de harina de maíz. Lo es no sólo por el dinero que se le destina, añade, sino por todo el aparato burocrático que lo administra. Para los harineros, la liberalización es un proceso en el que no hay perdedores.
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Hace tiempo, Maseca cometió “un error de estimación” con su filial Tortilladora Azteca, dedicada a elaborar y vender tortillas empaquetadas a precio libre, que le costó “pérdidas importantes”. Se suponía que el retiro del subsidio estaba cerca, recuerda Livas. Sin duda, la liberación del precio de la tortilla es una decisión política del más alto nivel, deduce el directivo regiomontano, cuya empresa tiene una clara influencia en las decisiones “operativas” de los funcionarios menores que administran el subsidio.
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Livas se reconoce impulsor del nuevo mecanismo de control electrónico de las operaciones de compra de harina. A través de un -chip, en el que éstas quedan registradas, el gobierno intentará hacer con el subsidio lo que nunca antes: administrarlo.
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Esta vez la cuota de consumo es para las 30,000 tortillerías, que no podrán exceder de una cierta cantidad estimada con base en sus antecedentes de consumo históricos y área de influencia.
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El gobierno espera, de esta forma, poner fin a un largo historial de sospechas, según las cuales las harineras desviaban parte del subsidio en el anterior esquema de cuotas territoriales, las que, a su vez, habían sido adoptadas para sacudirse las quejas de los industriales de que la entrega de la subvención en especie padecía la negligencia de Conasupo y fomentaba el despilfarro de los industriales.
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La de la tortilla definitivamente no ha sido un historia blanca. Livas, cuyas tortillas se venden en Estados Unidos y Centroamérica, dice que siempre que hay control de precios existe la posibilidad de que alguien se beneficie de ello. Maseca, que en 1990 convino con el gobierno que Conasupo cambiara la forma de pago de la subvención a dinero en efectivo, ha sido señalada como la principal beneficiaria de las irregularidades asociadas al subsidio.
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Minsa, la segunda harinera del país surgida en 1993 de la venta de la estatal Miconsa, decidió ampararse porque, a su juicio, Conasupo favoreció a Maseca cuando en septiembre del año pasado fijó los “techos físicos” de venta para cada harinera. Con esta medida, la cuota de mercado de Minsa bajó cinco puntos en un mes, dice Juan Gargallo, director general de la compañía.
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Lo relevante de las acusaciones en torno a este tema, que en realidad van en todos sentidos, es que no hay una sola persona en el sector que niegue la existencia de desvíos.
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José Tulais, analista de Grupo Asesoría de Mercados (GAM), dice que Conasupo ha sido muy -bondadosa a la hora de reconocer y liquidar algunos gastos en los que incurren las harineras, como el transporte y almacenamiento del maíz. Algo que, dice, no se corrigió suficientemente en el decreto de 1996 –que se aplica parcialmente–, no obstante que en él las autoridades hacen énfasis en la necesidad de dar transparencia a la asignación del subsidio a través de auditores externos.
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¿Será que la única manera de transparentar la administración del subsidio es desapareciéndolo? Sin duda. Aunque, en realidad, el interés de los harineros es que se abra la parte del mercado que tiene el poder adquisitivo que requiere su alimentación, en aras de lo cual proponen, incluso, versiones de tortilla enriquecida con nutrientes dirigida a la población más pobre.
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El esquema de la tarjeta electrónica, que permitirá auditar a las harineras, satisface al director de Maseca –la empresa que por muchos años tuvo el mercado de la harina de maíz en sus manos y que hoy está convertida en una empresa pública con proyección internacional que pugna por la -competitividad.
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Pero Livas quisiera ver que esta vez también se aplique a los molineros, quienes se quejan de que nunca han tenido la opción de abastecerse con alguien que no sea Conasupo. El directivo, brazo derecho del empresario regiomontano Roberto González Barrera, no está haciendo ninguna concesión a sus viejos adversarios con esta propuesta que, dice, se hará realidad a partir de enero de 1998. Por el contrario, está seguro de que “difícilmente (los molineros) van a tener la capacidad operativa y financiera para comprar y almacenar el maíz” que necesitan, y anticipa su derrota: “Les va a salir más barato seguir con la dotación de Conasupo o cambiar a (usar) harina”.
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Las harineras esperan el momento en que el mercado sea liberado, porque supondrá echar mano de todo su arsenal tecnológico y logístico para llegar primero a la mesa de 95% de los mexicanos. Por ahora, 52% de las tortillas que se consumen en México están hechas por los miles de molineros que operan sus microempresas, con métodos tradicionales.
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Después de lo ocurrido con Tortilladora Azteca, Livas ya no quiere hacer apuestas sobre la fecha en que pueda ocurrir la liberalización. Es una decisión del Congreso, dice simplemente, “el cual tendrá ahora una composición más plural”.
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A todos les queda claro que el tema del subsidio es político, es decir, envuelto de humo blanco. Pero algunos piensan que el gobierno ha dejado últimamente en el camino algunas señales claras de que se dirige a la ansiada eliminación de los precios controlados, que no necesariamente significa terminar con la subvención.
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Si no lo han hecho es debido a la crisis, opina Tulais. Otros, como el molinero Sergio Celorio, del Club Maíz-Tortilla, atribuyen la espera a los escándalos recientes en que se ha visto involucrada Conasupo –secuela del sexenio anterior, cuando el más famoso de los internos de la cárcel de Almoloya, Raúl Salinas de Gortari, fue uno de sus altos funcionarios.
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Creo que hay sectores de la administración que apoyan la liberalización, dice Gargallo. Tulais tiene una evidencia más concreta. La propia -tarjeta inteligente que se terminará de implementar en todo el país en agosto, permite disponer de la información que se necesita para identificar mercados y consumos: la condición que hace falta para implantar el subsidio dirigido a que se refiere la industria.
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¿Qué tal si les dicen que sí?
-La competencia ya está en marcha y los molineros se dicen listos para dar la batalla. Celorio, que tiene una serie de iniciativas para formar un frente más de molineros ante las fortachonas harineras, lanza su grito de guerra: “En el camino nos vemos”.
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Sólo que el gremio no se ha dejado ver en ningún camino. A pesar de que el decreto les permite comprar maíz, no lo han hecho: siguen dependiendo de Conasupo, dice Tulais.
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Desde la perspectiva del analista, hay frustración entre los molineros. Son muchos, pero muy pequeños, con consumos de unas 15 toneladas al mes y carencias financieras, además de que llevan años con la misma escala de operación y no “saben comprar en el mercado”.
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La medida de sus fuerzas está en que logren agruparse para hacer sus compras, acceder a créditos y construir bodegas para almacenar el grano.
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Nazario Palomera, un conocido líder de molineros que está haciendo eso precisamente, no se reportó a las llamadas que le hizo -Expansión para que comentara al respecto.
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El Club Maíz-Tortilla, que a decir de Celorio nació en 1994 como un club de compradores de grano y afilia a 15,000 molineros en todo el país, está en vías de constituir Masfresca, una empresa de pequeños empresarios que se conducirá como todo un “corporativo” frente a la gigante Maseca y a Minsa.
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Celorio, que también buscará comercializar un molino ecológico de patente propia, se dice convencido de que su organización empresarial funcionará bajo la fórmula de más éxito en Europa: las empresas de integración. Su molino cuesta $400,000 pesos y está destinado a acabar con la imagen de contaminantes y poco higiénicos que las harineras han endosado a los molineros.
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A pesar del entusiasmo, los clubes son todavía incipientes. Por otro lado, en condiciones de precio controlado la ventaja es para las harineras, dice Tulais, porque ellas saben de importaciones y entienden el -funcionamiento de los mercados internacionales de granos.
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Como sea, los envalentonados molineros darán un nuevo impulso a la guerra mercadológica que desde hace tiempo sostienen con los harineros. Los señalamientos mutuos buscan exhibir al adversario con temas como la ecología o la cantidad de nutrientes de una y otra tortilla.
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Los pequeños tienen una ventaja: el gusto de la mayoría de los mexicanos por su tortilla nixtamalizada.
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¿Qué hay detrás del subsidio?
-Antes que la calidad, lo interesante será observar cuál de las dos industrias gana la preferencia del consumidor, dice Juan Carlos Torres, director de Análisis de Serfin.
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Aunque Torres es de la idea de que sí se consumará la harinización, Maseca y Minsa no la tienen tan sencilla. Para los empleados de don Manuel Herrera, molinero que provee a ocho tortillerías en una zona popular en el sureste de la ciudad de México, es notoria la respuesta de sus clientes habituales cuando han tenido que usar harina de maíz en sus tortillas. “No las aceptan igual”, dice un empleado.
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Gargallo acepta que habrá que esperar a que la tecnología disminuya las diferencias que el consumidor percibe en la tortilla de harina respecto de la de nixtamal.
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Desde la óptica de Tulais la harinización y la nixtamalización son sólo habladurías. “Ninguna desaparecerá a la otra”, dice, pues hay nichos de mercado que el subsidio no deja ver por ahora. La mejor evidencia, dice, es la gran aceptación que tienen las tortillas vendidas fuera del comercio formal y a un precio mucho más alto que el oficial. Además, el autoconsumo es todavía alto.
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Las harineras están conscientes de que esto ocurre, incluso regionalmente, por más que hablen de la harinización total. En el Valle de México, la región sureste y el Bajío el grado de penetración de la harina de maíz es menor, acepta Livas.
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Incluso, de ocurrir la liberalización, Maseca tendría que enfrentar de inmediato a otro adversario, este sí con capacidad operativa y financiera, y con uno de los sistemas de distribución más depurados del país: Bimbo, que decidió mantener en el mercado sus tortillas empacadas, para cuando llegue el momento esperado de la competencia abierta. Lo mismo hace Minsa con su marca -La Única, que circula en el Valle de México. Maseca misma no retiró del todo sus tortillas empacadas del mercado, sino que mantiene sus -Torti Ricas en el norte del país, región donde han sido bien aceptadas.
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Pero a Livas le da tranquilidad el buen año que fue 1996 para Maseca y la capacidad que mostró para crecer financiera y operativamente. Durante los seis años previos, Maseca creció a un ritmo de 12% anual y pasó de un millón a 2.1 millones de toneladas en capacidad de producción, señalan informes de la compañía.
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Las 19 plantas de Maseca en el país le dan una gran confianza a Livas, quien no ve la necesidad de hacer ajustes al programa de inversión que la compañía diseñó conforme al anterior sistema de cuotas regionales. En 1996, Grupo Industrial Maseca (GIMSA) aumentó 42% sus ventas, a $6,153 millones de pesos, y 25% su utilidad operativa, a $892 millones de pesos. Una relación que, dado que tiene una demanda asegurada y 70% del mercado, no tiene por qué causar preocupaciones.
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De cualquier modo, Maseca fortalecerá su equipo de vendedores y su capacidad de captación de grano a través de 150 bodegas agrupadas en torno a las plantas. “Nuestra estrategia de inversión está en el número de plantas”, dice Livas, pero aclara que antes que construir otras, está la opción de ampliar las existentes.
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Minsa, que en la pelea se autodefine como “la alternativa” frente al “cuasimonopolio” de Maseca, también tiene sus cifras: en sólo tres años aumentó de 9 a 30% su cuota de mercado e incursionó en el mercado de Estados Unidos a través de la adquisición de dos plantas.
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En un ambiente de competencia la distribución y el servicio a las tortillerías marcará la diferencia. Minsa quiere ampliar su sistema de 63 bodegas.
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Pero lo que distingue a Minsa es su proyecto Fábrica de tortilla, un concepto de tortillería adaptado a un súper o a una tienda de conveniencia. “Queremos apoyar la expansión de los industriales de las tortillerías” y aprovechar el flujo de gente que visita sus locales diariamente. Existen 35 de estas tiendas en todo el país, en las que Minsa aportó el -know how.
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Adicionalmente, Minsa ha formado asociaciones con productores agrícolas con el fin de “demostrar” que con una tecnología adecuada se puede duplicar la producción por hectárea.
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México tiene, junto con la India, el desempeño más pobre en cultivo de maíz en el mundo. En este tema, Maseca dirige dos programas que, prácticamente sin inversión, buscan igualmente duplicar la producción por hectárea del maíz más adecuado para la industria. Maseca sólo tiene que avalar al productor frente a los proveedores de insumos (como los plaguicidas), la aseguradora agrícola y la institución crediticia.
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Hasta ahora se han producido con este método medio millón de toneladas, pero la idea es alcanzar el millón, lo que representaría poco menos de la mitad del consumo anual de Maseca.
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Tulais, quien recuerda que hace algún tiempo se elaboró un anteproyecto para crear la Bolsa Agro-pecuaria Mexicana, dice que hacen falta las reglas básicas del juego, y la primera de ellas es que haya precios de mercado.
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Pero liberalización de precios no equivale necesariamente a tener un mercado maduro.
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También hace falta desarrollar una infraestructura de comunicaciones hacia los puntos de entrega del producto, un sistema de certificación de calidad y una red eficiente de -almacenamiento del grano.
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¿Se encamina la industria de la tortilla a este escenario? “Estamos tan cerca o tan lejos de esto como se den los pasos necesarios”, responde Tulais.
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Otra vez, el humo blanco.