¡Hagan sus apuestas señores!

Un nuevo y glamoroso concepto empresarial puede aterrizar finalmente en México. ¿Por qué es tan e
Verónica García de León

Son vendedores de sueños. Desde hace 55 años están prohibidos en México, y ahora todo apunta a que la ley les dará vía libre. Quienes compran la ilusión de tener un golpe de suerte y hacer fortuna –los jugadores– cuentan los minutos para ver correr la bola de la ruleta. Pero la casa gana: será una docena de empresarios nacionales y extranjeros deseosos de repartir las cartas quienes seguramente harán un gran negocio.

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Aunque la autorización legislativa no garantiza el triunfo de los casinos, y los interesados deberán hacer los estudios de mercado necesarios con el fin de encontrar un modelo adecuado para México, las posibilidades de éxito comercial y rentabilidad son muy altas. El riesgo principal es que no puedan atraer clientes pero, dado que las compañías que arranquen serán pocas, éstas capitalizarán el entusiasmo inicial de los mexicanos por la apertura de los casinos. Por lo demás, las probabilidades de que un apostador quiebre a la casa son ínfimas.

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La iniciativa de ley promueve la competencia abierta y no fija un límite en el número de casinos que podrían permitirse, pero en los hechos sólo los grandes capitales podrían participar. Y es que, de conformidad con las bases de la licitación, quienes deseen operar una casa de juego deberán demostrar capacidad para invertir por lo menos $100 millones de dólares, con lo cual se limita la participación y se intenta evitar la proliferación de “casinitos”, adelanta Jaime Mantecón, coordinador de la subcomisión de ley de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados.

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Algunos empresarios que podrían estar interesados en invertir en casinos, según fuentes cercanas a las gestiones legislativas, son Jaime Bermúdez, desarrollador de Ciudad Juárez; Antonio Leaño, propietario de Gran Bay Hotel; Gaspar Rivera Torres, de grupo Frisa; Carlos Bustamante, del Gran Hotel de Tijuana; Jorge Hank Rohn, de Grupo Caliente, y Alejandro Soberón, de  Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE).

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El sigilo es generalizado. Antes de hablar desean tener asegurada la nueva ley. En CIE, por ejemplo, que ya opera lugares de juego como el Hipódromo de las Américas, los Sport Book, y los Yak (bingo), rechazan tan sólo tocar el punto.

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Gustavo Almaraz, socio director de Grupo Estrategia Política y responsable del cabildeo político de la iniciativa a nombre de un grupo de inversionistas potenciales, comenta que la idea también seduce a empresarios estadounidenses, franceses, ingleses, italianos, chinos y canadienses, quienes en distintos momentos se han interesado en el tema. Su participación, no obstante, dependerá de que el marco legal sea lo más estricto y severo posible. Como interlocutor de firmas de la unión americana, entre ellas Sun International –una compañía operadora y desarrolladora turística–, Almaraz advierte: “A mis clientes les interesa la transparencia de la autoridad reguladora y de las licitaciones públicas.”

-“Si no hay un entorno bien reglamentado, no entramos; no queremos arriesgarnos a perder nuestras licencias en Estados Unidos”, aclara Henry Fink, vicepresidente de la multinacional. Por su parte, Alan Feldman, vicepresidente de Asuntos Públicos de MGM Mirage, agrupación de entretenimiento con sede en Las Vegas que opera casas de juego como Bellagio, señala: “Una vez que se establezcan leyes en México que hagan posible el juego regulado en casinos, pensaríamos en participar”.

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Por abajo de la mesa
Aunque una ley de 1947 prohíbe los casinos en el país, en los hechos es obsoleta, pues proliferan los giros que operan en la clandestinidad o gracias a permisos otorgados a discreción por la Secretaría de Gobernación, facultada por la norma para hacer excepciones.

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Hay lugares de juego que funcionan temporalmente dentro de algunas ferias populares gracias al pago de derechos a las autoridades; también los denominados brincos, que operan en tierra de nadie, sin permiso alguno, y que según estudios llegan a 1,500 en toda la república.

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Se han permitido igualmente juegos como los bingos y los books (lugares donde se cruzan apuestas a distintos eventos nacionales o foráneos transmitidos en tiempo real), que individualmente no son considerados casinos, pero forman parte del conjunto de atractivos relacionados con los juegos de azar que ofrecen en los países donde son legales.

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Sacar de la simulación y eliminar privilegios a estos giros, regulándolos y permitiendo inversiones en centros de juegos de azar con apuestas, ha sido por años motivo de enfrentamientos entre congresistas, empresarios, instituciones eclesiásticas y sociales. En repetidas ocasiones la discusión se ha llevado del campo económico al de la moral.

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Quienes simpatizan con la idea ven en su autorización una forma de generar beneficios en forma de impuestos y empleo, de diversificar la oferta turística, además de establecer controles a su actividad.

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Un quinquenio atrás el tema llegó al Congreso. Un grupo de diputados de los tres mayores partidos presentaron en 1999 la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos para reemplazar a la anterior legislación.  “Su objetivo es que el juego genere recursos propios para estados y municipios, y que promueva la inversión”, dice Mantecón.

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Desde entonces la votación de la nueva ley se ha postergado, pero todo indica –según el diputado– que formará parte de los temas que la cámara baja discutirá en su próximo periodo ordinario de sesiones, entre septiembre y diciembre.

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Llegar a este punto ha sido muy laborioso, refiere  Almaraz. Se empezó por convencer a los diputados de reformar la antigua ley, se les empapó del tema para elaborar la iniciativa y,  una vez terminada, se trabajó en conseguir el apoyo del mayor número de congresistas para que voten en favor de ella, explica.

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Cinco años después, el cabildero afirma que, si bien existen oponentes, hay gran disposición por parte de legisladores del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional: “Muy probablemente se aprobará. Es una iniciativa bien sustentada”.

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Algunos diputados, la Iglesia y varias asociaciones civiles que están en contra, sostienen que legalizar esta industria podría alentar el crimen organizado, la prostitución y la violencia.

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¿Modelo a imitar?
Por su cercanía con el país y porque hace más de 80 años reguló sus juegos de apuestas, Estados Unidos, donde la industria de casinos es una de las más prósperas, es la referencia más visible para conocer otras experiencias. En 2001, pese a la recesión económica y la caída del turismo por los atentados del 11 de septiembre, el sector creció 5% y obtuvo ganancias por $25,000 millones de dólares, más del doble de la inversión extranjera directa que México recibe en promedio anualmente.

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“Los casinos se mantienen como uno de los principales pasatiempos de los estadounidenses, con la visita de más de 160 millones de personas” al año, apunta un estudio la American Gaming Association (AGA). Añade que, además de ser una industria altamente lucrativa, contribuye con ingresos fiscales a los estados donde está ubicada, con oportunidades de empleo y de inversión en infraestructura. Tan sólo por el impuesto especial que se cobra a las ganancias del juego, los 433 casinos que operan en Estados Unidos (sin considerar a los que pertenecen a las comunidades indias, que tienen otro trato impositivo) pagaron el año pasado $3,600 millones de dólares, casi lo que los analistas prevén que el gobierno mexicano recaude durante 2002 con la reforma fiscal. El gravamen varía de 6 a 35%, según la entidad.

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Al ser una industria de servicios, demanda muchos trabajadores; de ahí que el año pasado los casinos estadounidenses hayan empleado directamente a 364,000 personas.

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Otro ejemplo es el de las Bahamas, donde el Atlantis, un hotel casino de Sun International, da trabajo a 5,700 nativos.

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Los interesados en establecer estos negocios en México suponen que, bajo condiciones propicias, podrían generar similares beneficios en el país. Fink calcula que un hotel casino aquí podría llegar a tener un equipo operativo de 4,000 a 8,000 trabajadores, cifra muy superior a los 500 empleados que laboran en “un hotel típico de 500 cuartos”.

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Ultravigilados
Según la AGA, el sector “es de los más severamente reglamentados en Estados Unidos”. Para permitir la instalación de un casino, las autoridades investigan primero los antecedentes de sus dueños y de quienes fungirán como directores. Las 90 empresas que componen la industria (sin contar las reservas indias) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y son supervisadas por ésta, lo cual, sostiene la asociación, elimina la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en ellas.

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Robert Norton, director de Operaciones del corporativo Isle of Capri Casinos, con sede en Mississippi, y a cargo de 13 hoteles casino y casas de apuestas flotantes en la unión americana, advierte: “El objetivo es cuidar la integridad de la industria. Además de asegurar la honestidad de los empresarios y la seguridad de nuestros clientes, las reglas garantizan que los juegos son justos y que el dinero apostado es lícito.” Con los controles se intenta evitar el lavado de dinero, disputas entre el jugador y la casa, trampas de apostadores y empleados y el robo a los clientes.

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Cada estado provee inspectores de control y las empresas deben poseer sofisticados métodos de vigilancia interna, comúnmente sistemas de circuito cerrado de televisión, además del personal asignado a tal función. “Todo el juego está bajo el escrutinio de cientos de cámaras que graban cada movimiento en el piso de juego –señala Fink–. Si el tallador [persona que representa a la casa en las apuestas] recibe de $100 dólares en adelante debe levantar el dinero y dejar a la vista de las cámaras el efectivo.” Atlantis, por ejemplo, utiliza 400 cámaras en circuito cerrado y 200 hombres que supervisan los 5,000 metros cuadrados del lugar.

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Los registros de las cámaras permiten estudiar el comportamiento de los jugadores y evitar eventuales trampas del tallador, arriba del cual hay una pirámide de control ocupada por el jefe, su supervisor, un superior que vigila a éste último y un supervisor general. Este sistema, sostiene Norton, desincentiva a los criminales que desean blanquear dinero, porque deben identificarse plenamente, llenar un formulario y presentar su registro de contribuyente en caso de apostar más de $10,000 dólares.

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Por su efecto inhibitorio, esta medida se incluye en el proyecto de ley armado aquí, el cual en el tema de seguridad “busca homologar la operación de los casinos mexicanos con los más altos estándares de los mejores establecimientos ubicados en América y Europa”, según reza su exposición de motivos.

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Los controles empiezan por el otorgamiento de licencias: “No cualquiera podrá operar un casino”, advierte el legislador Mantecón. Los interesados  deberán participar en una licitación que “asegura la participación de inversionistas identificados con claridad y probada solvencia moral y económica.” Se creará la Comisión de Casinos, Juegos y Sorteos, que habrá de integrarse por tres representantes del gobierno y seis de la sociedad civil, y entre cuyos objetivos estarán exigir altos niveles de seguridad, prevenir actos ilícitos y vigilar cada paso de los operadores de salones de juego.

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El ganador de una licencia se determinará a partir del plan de los negocios que ofrezca. De acuerdo con Almaraz,  además de los estudios arquitectónicos, de impacto ambiental y turístico, el plan deberá incluir un cálculo de los beneficios para la comunidad, medidas de seguridad y programas de atención a jugadores compulsivos, entre otras exigencias.

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Ludismo redituable
La vigilancia y la seguridad, la amplitud de la planta laboral, la compra y renovación de equipos y el alto consumo energético son algunos de los rubros que elevan el costo de operación. Sin embargo, el volumen de juego es tal  que de todos modos un casino devuelve una alta tasa de rentabilidad. La clave es atraer muchos jugadores y retenerlos. Aunque en Estados Unidos pagan hasta 36% por impuestos a las ganancias de juego, según Norton, el porcentaje de ganancias de los casinos es de 25%.

-Hay tres categorías de juego, cada una con sus variantes: naipes, para juegos como black jack, póker o baccarat; de mesa, como la ruleta, los dados, keno y bingo, y de máquinas tragamonedas, como la rueda de la fortuna o el videopóker. Fink estima que 70% de los ingresos de los casinos estadounidenses provienen de éstas máquinas, en tanto que en América Latina y Europa los favoritos son las cartas y la ruleta. El presidente de Sun International se aventura a imaginar un casino en Acapulco. Cree que allí los jugadores con mayor poder adquisitivo preferirían el bacarat, pero que los juegos más demandados serían el 21, la ruleta y los dados. “La masa principal de juego estaría en mesas con apuestas de $50 pesos como mínimo y $2,000 como máximo. Las mesas para jugadores fuertes (las menos), apostarían a partir de $2,500 pesos.”

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La utilidad de la empresa, con base en las fichas vendidas, es la diferencia entre el dinero que recibe de los perdedores y los premios que paga, descontados los gastos operativos e impuestos. Y las probabilidades de ganar en las apuestas, por leyes estadísticas, están ampliamente a favor de la casa.

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Según AGA, los casinos establecen límites de apuesta a sus distintos productos, para ponerle un tope a sus pérdidas y evitar eventuales pagos que no puede respaldar. “El premio mayor de nuestras máquinas tragamonedas es de $100,000 dólares y en las mesas la apuesta máxima es de $2,000”, informa Norton.

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En el interior de la casa de juegos hay un pequeño banco que además de dar crédito a los jugadores guarda el fondo que respalda las apuestas. “Puede tener entre $1 o $2 millones de dólares, y hasta $5 o $10 millones, de acuerdo con el monto de juego del lugar y el tamaño de las apuestas”, explica Fink.

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Según AGA, el efectivo con el que debe contar un lugar lo determinan las leyes del estado donde se ubica. “En Nueva Jersey, la regulación dice que los casinos deben tener disponible la misma cantidad de dinero que tenían en la misma fecha del año anterior.” En Missouri, la cantidad exigida para tener en caja se calcula con una fórmula basada en el promedio de premios pagados en un periodo determinado, ponderado por un factor que establecen las autoridades.

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Hay juegos donde las posibilidades de que el participante gane son mayores, pues no sólo interviene el azar sino su destreza, el black jack es uno de ellos. En otros, como el keno, similar a la lotería pero con base en números, las probabilidades de triunfo favorecen abrumadoramente a la casa.

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Negocios integrados
A decir de Fink,  “el casino forma parte de un complejo integrado de entretenimiento. Hay muchos otros elementos incluidos en la capitalización y rentabilidad del proyecto.” Se refiere a hoteles, restaurantes, bares, campos de golf, canchas de tenis, parques temáticos, zonas de recreo, corredores de comercio, espectáculos en vivo y centros de convenciones. Los recursos que genera la casa de apuestas, añade, respaldan la promoción y la operación de todo el grupo.

-Parte de un desarrollo integrado por un hotel con más de 2,000 cuartos, 38 restaurantes y un acuario con 50,000 especies, entre otros atractivos,  el espacio de juegos de Atlantis ocupa apenas 10% de la superficie, pero aporta una tercera parte de los ingresos totales del complejo. “Sin el casino no sería  factible invertir $20 millones de dólares anuales en promover el turismo a Atlantis y a las Bahamas”, enfatiza el empresario.

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Atlantis tiene presencia en 100 ciudades donde se permiten apuestas (y hay otras empresas con un expansión similar), localizadas en una veintena de países que son competencia turística para México: por ejemplo, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, varias pequeñas islas de las Antillas, Belice y algunas poblaciones del sur de Estados Unidos. En la región, sólo México, Cuba, El Salvador y Brasil prohíben las apuestas.

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Para Miguel Torruco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (ANHM), los casinos son un complemento que daría valor agregado a la oferta turística nacional, hoy con una escasa oferta de entretenimiento nocturno. Con la instalación de las casas de juego (donde tendrían lugar espectáculos), el flujo de turistas de alto poder adquisitivo aumentaría en unos dos millones al año, estima.

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Pero son todas especulaciones. Lo cierto es que los empresarios nacionales y extranjeros esperan impacientes que no sean los legisladores, y sí los croupiers, quienes anuncien: ¡no va más!

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