Hoy basura, mañana dinero

Los residuos peligrosos en México se manejan de forma ilegal. Su correcta disposición detonaría u
Maurizio Guerrero M.

Irónicamente, su nombre es Parque Ecológico 18 de Marzo y está justo enfrente de la refinería que Pemex tiene en Azcapotzalco, al norte de la ciudad de México. Bajo las áreas verdes, a escasos metros de profundidad, están enterradas docenas de tambos de residuos peligrosos. Los vecinos del lugar ya comienzan a pagar los costos: afecciones en la piel, dolores de cabeza y garganta, contaminación de la tierra y del agua.

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Si la empresa más grande de México no ha sido capaz de disponer correctamente de sus desechos tóxicos, las pequeñas, medianas e incluso algunas grandes compañías tampoco lo hacen. Los datos más recientes (correspondientes a 2000) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) son alarmantes: de un universo potencial de 100,000 firmas que generan restos dañinos, tan sólo 27,000 lo manifiestan.

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No obstante el rezago, la acción de las autoridades y la paulatina toma de conciencia ambiental por parte de los industriales han hecho crecer un negocio que nació hace menos de un par de décadas. “Las organizaciones del sector tienen enormes posibilidades de crecimiento”, asevera Carmen Vargas, gerente de Proyectos en Desperdicios y Recuperaciones Industriales de México (DRIMSA).

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De hecho, al igual que esta organización, existen un puñado de empresas medianas dedicadas a la transportación de desechos industriales nocivos, que facturan alrededor de $1 millón de pesos al mes. Además, Promotora Ambiental -(PASA) –líder en el manejo de restos sólidos, fundada en 1991, en Monterrey– recibió a fines del año pasado una inversión de $16 millones de dólares de Derby, capitalizadora estadounidense.

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No obstante, sólo existe un confinamiento en México para la disposición de este tipo de material, creado en 1987 en Mina, cerca de Monterrey, Nuevo León. La habilitación de otros sitios de aislamiento ha sido frenada por la oposición de los municipios donde podrían instalarse y por grupos ambientalistas.

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Así, mientras más alejada se encuentre una industria del tiradero de Mina, más costoso le será tratar adecuadamente sus residuos peligrosos. Y se conforma un círculo vicioso: el empobrecido sur del país –en contraste con el pujante norte– contamina más su medio ambiente y, en consecuencia, tendrá menor capacidad para utilizar sus recursos naturales –ya contaminados– y apuntalar su desarrollo.

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Las generadoras de desechos tóxicos no son las grandes industrias –más o menos reguladas– sino la infinidad de pequeños negocios, incluso informales, que vierten sus detritus a los basureros municipales o directamente al drenaje. Establecimientos como talleres mecánicos, ladrilleras o productores de asbesto son algunos de los principales generadores de este género de materiales nocivos.

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Y aunque existen ya docenas de compañías que se dedican a manejarlos, muchos empresarios no tienen los recursos económicos ni la conciencia ecológica suficiente para solicitar sus servicios.

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Además, algunos de los principales encargados del tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos prefieren evadir a la prensa y no despejar las dudas que despierta su actividad.

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Directivos de la firma Residuos Industriales Multiquim (RIMSA) –poseedora del confinamiento de Mina– se negaron a conceder una entrevista a Expansión. La misma decisión tomó Alfonso Chávez, flamante presidente de la Asociación Mexicana para el Control de Residuos Sólidos Peligrosos (Amcrespac).

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El basurero lejos, allá en el norte
De acuerdo con la Semarnat, un residuo se considera peligroso cuando contiene propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. A esos restos se les conoce, por sus iniciales, como CRETI.

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Para su manejo existen varias opciones. Muchos se pueden utilizar como combustible alterno, principalmente en las cementeras. Otros, más peligrosos, necesitan un trabajo de reciclaje para ser integrados a un proceso de combustión. Por último, los desechos que no tienen capacidad calórica deben recibir un tratamiento con el fin de ser neutralizados.

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En cualesquiera de los casos, el producto final –sean las cenizas derivadas de la ignición o los desperdicios neutralizados– debe depositarse en el confinamiento de RIMSA.

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De la totalidad de las grandes compañías, sólo 30% de las medianas y prácticamente ninguna pequeña o microempresa disponen correctamente sus residuos peligrosos, calculan desde DRIMSA. No obstante, Julio Aguilar –consultor de SPECCSA– señala que si bien muchas firmas importantes ostentan un certificado ISO 14000 –el cual avala a las industrias que inciden en procesos ambientales– en la práctica sus sistemas de control distan de ser óptimos.

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Una de las razones es que sólo existe un único confinamiento de restos nocivos en el país. Los costos son muy sensibles al tema del transporte. Tratar y aislar una tonelada de desechos CRETI cuesta entre $700 y $1,500 pesos; si el flete tiene que recorrer más de 2,000 kilómetros los valores se disparan.

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La solución sería crear más tiraderos especializados. Pero la necesidad se enfrenta con consideraciones políticas. Existen dos proyectos de confinamientos: en Hermosillo y en San Luis Potosí, que están detenidos por la oposición de grupos ambientalistas y por la población local. Por otra parte, Pasa también intentó crear su propio sitio de disposición final, pero no lo hizo por un “excesivo burocratismo”.

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Gustavo Flores, director de Proyectos en esa firma, opina: “Se ha satanizado mucho el término ‘confinamiento’. Nadie quiere tener uno en su estado; no se dan cuenta de que si no existe de todos modos los residuos se siguen generando e irán a dar a los ríos, cuencas y terrenos baldíos.”

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En muchas ocasiones los generadores de detritus violan flagrantemente las normas al disponer incorrectamente sus residuos de alto riesgo; otras, sin embargo, aprovechan los vacíos legales. La ley señala sólo dos clases de restos: peligrosos y municipales. Existen además muchos despojos no peligrosos –el cartón, por ejemplo– que se manchan de productos nocivos. En situaciones así, queda a discreción del generador cómo tratarlos.

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Asimismo, se dan los casos inversos. Para muchas empresas que pretenden cumplir cabalmente la ley, las autoridades se muestran implacables. Los entrevistados se quejan de que muchos de sus clientes son multados frecuentemente a pesar de su intención de mejorar el manejo de sus materiales tóxicos.

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Propagación de infecciones
Los residuos biológico-infecciosos son todos aquellos susceptibles de contagiar enfermedades. Provienen de hospitales, consultorios, veterinarias, dentistas, -tatuadores, cementerios, universidades y, en muchas ocasiones, de la basura doméstica.

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Existen dos métodos para manejar esta clase de detritus. Uno es el proceso físico-químico, que implica el tratamiento con hipoclorito de sodio a altas temperaturas y presiones muy fuertes. El segundo es la incineración a 1,250°C, para evitar la sobrevivencia de cualquier virus. Gran parte de estos desperdicios se pueden utilizar como combustible alterno.

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Calcula Eduardo Skertchly, director general de Grupo Especializado en Investigación y Servicios Ambientales (GEISA) –firma dedicada al tratamiento de residuos biológico-infecciosos– que en México no se dispone correctamente ni siquiera del 60% de esta clase de restos. Es decir, casi la mitad se vierte en tiraderos municipales. No obstante, una de las empresas líderes en el ramo, Repesa-Medam, tiene una facturación promedio superior a $500 millones de pesos mensuales.

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¿Las consecuencias de ignorar las normas ambientales? Una vez que el sol seca la sangre infectada, las ventiscas propagan enfermedades contagiosas.

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“El inconveniente en México [con esta clase de material] es que falta cultura. Los mismos doctores no están dispuestos a pagar por tratar sus desperdicios tóxicos y los mandan a los tiraderos municipales. Ni siquiera las universidades públicas, que cuentan con laboratorios médicos y biológicos, tienen un programa establecido de tratamiento”, explica Skertchly.

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El problema no parece ser únicamente la falta de dinero. En el mercado, procesar un kilo de desechos biológico-infecciosos cuesta alrededor de $10 pesos.

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El secreto para detonar el crecimiento de las empresas del sector es la educación. Fomentar el reciclaje e informar a los estudiante de todos los niveles sobre los peligros de disponer incorrectamente sus desechos será el pilar sobre el que crezca una industria con un potencial de mercado millonario. Mientras tanto, el país se atiene a las peligrosas consecuencias.

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