Industria azucarera. Con los minutos con

Así como existe hoy, la estructura de la agroindustria tiene poco tiempo de vida; es otra de las cu
Lucía Pérez-Moreno

La industria azucarera mexicana ha vivido prácticamente en crisis, pero en toda su historia pocas tan severas como la actual. El sector, del que dependen directamente 500,000 personas, se acerca al abismo rápidamente debido a la falta de financiamiento, de control sobre el mercado y de actualización tecnológica. La gravedad es tal, que lo urgente es lo más elemental: mantener abiertos los ingenios. Sus dueños aún no terminan de liquidar la zafra pasada y enfrentan fuertes presiones laborales y financieras este año.

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Manuel Enriquez Poy, director general del Grupo Machado Dos, estima que de los 59 ingenios que hoy operan en el país, dos terceras partes tienen una posición financiera “insalvable”. Y los demás se contagian rápidamente por la crisis. El director de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Carlos Seoane, es más optimista, y cree que la amenaza de cierre es para 15 ingenios, lo que significa una producción de cerca de 700,000 toneladas, mientras que la Confederación Nacional Campesina (CNC) calcula que por lo menos están en peligro de desaparecer 20 de esas unidades productivas.

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Miguel Ángel Lagunes, vocero de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) advierte que el colapso industrial ocasionará la pérdida de miles de empleos en el campo mexicano. ¿A qué vamos a dedicar esas tierras?, se pregunta, y considera que el cierre de ingenios provocará la depresión económica de muchas zonas del país.

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 La primera señal de alerta concreta sonó el pasado 26 de agosto cuando Grupo Santos cerró su ingenio de Cuatotolapan en Veracruz, y dejó sin empleo a 450 obreros y 2,000 cañeros. La empresa arguyó que no pudo arreglar la maquinaria por falta de créditos y que arrastraba pérdidas en los últimos tres años.

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La situación de Cuatotolapan se extiende de manera rápida, principalmente hacia el resto del estado, el mayor productor de azúcar del país, con 38% del total nacional. Algunos ingenios que debían arrancar la zafra desde octubre pasado no lo hicieron por falta de recursos para reparar sus equipos y maquinaria y la inminencia de huelga, que finalmente estalló a mediados de noviembre.

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El grueso de los ingenios planeaba arrancar este año en diciembre, que de por sí ya genera un efecto negativo, dice Enríquez Poy. Sin embargo, como de esta industria dependen miles de campesinos y obreros no puede cancelarse de acuerdo a la oferta y la demanda. Según analistas del ramo, la zafra de 2000-2001 será de 5.1 millones de toneladas; es decir, por arriba de la de 1999-2000, cuando alcanzó 4.7 millones de toneladas. Enriquez Poy atribuye el incremento a las favorables condiciones climatológicas de 2000 (por las lluvias), lo que provocará nuevamente excedentes en el mercado.

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Cuanto mejor, peor

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La modernización que experimentaron los ingenios a inicios de los años 90 fue una gran oportunidad para el despegue de esta industria, que tantos recursos públicos había acaparado en el pasado; paradójicamente, el proceso terminó por costarle más caro. A raíz de la reprivatización de los ingenios, entre 1988 y 1991, el sector recibió fuertes inyecciones de capitales. En la última década la producción de azúcar se duplicó, pero en la pasada zafra más de 500,000 toneladas, 10% del total, fueron excedentarias. Cada tonelada de más implica pérdidas a los industriales debido a la falta de subsidios para apoyar los precios y de controles para regular el mercado. “La productividad ha resultado ser una espada de Damocles”, se lamenta Enriquez Poy. 

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Desde que se liberalizaron los precios del azúcar en 1995, el gobierno se desentendió del mercado y la vigilancia quedó en manos de los industriales, quienes no se ponen de acuerdo sobre cómo mantener las tarifas. En 2000, los empresarios tocaron fondo pues los precios se ubicaron 30% por debajo de 1997.

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Mientras que en los años 70 los productores acordaban precios y vigilaban el mercado a través de la UNPCA, hoy ya nadie fija reglas. Seoane recuerda que la Comisión Federal de Competencia (CFC) les prohibe acordar el valor de comercialización del dulce y repartirse el mercado por cuestiones de competencia.

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Financiera Nacional Azucarera (Fina), que en teoría es dueña de una gran parte de los ingenios, jamás intervino para poner orden. “La autoridad nunca ejerció su autoridad”, ironiza Lagunes. Ahora, el organismo de financiamiento gubernamental será desmantelado por decisión de las propias autoridades.

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Los cañeros no sólo culpan al gobierno de lo que sucede en esta industria, sino también a los empresarios. “No hay lealtad ni ética entre ellos y día con día tiran el precio para abajo”, se lamenta el vocero de la UNPCA.

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Los empresarios, a su vez, reconocen que tienen parte de culpa de lo que sucede en la industria, pero recalcan que el gobierno creó condiciones adversas al permitir que el país se inundara de azúcar, fructosa y maíz subsidiado de Estados Unidos.

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Pasividad oficial

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Los industriales atribuyen el origen de la actual crisis a la decisión que tomó el gobierno en 1991, cuando autorizó la importación de 2.8 millones de toneladas de azúcar a precios por debajo del existente en el mercado nacional. También consideran causa de sus problemas la pasividad de las autoridades comerciales frente a la negativa de Estados Unidos de cumplir con la eliminación de las cuotas establecidas en el TLCAN para este año. Muchos acumularon enormes reservas que pensaban exportar en 2000 al vecino del norte y que ahora se suman a los sobrantes que tienen en bodegas.

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Siete largos años esperaron los productores mexicanos de azúcar para que se cumpliera el TLCAN. En su texto original, el acuerdo establece la eliminación de cuotas desde octubre de 2000, lo que en teoría abría el mercado de Estados Unidos para todos los excedentes mexicanos. Pero entre la firma del tratado y esa fecha las relaciones comerciales bilaterales se complicaron por la competencia que representó la fructuosa para la industria azucarera mexicana, que fue calificada aquí como desleal.

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Nadie se explica cómo este producto quedó fuera de la negociación, sobre todo porque fue precisamente Juan Gallardo Thurlow, director de Grupo Azucarero México (GAM) –la segunda empresa del sector–, quien encabezó la delegación empresarial en el llamado “cuarto de junto” del tratado. Lo cierto es que la fructosa y su materia prima, el maíz, empezaron a inundar el mercado mexicano desde 1995.

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A pesar de que en 1997 la ex Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) impuso aranceles a la fructosa, las importaciones no dejaron de crecer. Entre 1996 y 2000 México exportó a Estados Unidos 100,000 toneladas de azúcar, pero importó más de un millón de toneladas de fructosa. Enríquez Poy destaca que, incluyendo las importaciones de maíz subsidiado, cada año fueron desplazados del mercado local cerca de 600,000 toneladas de azúcar. “Esta cantidad coincide con los excedentes que ha tenido la industria en México.”

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Por tal motivo, los empresarios ahora son partidarios de imponer salvaguardas a las importaciones de fructosa estadounidense. Sin embargo, muchos analistas no consideran que sea una solución, porque de las 600,000 toneladas de fructosa que se consumen en el país, 400,000 son mexicanas. De acuerdo a expertos del ramo, el consumo de fructosa, cuyo costo es 30% inferior al azúcar, se triplicará en los próximos cinco años. Con o sin salvaguardas, la fructosa seguirá desplazando una parte importante del consumo nacional de azúcar.

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A la deriva

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Hace dos años, los dueños de los ingenios conminaron al gobierno: o abría las líneas de crédito o abandonaban los ingenios. La administración del entonces presidente Ernesto Zedillo tomó otra decisión: optó por reestructurar sus deudas pero mantuvo cerradas las llaves del crédito. Algunos grupos recibieron plazos de gracia de hasta 15 años, con tasas de interés atractivas. El gobierno escogió esta salida porque retomar los ingenios habría significado tener que inyectarles fuertes cantidades de dinero para regresarlos después a manos privadas. En la práctica, la opción sería equivalente a un Fobaproa de la industria azucarera.

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Desde hace varios años, el gobierno les niega a los empresarios sus solicitudes de créditos para reparar los ingenios. Sin embargo, en vísperas del pasado proceso electoral, Zedillo dio instrucciones al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para apoyar a los productores. Poco antes del 2 de julio de 2000 se abrió una línea de crédito para pignoración de azúcar por $400 millones de dólares, de los que a la fecha se han aplicado $230 millones. “Estos recursos llegaron tarde, fueron poco oportunos”, reniega Seoane.

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En 2000 el gobierno decidió desaparecer el único banco de desarrollo que actuaba como garante de los créditos de la industria. Una de las últimas medidas que tomó Zedillo antes de dejar el poder fue disolver Fina, que arrastraba pasivos con la industria por más de $1,800 millones de dólares. De acuerdo a estimaciones de la UNPCA, las deudas de los ingenios superan el doble del valor de sus activos. Esto explica por qué no hay inversionistas privados interesados en asociarse con alguno de los grupos quebrados que ya están de remate, como es el caso de Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), el mayor productor nacional.

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Nadie sabe de dónde saldrán los recursos para financiar la próxima zafra, pues los pocos fondos que recibía el sector de bancos privados extranjeros se agotan. Prudencial Securities Rabobank y Société Générale, que venían otorgando créditos anuales de entre $400 y $500 millones de dólares, principalmente bajo el esquema de prendar el azúcar, cerraron las llaves. “Hay casos muy limitados de financiamiento”, dice Enríquez Poy. Básicamente son para la reparación de camiones.

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La banca comercial mexicana, por su parte, hace mucho que vetó a esta industria y en cambio financia proyectos de fructosa, que tiene mayor potencial de crecimiento.

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La fuente segura de crédito que tienen los industriales azucareros es con una especie de dumping interno. De acuerdo con analistas, entre 30 y 40% de la venta de azúcar se hace a través de intermediarios de la central de abastos, a precios más bajos, sin respetar los niveles acordados. Allí cobran en efectivo, y Enríquez Poy reconoce que es casi la única manera de obtener recursos.

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Frente a este panorama, los empresarios y campesinos reclaman reglas. La CNC exige al gobierno un replanteamiento de la agroindustria azucarera para evitar el cierre de ingenios. Una de sus propuestas es impulsar la reconversión de los ingenios para que produzcan combustibles (ver recuadro en página 66). Entre los líderes cañeros, encabezados por Francisco Castro González, la opinión es que las autoridades deben intervenir los ingenios para garantizar su sobrevivencia, mientras los empresarios exigen una mayor participación gubernamental. “No es posible que una industria tan importante como la azucarera no cuente con un plan. La autoridad debe darle un marco jurídico para que se desarrolle de manera sana”, dice Seoane.

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No obstante, una alternativa que se menciona en el medio para salir de la crisis es el cierre de ingenios, un camino peligroso por sus consecuencias sociales. También se habla de racionalizar la producción y de modificar el decreto cañero por medio del cual se garantiza al productor una participación real de al menos 47%.

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Analistas del sector consideran que la mejor opción es acelerar la consolidación de esta industria, dejando sólo dos o tres grupos a cargo de toda la producción. “Habrá cambios importantes y la suma de ellos definirán su futuro”, advierte un analista de la empresa comercializadora Cargill. Muchos observadores creen que de cualquier manera tomará años alcanzar alguna solución, lo cual significa que los cañeros y obreros seguirán en la incertidumbre.

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Por lo pronto, el gobierno del presidente Vicente Fox tendrá que tomar decisiones para evitar que se venga abajo la industria azucarera. No podrá eludir la crisis que heredó. Ninguna medida será fácil; si decide asumir las deudas de los grupos será acusado de favorecer a los empresarios y, si en cambio opta por el cierre de los ingenios, podría provocar una fuerte depresión económica en muchas regiones del país que durante más de 500 años han vivido de la caña de azúcar.

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