Industria versus ecologí­a

Un proyecto de dimensiones mundiales e importante detonador económico coloca a sus autoridades en u
Ulises Hernández

La naturaleza dispuso que las ballenas grises y los salitrales coexistieran en armonía en una zona de lagunas en la costa de Baja California Sur. Pero, como ha sucedido a lo largo de la historia, otra de sus creaciones –el hombre– trajo la discordia.

Este hermoso lugar, que deslumbra tanto por sus aguas verdiazules como por las dunas del desierto que lo rodea, es motivo de una gran disputa, una auténtica batalla librada por quienes defienden el derecho de explotar los salitrales para producir sal y quienes exigen que se proteja el hábitat de las ballenas y otras especies que viven en la laguna. Pero no sólo es la posición de los ecologistas: San Ignacio, nombre con el que se conoce a la laguna, forma parte una reserva de la biosfera y es considerada patrimonio mundial de la humanidad.

En estos días se escribirá un nuevo capítulo de esta pugna que lleva ya cinco años. La compañía responsable del proyecto, Exportadora de Sal (ESSA) –una coinversión del gobierno mexicano, con 51% de participación, y Mitsubishi Corporation, con 49%–, intentará por segunda ocasión obtener de las autoridades ambientales el permiso para iniciar operaciones en esta laguna de San Ignacio. Tal proyecto significa una ampliación de las operaciones que ESSA realiza desde 1954 en Guerrero Negro, a 130 kilómetros de ahí.

ESSA presentará un segundo estudio de impacto ambiental ante el Instituto Nacional de Ecología (INE), con la esperanza de que las modificaciones que hizo a un proyecto previo sirvan para obtener luz verde.

El caso reviste importancia pues coloca a las autoridades en una situación incómoda en la medida en que la instancia que tendrá que deliberar si el proyecto Salitrales de San Ignacio es un desarrollo sustentable, el INE, depende de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y, por tanto, está de algún modo emparentada con ESSA, empresa mayoritariamente paraestatal.

El conflicto ha atraído la atención nacional e internacional y sienta un precedente en la historia de la gestión ambiental mexicana, así lo reconocen las propias autoridades. Pero además, el del INE no será el único veredicto. En un hecho sin precedentes, este asunto ha involucrado a distintos actores, desde prestigiadas instituciones científicas y organizaciones no gubernamentales (ONG’S), hasta comisiones investigadoras del Congreso y enviados de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Santuario natural
Aunque el conflicto se circunscribe a un área de algunos kilómetros de costas mexicanas, sus alcances son supranacionales.

Los cientos de ballenas grises que preocupan a los ecologistas viajan cada año 10,000 kilómetros desde las costas de Alaska, en el Ártico, hasta la región central de la península de Baja California para cumplir su ciclo de vida. Los cetáceos llegan a aguas mexicanas en el invierno para reproducirse y, un año después, regresan para dar a luz a sus ballenatos. Tienen sus razones para tal odisea. Las lagunas bajacalifornianas les permiten proteger a sus crías de los depredadores de alta mar, además de que la salinidad de sus aguas son favorables para que estos recién nacidos floten con mayor facilidad.

México se adhirió en 1949 a organismos –como la Comisión Ballenera Internacional– dedicados a proteger a la ballena gris de la extinción; a partir de 1972, las lagunas circundantes Ojo de Liebre, San Ignacio, Guerrero Negro y Manuela fueron declaradas refugios para esta especie. Más tarde, en 1988, el gobierno creó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que incluyó a dichas lagunas dentro de la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno. Después, el santuario de las ballenas fue incorporado en el catálogo de sitios protegidos de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

A la par de estas medidas de conservación, se gestaba en la zona un proyecto de extracción y comercialización de sal. La remota localidad de Guerrero Negro despertaba a la vida. Antes de 1954, año del inicio operaciones de ESSA, Guerrero Negro era un punto casi imperceptible en el mapa, rodeado de desierto y carente de atención gubernamental. Salvo por las pequeñas comunidades de pescadores de las lagunas aledañas, nadie sabía de él.

Hoy habitan este pueblo cerca de 10,000 habitantes, y todos dependen –directa o indirectamente– de Exportadora de Sal. La red de agua potable, la electricidad, las calles asfaltadas, las escuelas, el supermercado y hasta la Iglesia son posibles gracias a su apoyo o patrocinio. Definitivamente ESSA es actualmente la empresa más importante de Baja California Sur y la fuente de trabajo número uno, con 1,000 empleos directos.

Sus instalaciones, que comprenden una superficie de 35,000 hectáreas de salitrales inundados con agua de la laguna Ojo de Liebre, constituyen la salina más grande del orbe entre las que emplean el método de evaporación solar.

Gracias a ESSA, México ocupa el segundo lugar mundial en producción de sal –sólo después de Australia–, con un volumen anual de siete millones de toneladas. Prácticamente la totalidad de esta producción se exporta y sólo 1% se destina al mercado nacional. 50% de las importaciones de sal de Japón, uno de los clientes importantes, proceden de la firma bajacaliforniana.

ESSA es una empresa paraestatal exitosa, al grado de que fue excluida del programa de privatizaciones. El año pasado tuvo ingresos por $805 millones de pesos y utilidades por $109 millones. Una de sus fórmulas, según directivos, es reinvertir la mitad de sus ganancias.

Pero el destino quiso que la planta de Guerrero Negro quedará dentro de la reserva de El Vizcaíno, que abarca una superficie de 2.5 millones de hectáreas y es considerada el área natural protegida más grande del país. El conflicto entre la empresa y ecologistas no surgió en el momento en que las autoridades decretaron la creación de la reserva, sino algunos años después.

La polémica
Consciente de que las operaciones de Guerrero Negro estaban llegando a su límite de crecimiento, la empresa presentó ante el INE un proyecto de expansión en 1994 y solicitó autorización para desarrollar otra salina en los salitrales adyacentes a la laguna de San Ignacio, justo en la denominada zona de amortiguamiento de la reserva ecológica.

La obra, que se calcula requerirá una inversión de $120 millones de dólares y ofrece crear 200 empleos directos, más otros tantos indirectos, se le identifica por sus defensores como la esperanza de progreso de las comunidades locales de Abreojos, La Bocana y San Ignacio.

Al año siguiente de la presentación del proyecto, en 1995, las autoridades lo evaluaron y negaron el permiso argumentando que el estudio de impacto ambiental presentado por ESSA era “deficiente”, pues no incluía “medidas de prevención, mitigación y control” para conservar el medio ambiente.

La empresa se inconformó con el fallo, sin embargo, rápidamente desistió de la apelación. Ofreció modificar el proyecto y presentar un nuevo estudio de impacto ambiental siguiendo una serie de lineamientos convenidos con las autoridades.

A partir de entonces, entraron en escena nuevos protagonistas. Diversas organizaciones ecologistas de México y el extranjero, como El Grupo de los 100, Greenpeace, y el Natural Resources Defense Council (NRDC), protestaron y sumaron esfuerzos para frenar el proyecto. Ante esta nueva circunstancia, y con el fin de evitar la sospecha de que podía haber conflicto de intereses, la Semarnap convocó en 1996 a un comité científico internacional para que fijara los términos de referencia que debía seguir la empresa en la elaboración del nuevo estudio. El comité, integrado por siete reconocidos expertos en el campo de los ecosistemas marinos, la ballena gris y las áreas protegidas, emitirá una opinión al final del proceso de evaluación. El INE se comprometió a tomar en cuenta su resolución antes de emitir su propio fallo; además, solicitó a ESSA un estudio sobre el impacto socioeconómico del proyecto.

Este verano, después de dos años de preparación y $1 millón de dólares en gastos de investigación, la firma planea presentar ante este instituto las modificaciones al proyecto y someter a su consideración la documentación requerida. Para ello recurrió a un comité asesor propio, en el que figuran científicos de la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Scripps de San Diego, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Vamos al examen extraordinario”, admite Joaquín Ardura, subdirector administrativo de ESSA. Los directivos confían en que los cambios previstos les permitirán obtener una calificación aprobatoria y, entusiasmados, adelantan a la prensa algunas de las modificaciones hechas al proyecto original:

Las instalaciones serían recorridas dos kilómetros tierra adentro para que el ruido de la estación de bombeo de agua de la laguna no perturbe a las ballenas; las áreas de cristalización de sal también estarían alejadas lo suficiente para no afectar los manglares del estero El Coyote; el consumo de diesel sería sustituido en medida importante por electricidad, toda vez que cancelaría su proyecto de instalar una planta generadora propia –a base de diesel– para proveerse directamente de la CFE.

El mismo muelle fue modificado en su diseño original con el fin de evitar azolvamientos y no afectar el comportamiento de las corrientes marinas y el tránsito de especies. En vez de un camino de roca de 700 metros mar adentro, se optó por una plancha soportada por una serie de columnas de acero con 37 metros de distancia entre cada una.

En estas modificaciones se funda la confianza de Ardura. “Estamos convencidos de que el proyecto es 100% viable”, dice.

Los grupos ecologistas, en cambio, piensan exactamente lo contrario. Sostienen que ningún proyecto industrial es factible dentro del perímetro de El Vizcaíno, donde viven más de 300 especies de vertebrados marinos y terrestres. “En otra parte a lo mejor no habría problema, pero aquí sí. ¡Esto es una reserva de la biosfera! Si no protegemos las reservas, ¿para qué las creamos?”, cuestiona Juan Carlos Cantú, coordinador del programa de biodiversidad de Greenpeace-México.

Cantú argumenta que a diferencia de las otras lagunas, la de San Ignacio es el último santuario virgen que queda en el mundo para la ballena gris, y que aunque la especie ya no corre peligro de desaparecer, de cualquier modo su hábitat debe respetarse. Advierte, asimismo, que los salitrales que pretenden inundarse para crear otra salina son lugar de anidamiento de aves amenazadas por la extinción, como el chorlito blanco y el gallito menor.

Pero una de las mayores preocupaciones de los ecologistas tiene que ver con los desastres naturales. La vulnerabilidad de la zona ante la presencia de huracanes podría sacar de control el proceso industrial y afectar el entorno natural. Aunque los directivos de la empresa dicen que esta posibilidad es remota, tan sólo entre 1950 y 1977 se registraron en comunidad Punta Abreojos siete ciclones de distinta intensidad. Más aún, en septiembre de 1997 el huracán Nora azotó Guerrero Negro y reventó dos diques de la salina, ocasionando el derrame de millones de metros cúbicos de salmuera hacia canales de agua adyacentes a la laguna Ojo de Liebre. El incidente provocó la muerte masiva de peces “chupalodos” y “lisetas”, según admitió la propia compañía ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revisa los impactos ambientales de la salinera.

La mortandad de 94 tortugas prietas, ocurrida en la misma laguna en diciembre de 1997, fue atribuida inicialmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a un “posible” derrame de salmuera de ESSA. Tras gestiones de la empresa para presentar un estudio técnico independiente, la dependencia retrocedió al declarar que su hipótesis inicial no podía ser “concluyente”. Sin embargo, a la fecha, las investigaciones continúan.

Para nadie está cerrado el expediente. Los grupos ecologistas aseguran que llegarán hasta donde sea necesario para proteger la biodiversidad. Por lo pronto, la estadounidense NRDC consiguió llamar la atención de la UNESCO y convencerla de enviar una misión de especialistas a México para estudiar el caso y valorar la solicitud de los ambientalistas de que se declare la laguna de San Ignacio como “patrimonio mundial en peligro”. La fecha y el formato de la visita están siendo acordados con el gobierno mexicano.

Los bajacalifornianos, por su parte, se declaran a favor de la nueva salinera. El presidente municipal de Mulegé (que comprende la Biosfera de El Vizcaíno), las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso estatal y hasta el gobernador opositor, Leonel Cota Montaño, manifiestan su simpatía por el proyecto. “De no ser por Exportadora de Sal, este sería un pueblo fantasma”, comenta María de Jesús Hernández, habitante de Guerrero Negro.

Se desconoce cuál será la decisión que tomen las autoridades sobre el nuevo proyecto, lo que es seguro es que, sea en el sentido que sea, será analizada cuidadosamente en México y en el extranjero. La presión es más fuerte que nunca, pero los funcionarios encargados de emitir la resolución dicen no intimidarse y niegan la posibilidad de incurrir en un conflicto de interés.

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“Ya una vez rechazamos el proyecto y lo volveremos a hacer si es necesario”, enfatiza Pedro Álvarez Icaza, director de ordenamiento ecológico e impacto ambiental del INE.

A partir de que ESSA entregue la documentación, lo que sucederá en algunas semanas, habrán de transcurrir alrededor de seis meses antes de que el INE emita su fallo definitivo. Mientras tanto, los grupos en disputa seguirán insultándose mutuamente: los ecologistas llamando “depredadores” a los directivos de ESSA, y estos acusando a los integrantes de Greenpeace de “alarmistas e ignorantes”.

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