Inflación baja:¿obstinación?
Después de años de esfuerzo, México comenzó el milenio con el pie derecho en materia de inflación. El aumento anual del nivel de precios es de un dígito desde abril de 2000. La convergencia con su contraparte de Estados Unidos está próxima, no obstante, la diferencia en los pasados dos años ha sido de aproximadamente dos puntos porcentuales, por lo que aún falta camino por recorrer. El incremento general de precios se ha combatido mediante la disciplina fiscal y monetaria, instrumentos dolorosos cuya pauta ha sido mantener a raya la liquidez de la economía.
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Con frecuencia se escuchan voces que claman que el combate a la inflación es una obsesión gubernamental y que las autoridades deberían permitir un modesto relajamiento del gasto público y del circulante, a fin de acelerar la actividad productiva, aun a costa de un incremento moderado del nivel de precios. La inflación genera costos y efectos inconvenientes que deben evaluarse cuidadosamente antes de declararle una tregua. En primer término es un impuesto silencioso que reduce inexorablemente el poder de compra de los medios de pago utilizados por la sociedad. Asimismo, es un fenómeno que nubla el panorama empresarial y laboral, restando eficiencia al sistema económico y redistribuyendo la riqueza hacia los que más tienen.
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Previsiblemente, cada punto porcentual de inflación implica que individuos y empresas destinen recursos para reponer el poder de compra de los medios de pago que cada uno utiliza en sus transacciones. En conjunto, este costo es cercano a $9,000 millones de pesos por año.
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La inflación por lo general no es perfectamente vaticinable. En consecuencia, la variabilidad del aumento de precios en la economía puede causar transferencias de recursos imprevistas, por ejemplo, de deudores hacia acreedores (al pactarse una operación financiera con una tasa de interés fijada con base en un aumento del nivel de precios menor del que ocurra en la realidad). De la misma forma, la inflación puede lesionar severamente la remuneración de la mano de obra (y favorecer injustamente a los accionistas de las empresas), en la medida que resulte superior a la prevista al firmar los convenios de salario.
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En caso extremo, aunque ilustrativo, un punto de inflación no anticipada, que por definición se excluya de los contratos de mano de obra de todo el país, representaría pérdidas de $20,000 millones de pesos para los trabajadores (en beneficio de sus empleadores).
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Del lado empresarial también pueden ocurrir afectaciones, por ejemplo en empresas cuyo margen bruto de utilidad (definido por la relación entre ventas y costo de ventas) es bajo, la inflación es factor de vida o muerte dependiendo del manejo de los inventarios. En este mismo sentido, los precios al alza tienden a proteger a los dueños de los activos fijos al incrementar el valor nominal de inmuebles, equipos y otros bienes duraderos. En un país en el que más de la mitad de los hogares subsiste con menos de $4,000 pesos al mes, lo último que se requiere es un fenómeno que concentre más la riqueza.
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Aminorar la inflación también cuesta. Algunos estudios realizados para los países avanzados indican que para reducirla en un punto porcentual debe sacrificarse entre uno y dos puntos porcentuales de la producción nacional en el corto plazo. Trasladando esto a la realidad mexicana, bajar la inflación al estándar estadounidense podría costar $70,000 millones de pesos, en el menor de los casos. Es un monto elevado, pero es el último empujón en el camino hacia la estabilidad y la eliminación permanente de los costos descritos, que como puede apreciarse (a valor presente), son mayores que condenarse a vivir con ella.
El autor es economista.
Comentarios: magg01@hotmail.com