Inudstria editorial. IVA, terror de las

Las empresas que proveen libros temen una brutal caída si pasa la reforma fiscal. La lectura y la c
César González-Calero

Decía Oscar Wilde que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Hace dos meses, Carlos Abascal, secretario de Trabajo, protagonizó una sonora polémica por su oposición a la lectura de la novela Aura, de Carlos Fuentes, en la escuela a la que acude su hija.

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Las consecuencias del enojo del funcionario reafirmaron el adagio del dramaturgo irlandés: la otrora anónima maestra saltó a la fama y el libro de Fuentes vendió 10,000 ejemplares en una semana, un récord para un país poco proclive a visitar las librerías. Con el bajo nivel de lectura que hay en México, a la industria editorial no le vendría nada mal un escándalo de alto vuelo cada semana.

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Anécdotas aparte, este sector pasa por un momento delicado. El proyecto de reforma fiscal presentado por el Ejecutivo al Congreso incluye dos dardos envenenados contra el libro: la imposición de 15% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) –hoy tienen tasa cero– y la eliminación de la actual exención de 50% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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El rechazo a estas medidas ha sido generalizado por parte de todos los actores implicados en la cadena del negocio editorial (autores, editores, distribuidores, libreros) y, por supuesto, de los lectores, sufridos consumidores que soportarían, al final de cuentas, el incremento de los precios. Hasta el gobierno, por boca del responsable de la Dirección General de Publicaciones (DGP), Felipe Garrido, ve desafortunado el intento de gravar al libro. "A nosotros no nos consultaron, pero creo que finalmente [la medida] no saldrá adelante."

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Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la federación recaudaría $485 millones de pesos con la implantación del IVA en los libros, una minucia si se compara con los $130,000 millones que espera obtener en total beneficio, puesto que la eliminación por exenciones de este impuesto fiscal también involucra alimentos básicos y medicinas. El peso del sector editorial en el Producto Interno Bruto (PIB) era en 1998 de 0.31% y, aunque no hay datos oficiales, la facturación anual se estima en $3,200 millones de pesos.

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Los protagonistas de esta industria no sólo demandan la revisión de la política fiscal anunciada. En los dos últimos años el mundo del libro ha permanecido estancado y el número de editores ha descendido desde la crisis económica de 1994. La falta de apoyos institucionales y de una decidida política de fomento a la lectura hacen presagiar nubarrones para una actividad que, en opinión de sus protagonistas, es "algo más que un negocio": es un sector estratégico.

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A la baja

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La Caniem, que agrupa a 90% de las empresas del ramo, cuenta con 237 editores asociados, según su último informe correspondiente a 1999, prácticamente la mitad de los que había antes de la crisis. En 1991 existían en total unas 950 empresas relacionadas con la industria del libro, mientras el año pasado quedaban cerca de 560. En 1999 (últimos datos disponibles) se vendieron poco más de 115 millones de ejemplares, 0.5% menos que el año anterior.

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Antonio Ruano, presidente de esta cámara y vicepresidente de Editorial Santillana, no pierde la esperanza en un gobierno con apenas seis meses de trabajo, pero ve claroscuros en el horizonte. "La industria editorial está muy disminuida. Por número de habitantes, tendríamos que ser la primera industria de habla hispana, pero las cifras de publicación dejan mucho que desear, y esto es así porque no se ha fomentado la lectura en la escuela de manera adecuada. Además, la industria editorial es la única que tiene como competidor al Estado, puesto que 60% de los libros los publica el gobierno, y esto no ha permitido un crecimiento normal de nuestro sector."

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La cantidad de nuevos títulos publicados al año sitúan a México muy por debajo de España (18,000 frente a 60,000), y a una distancia cósmica del vecino del norte, Estados Unidos, que edita 150,000.

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La política fiscal planteada por el gobierno tendría, según Ruano, "dos consecuencias fatales; por un lado, el daño al lector, al tratarse de un impuesto no recaudatorio sino perjudicial para la lectura, para la cultura y para la nación. Además, habría un gran perjuicio educativo, pues se encarecerían los libros de secundaria y de universidad, lo que provocaría un incremento incontrolable de la piratería, que supone un daño de $200 millones de pesos anuales para los autores."

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Las medidas que propone el Ejecutivo "limitarían el desarrollo de una industria ya de por sí frágil y vulnerable por el raquitismo del mercado", alerta René Solís, director general de Planeta en México, subsidiaria de esa editorial española.

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La otra puñalada sería el golpe económico a las editoriales. "Si implantan el IVA –dice Ruano-, hemos calculado que las ventas bajarían 1.3% por cada punto porcentual de ese impuesto, es decir, 19.7%. Mientras que con la eliminación de la exención [al ISR], la producción bajaría 20%, aproximadamente, es decir, unos 24 millones de libros al año dejarían de publicarse." Las empresas dedicadas a la producción de libros aprovechan normalmente la exención del ISR para reinvertir.

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Según Ruano, la política de implantación del IVA en los libros no ha dado resultados positivos en otros países de la región, como Chile o Argentina. En Europa, la mayoría de los gobiernos ha decidido suprimirlo o imponer una tasa muy baja (4%, en el caso español).

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La gran competencia

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El año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuyó 163 millones de libros de texto, una cifra que rebasa con creces toda la producción editorial privada. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la DGP, pondrá en circulación este año unos 300 nuevos títulos, algo más de un millón de ejemplares, mientras que el Fondo de Cultura Económica (FCE), la gran editorial oficial, que cuenta con un presupuesto de $261 millones de pesos, lanzará al mercado 700 títulos (unos 2.8 millones de ejemplares).

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Es un pastel demasiado tentador para las grandes editoriales dominadas, en su mayoría, por grupos multinacionales. Una de las principales peticiones del sector privado es que el gobierno les permita coeditar los libros de texto de primaria (como lo hacen ya con los de secundaria). Sin embargo, Garrido no cree que haya llegado la hora de abrir ese mercado: "Con la participación de la iniciativa privada, el costo de la producción de los libros se triplicaría, y el país no se lo puede permitir."

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A pesar de las críticas de los editores, el titular de la DGP se muestra optimista sobre la gestión oficial: "Ha habido avances en los últimos 20 años; nos hemos situado a la vanguardia de Hispanoamérica en programas de fomento a la lectura, y prueba de ello son los cambios sociales y políticos que ha experimentado el país."

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Paradójicamente, en el mundo de las palabras escritas, las cifras cantan.

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Según el último informe de índices de lectura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el país se encuentra entre los últimos lugares de una lista de 108 naciones. Cada mexicano lee 2.8 libros al año, un promedio muy bajo, más aún si se compara con los países desarrollados (20 textos).

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Pero, ¿por qué se leen y se compran tan pocos libros? Según el escritor y académico de la lengua Carlos Montemayor, "en México no existe una política cultural desde el punto de vista social o educativo. Sencillamente, no hay interés en la educación. Al estudiante se le enseña la memorización de apuntes, pero no la lectura".

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Al igual que otros escritores que han mostrado un fuerte rechazo a la aplicación del IVA en los libros, como Elena Poniatowska, Gabriel Zaid, Carlos Monsiváis, Carmen Boullosa, Fernando del Paso, entre muchos otros, Montemayor ve atisbos de esperanza en la labor de los legisladores: "Creo que las reformas no prosperarán, pero el problema de fondo es que los sistemas educativos de primaria y secundaria no ayudan a la formación de lectores."

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Chicas y grandes

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Aunque hay excepciones, como es el caso de Editorial Trillas y Librería Porrúa Hermanos, o el mismo FCE, la mayoría de las editoriales importantes que operan en México forman parte de grupos multinacionales (Pearson, Oxford, Santillana, Planeta, Plaza y Janés, Larousse, Grijalbo-Mondadori), aunque actúan en forma autónoma.

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Pero si las grandes compañías ven con inquietud el futuro del sector, las pequeñas editoriales, cada vez con menos presencia, temen lo peor: su desaparición a corto plazo.

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Editorial Era es una de estas artesanas de la palabra impresa. Marcelo Uribe, coordinador editorial, habla sin tapujos de "desastre total para la industria independiente" si se aplica la reforma fiscal propuesta originalmente por el Ejecutivo.

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"Desde la crisis de 1994, el número de editores ha ido a la baja y los proyectos que vemos condenan a la extinción a las ya pocas editoriales independientes para dejar el negocio en manos de las multinacionales. Es alarmante la insensibilidad mostrada por el gobierno en un país que está llamado a ser la primera industria por su número de habitantes. Hace un año, se aprobó una Ley del Libro que es una caricatura degradante."

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Las principales editoriales cuentan con sus propios medios de distribución, por lo que no existen demasiadas empresas dedicadas únicamente a esta faceta. Codipirsa es una de ellas. Factura alrededor de $1 millón de pesos al año y da empleo a 140 personas. Su gerente general, Miguel de los Ríos, se muestra también pesimista: "Si se aplican las medidas fiscales anunciadas, habrá un descenso temporal en las ventas por la inevitable disminución en el consumo, y eso lo notaremos también los distribuidores."

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En el último eslabón de la cadena de esta industria, los puntos de venta –librerías y tiendas departamentales, principalmente– resentirán directamente el eventual aumento de 15% en los precios. En lugar de esa medida, "debería haber una política de fomento de la lectura, desarrollar la actividad editorial, con nuevas librerías y bibliotecas públicas para que todo el país pudiera participar en la difusión y el debate de las ideas", señala Ricardo Nudelman, vicepresidente de la cadena de Librerías Gandhi, una de las mayores del país (el año pasado facturó $160 millones de pesos).

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El panorama es preocupante, pero a grandes males, grandes remedios. Los reclamos del sector para subsanar la situación pasan por la aprobación de una Ley General del Libro que contemple estímulos fiscales (y no trabas), la promoción del libro en ferias internacionales, la coedición de los libros de texto de la enseñanza primaria, y el abastecimiento a las 6,000 bibliotecas públicas. Y, por encima de todo, una política más enérgica de fomento a la lectura por parte de las instituciones oficiales. Quizá con esas medidas una novela pueda volver a vender 10,000 ejemplares en una semana, como Aura, sin necesidad de la publicidad gratuita de algún secretario de gobierno.

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