Qué bueno que los mexicanos estemos discutiendo los detalles del presupuesto. Durante mucho tiempo sólo el Presidente de la república y unos cuantos funcionarios se enteraban de lo que contenía este documento crucial. Estoy convencido de que ni siquiera los legisladores que lo aprobaban año con año sabían lo que incluía.
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Es importante que no perdamos de vista la racionalidad del gasto público, como le está pasando a muchos mandatarios estatales y políticos en general. Al parecer se les ha olvidado de dónde sale el dinero que gastan los distintos órdenes de gobierno. Esos fondos se extraen de los bolsillos de los ciudadanos y su desperdicio o gasto irresponsable puede tener consecuencias terribles para la economía de un país.
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Los gobernadores del PRI y del PRD han exigido que una mayor cantidad de recursos presupuestarios se les entreguen a ellos en lugar de permanecer en la administración federal. Entiendo que a ellos les conviene controlar el gasto. La política se hace con dinero y lo que buscan es ampliar su influencia política a un año de la elección de 2003.
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Lo que deberíamos pensar todos, sin embargo, no es quién debe controlar el presupuesto, sino cómo se puede utilizar éste para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. La simple exigencia de aumentar el gasto, y de dejarle el control a los gobernadores, no es garantía de un beneficio para la población.
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El primer requisito que debe cumplir un presupuesto sano es no tener un déficit o, si ello es inevitable, que sea muy pequeño. La razón es que se traduce en deuda y ésta se acumula –como ha ocurrido desde los años 70 en nuestro país– y su servicio acaba ahogando todo esfuerzo para el desarrollo. En las palabras de Ricardo Lagos, el Presidente socialista de Chile: “Tener un déficit de presupuesto no es de izquierda ni de derecha. Es simplemente no saber cómo funciona la economía.”
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Otro de los puntos importantes de las cuentas nacionales es que tengan mucha inversión productiva y el menor gasto burocrático posible. La primera, sea del gobierno o de la iniciativa privada, genera actividad y crecimiento. El segundo, en cambio, es improductivo y termina siendo un simple desperdicio de recursos.
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Una exigencia más es que la inversión se enfoque a aquellos campos de actividad económica en que no puede operar la iniciativa privada. Tiene sentido, por ejemplo, emplear la hacienda pública para llevar electricidad a una aldea indígena alejada, en donde un inversionista particular no podría lograr utilidad. Pero dedicar los escasos recursos gubernamentales a actividades en las que el sector privado sí puede y quiere invertir, como la construcción de generadoras eléctricas, es una estupidez.
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Los gobernadores deberían dejar de simplemente exigir dinero y empezar a decirnos a los ciudadanos en qué piensan emplear los fondos que demandan.
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Sergio Sarmiento, columnista del periódico Reforma y conductor de televisión.