Jorge Martín Santillán, de la Concamin

Hasta ahora las restricciones para mantener los equilibrios macro han impedido instrumentar algunas
Alejandro Castillo

Aunque no es algo nuevo, resulta interesante destacar los términos del diálogo que, al menos en el discurso, buscan establecer los industriales con las autoridades gubernamentales. En su ejercicio, nuevamente se pudo comprobar la importancia que alcanzan los matices cuando se trata de escoger tal o cual combinación de políticas económicas, para impulsar al país lo más rápido posible hacia nuevas etapas de desarrollo económico.

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El 23 de marzo, durante la clausura de la LXXX Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), el presidente de ese organismo, Jorge Marín Santillán, reiteró la opinión que prevalece entre los industriales, acerca de la urgencia que tiene el país de contar con una política de competitividad de largo plazo.

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En términos generales, el representante de los industriales señaló que, tomando en cuenta las proyecciones que se tienen del incremento de la población, es necesario aplicar políticas que apoyen el crecimiento económico y permitan superar los rezagos y reconstruir las cadenas productivas.

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Asimismo estableció que la política económica sólo se podrá calificar como exitosa en la medida en que eleve los niveles de bienestar de la población. Al respecto apuntó que la estabilidad macroeconómica no ha sido suficiente, por lo que se requiere atender la microeconomía.

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De su discurso destaca la propuesta de una agenda para la modernización que, sin ser exhaustiva, propone algunos puntos en cuyo análisis se podría avanzar y que podrían discutirse de manera más amplia, como: el programa de privatizaciones, la reforma fiscal integral, la necesidad de una regulación eficiente y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento.

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Aunque no lo menciona como parte de la agenda –y únicamente se sugiere–, a lo anterior se podría agregar, como una condición para avanzar en el programa de desarrollo industrial, el contar con un Estado democrático –sólo así podrían tener un efecto práctico los puntos de vista de los industriales–, que sea capaz de resolver los conflictos basándose en la justicia y el derecho, porque este es un requisito que impediría abusos de parte de los grandes consorcios contra los pequeños empresarios.

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Por su parte, el presidente Ernesto Zedillo reconoció que los puntos propuestos por Marín deberán abordarse uno a uno, para encontrar las respuestas que permitan sostener la recuperación industrial en el corto plazo y dar certidumbre hacia el mediano y largo plazos.

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El mandatario coincidió en la importancia de atender el rezago y dar respuesta a la creciente demanda de empleo, lo cual sólo se puede lograr con la expansión de la actividad económica. Se comprometió a recoger la agenda propuesta por el dirigente empresarial para resolver la problemática micro por medio de las distintas instancias del gobierno y a trabajar con la Concamin y los industriales mexicanos. Sin embargo, aclaró que en todo momento es indispensable cuidar las condiciones macroeconómicas, para que se mantengan los equilibrios fundamentales.

- -LOS PUNTOS DE ACCIÓN
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Así como ocurre con otros aspectos de la problemática nacional, se observa que en el discurso de los industriales y el gobierno existen importantes puntos de acercamiento; sin embargo, en la práctica pareciera que unos y otros se mueven en distintos planos o tiempos. Y mientras, el entorno impone limitantes y reduce los supuestos beneficios que debería proporcionar la globalización a los mexicanos.
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Las propuestas para atender a la problemática micro no son nuevas, algunas de ellas incluso formaron parte de la plataforma electoral de este gobierno. No obstante, mientras se dé preferencia a atender la estabilidad de la macroeconomía –en condiciones en las que seguirán presentándose todo tipo de factores de desestabilización, como son los precios del petróleo, la necesidad de reconocer los pasivos del Fobaproa como deuda interna, la puja por obtener capitales en los mercados internacionales, nuevos disturbios del exterior, un acelerado desequilibrio comercial o, incluso, la posibilidad de que decisiones erróneas de la autoridad agraven y extiendan los conflictos sociales–, difícilmente se tendrá disposición para llevar a cabo una reforma fiscal integral o buscar esquemas para impulsar a la industria.

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Lo cierto es que se requiere una mayor coherencia entre el discurso y la práctica. Aun aceptando como inamovibles los criterios de estabilidad macroeconómica que pregona la presente administración, lo que implica una restricción en la disponibilidad de recursos –restricción que no fue difícil superar, por cierto, en el caso del Fobaproa–, existen muchos aspectos en los que es posible acelerar el paso.

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Por ejemplo, es indispensable esclarecer todo lo relacionado con la legislación mercantil y vigilar su estricta aplicación. Sólo si se tienen leyes que protejan y garanticen el aporte de cada uno de los participantes sería posible impulsar una estrategia de desarrollo industrial que adopte como fuerza motriz las posibilidades que existen de aumentar la eficiencia operativa y productividad mediante las diversas formas de subcontratación, integración, asociación y, en general, el agrupamiento de empresas. No es posible seguir perdiendo oportunidades por no contar con esa legislación. También en el otorgamiento de crédito se requiere más transparencia; por una parte, que no se permitan las prácticas leoninas de los bancos que elevan tasas indiscriminadamente, y por otra, que los beneficiarios del crédito reconozcan su obligación de devolver los préstamos en las condiciones y tiempo establecidos.

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Para impulsar el agrupamiento industrial se podrían establecer estímulos reales a la productividad y a la capacitación, que no impliquen reducir los niveles de captación tributaria, sino ampliarlos. Se podrían diseñar diversos esquemas, pero sería deseable que sobre una capacidad y base fiscal dadas, la autoridad fomentara los progresos obtenidos en la productividad gracias al agrupamiento de empresas. Lo mismo se podría ofrecer en el caso de la generación de empleos sobre ese tipo de esquemas.

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También se requiere revisar la Ley de Cámaras, ya que si bien es indispensable la libertad de asociación y la democracia en las organizaciones empresariales, no se debe permitir la desaparición de esas instancias.

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Ya se ha señalado en otras ocasiones que un aspecto fundamental de la inserción de México en el mundo es la educación; sin embargo, no se ha hecho nada para emplear el enorme potencial que tienen los medios masivos de comunicación para avanzar más rápido en este campo. Sin que ello implique un mayor gasto público, se podrían adoptar iniciativas que propicien la producción y transmisión, en los mejores horarios, de programas de todo tipo –novelas, cuentos, caricaturas– con contenidos educativos, promotores de la responsabilidad social y la participación cívica. Ya se ha avanzado mucho en la tecnología correspondiente y no se justifica seguirla utilizando para enviar mensajes anodinos e intrascendentes.

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Son muchas las propuestas que se han desarrollado en el mundo y en México. Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior han realizado un importante esfuerzo por difundir los estudios de expertos mexicanos, así como las experiencias de otros países y las propuestas de lo que se podría hacer en México. Si en verdad existe voluntad –independientemente de los planos y los tiempos–, no sería imposible ya establecer el marco legal y el aliciente que impulse al pequeño industrial a conjuntar esfuerzos y capacidades. Lo mismo sucede en el caso de utilizar provechosamente los medios masivos de comunicación. Esto no debe esperar más y debe promoverse en la práctica, no sólo en los discursos.

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Los otros puntos propuestos por la Concamin se podrán ir resolviendo a medida que aumente la participación de la ciudadanía en la transformación del Estado y la sociedad, y será más fácil impulsarlos conforme se demuestre que, a diferencia de la estabilidad que se busca ahora, basada en la autoimposición de restricciones, la salud financiera y la verdadera estabilidad sólo son posibles con productividad y eficiencia.

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