La batalla por las frecuencias

De acuerdo con los especialistas, la falta de transparencia es la constante a la hora de otorgar con
Lucía Pérez-Moreno

Los nombres de los beneficiarios de concesiones de radio y televisión constituyen uno de los secretos mejor guardados en México.

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Ni siquiera la Comisión Federal de Competencia (CFC) ha podido estudiar bien este mercado por falta de información pública. Sus intentos de obtenerla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han fracasado. “No se sabe en manos de quién están las concesiones debido a la discrecionalidad con las que se otorgaron”, dijo Juan Francisco Escobedo, coordinador de posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana (UIA).

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Si bien la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRYT), en vigor desde 1960, establece que debe integrarse un registro público de concesionarios y permisionarios, no fija con claridad el procedimiento para hacerlo. “Hay que levantar un censo y crear un mapa de espectro de radio y televisión para saber quiénes son los concesionarios y quiénes están ejerciendo sus derechos”, dice Ramiro Tovar, director de estudios de regulación económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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El número de autorizaciones otorgadas es enorme. De acuerdo con la SCT, hasta 1998 se habían concesionado o permisionado 1,332 estaciones de radio, 595 de televisión abierta y 213 de restringida. Los pocos datos disponibles muestran que se concentran en muy pocas manos. “El gobierno quería tener identificados a los concesionarios para saber con quién tenía que negociar”, expresa Tovar. Tres grupos radiofónicos controlan 60% de las emisoras del país y dos empresas de televisión detentan más de 80% de las estaciones y repetidoras. La falta de transparencia ha impedido el desarrollo de un mercado competitivo en los medios electrónicos, que concentran una cantidad superior a 80% de la facturación en publicidad. Desde hace varios años se pretende terminar con este régimen de privilegios, tal como sucedió con otras concesiones públicas, pero hasta ahora no se ha podido avanzar mucho. “Es uno de los pocos sectores en México que no ha sufrido reformas”, dice Tovar, experto en temas de competencia económica.

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Una de las propuestas que se maneja desde hace varios años es crear un órgano independiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) que sea el responsable de revisar solicitudes y garantizar equidad en la participación de las subastas. Desde marzo pasado una comisión de la Cámara de Diputados retomó esta iniciativa con el fin de incluirla en la nueva LFRYT.

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Los pequeños tienen gran interés en que se transparente el proceso para poder obtener nuevas concesiones. “Debe haber una reforma a la ley, que establezca con toda claridad los requisitos, tiempos y procedimientos jurisdiccionales para el otorgamiento de concesiones y permisos”, insiste Escobedo de la UIA. Los grandes, aunque son reacios a aceptar las nuevas reglas, estarían dispuestos a negociar si se eliminan los tiempos oficiales de transmisión, que fueron el impuesto en especie que dieron a los distintos gobiernos a cambio de tantos privilegios.

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La modernización de la LFRYT, calificada de anacrónica por la misma Segob, se impone más allá de cuestiones políticas o económicas. La convergencia digital, que permitirá transportar señales de radio y televisión desde cualquier dispositivo alámbrico e inalámbrico, hará que se borre paulatinamente la frontera entre medios electrónicos y telecomunicaciones.

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