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La botellas rotas de Zapopan

Casi 50% de las bebidas alcohólicas que se venden en México, están adulteradas. Junto con algunas
mar 20 septiembre 2011 02:54 PM

Desde enero de 2001 existe en México un impuesto que nadie paga. De acuerdo con la ley, todos aquellos locales donde se expenden bebidas alcohólicas por copeo están obligados a cubrir un tributo especial de 60% sobre la venta de líquidos con más de 20° de alcohol. Y contempla la exención de este pago para aquellos locales que destruyan las botellas vacías.

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Las buenas intenciones de los legisladores difícilmente podrían ponerse en duda. Su objetivo es evitar que los envases desocupados lleguen a manos de fabricantes de bebidas adulteradas, que los rellenan y comercializan. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la venta de falsificaciones equivale a 30% del comercio de aguardientes y licores en México y, según fuentes del sector, podría representar hasta la mitad.

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Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha instrumentado ningún mecanismo para verificar que efectivamente los establecimientos destruyan las botellas. “La gente de la SHCP no se percató de la magnitud de esta ley y no se previó su aplicación”, dice Édgar Romero, gerente de Mercadotecnia en Vidriera Guadalajara, perteneciente a Vitro.

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Como consecuencia, las autoridades han partido del supuesto de que todos los locales donde se expende alcohol cumplen con lo dispuesto para la exención. Y las arcas de la Federación no han recabado un solo peso por concepto de este gravamen ni tampoco se ha combatido en la práctica el relleno ilegal de envases.

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Para enfrentar el mercado negro hacen falta más que buenas intenciones. El municipio de Zapopan, Jalisco, lanzó en octubre de 2002 una iniciativa única en el país, llamada Programa de establecimientos confiables –apoyado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Jalisco, por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y por Vitro, que otorga estímulos para aquellos comercios que opten por destruir sus botellas.

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Diego Monraz, oficial mayor de Pago de Licencias y Desarrollo Económico de la entidad, señala que el proyecto contempla varios objetivos: los negocios obtienen beneficios económicos y prestigio; el ayuntamiento hace cumplir la ley; los productores de bebidas incrementan sus ventas; los consumidores aumentan la confianza y seguridad en lo que consumen, y Vitro recolecta, recicla y evita que las botellas sean usadas ilegalmente o terminen contaminando los rellenos sanitarios.

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Sólo mediante la alianza entre particulares y autoridades municipales se ha estimulado el cumplimiento de una ley que, de otro modo, sólo existiría en el papel.

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Descuentos por ser legales
En México, durante 2002, la industria establecida de bebidas alcohólicas vendió 200 millones de litros y perdió, debido a las adulteraciones, $500 millones de dólares, según el IMPI.

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A Vitro le cuesta fabricar una botella entre $3 y $5 pesos. Ya etiquetado y sin alteraciones, un envase puede venderse en el mercado negro hasta en $35 pesos. Sin embargo, debido a que no paga impuestos, aun la adulteración más fina puede comercializarse a mucho menor precio que la bebida original.

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De acuerdo con Guadalupe Hernández, directora de Canirac Jalisco, el fenómeno del relleno de botellas tomó fuerza con la proliferación de las llamadas barras libres –por un solo pago el cliente toma todo el alcohol que desee–. Al menos en el caso del tequila, señala Eduardo Orendáin, presidente de la CNIT, la mayor parte de las falsificaciones se comercializan en locales eminentemente turísticos, donde es preparado en cocteles y no se pide por marca.

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El combate a este lucrativo mercado lo encabeza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, para apoyarla, el Congreso de Jalisco aprobó en octubre de 2002 la Ley Sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado, que contempla multas de 30 a 200 días de salario mínimo para los establecimientos que incumplan con la destrucción de botellas vacías.

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Además, el municipio de Zapopan aprobó en su reglamento de comercio la rotura de envases como una obligación de los particulares. No obstante la obligatoriedad, con pocos inspectores capaces de realizar visitas cotidianas, la entidad decidió otorgar estímulos y aliarse con el consorcio vidriero para hacer que se cumplan las leyes.

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Aquellos locales que comprueban que efectivamente destruyen sus botellas obtienen un descuento de 8% en el pago de licencias anuales de operación y una rebaja significativa –de $2,090 a $3,400 pesos– por el permiso mensual para que sus empleados trabajen horas extra.

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Quien indirectamente verifica el cumplimiento de la norma es Vitro, que cada semana o cada tercer día, dependiendo del volumen generado, recoge el vidrio quebrado de los comercios y a cambio obtiene materia prima sin costo para reciclar y fabricar así nuevos envases. La empresa comunica al municipio si los comercios destruyeron los contenedores y de esa manera les permite mantener los descuentos.

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Para facilitar la peligrosa tarea de romper envases, la CNIT dispuso la fabricación de una máquina que quiebra y almacena el vidrio por colores. Su costo es de $1,500 pesos, que se compensa con los descuentos ofrecidos por el ayuntamiento, aunque su adquisición no es obligatoria y los negocios pueden trozar las botellas de otra manera.

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Hasta el momento, 43 restaurantes de Zapopan cuentan ya con una constancia revocable semestralmente, otorgada por el municipio, que certifica que cumplen con las disposiciones legales. El distintivo es una señal de confianza para el consumidor.

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Expansión de confianza
Para fin de año, Monraz espera que 100% de los negocios que en Zapopan venden bebidas alcohólicas abiertas estén integrados al programa. Por ahora sólo se contemplan restaurantes, bares y discotecas, pero en algunos meses se incluirán salones de fiestas y hoteles.

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El proyecto está listo para expandirse fuera del municipio. La CNIT ya está en pláticas con las autoridades de Puerto Vallarta y se espera que los ocho ayuntamientos que abarca la zona urbana de Guadalajara eventualmente lo repliquen.

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Además, Canirac Jalisco intenta que las firmas Domecq y Bacardí patrocinen a los comercios que decidan comprar una máquina destructora de botellas.

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Pero, ¿ha sido viable el programa? Romero señala que por el volumen de recolección aún no le resulta rentable a Vitro, pero explica: “Es el inicio y esperamos que estas acciones se extiendan a todo el país.”

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La rotura de botellas está contemplada en las leyes hacendarias, además de que es obligatoria en reglamentos de varios estados y municipios. En ese sentido, el Programa de establecimientos confiables de Zapopan puede dar la pauta para comenzar en serio la destrucción.

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