La crisis de la representatividad

La entrega obligada de información de las empresas y la cuestionada representatividad de las cámar
César Martínez A.

Tras 45 años de regirse por la antigua ley, el empresariado mexicano se enfrenta hoy a nuevas disposiciones legales sobre las cámaras. Éstas lo liberan de la afiliación a fuerza, pero obligan a registrarse en un sistema de información.

-

Paralelamente, los máximos dirigentes de dichos organismos enfrentan el reto de la representatividad, duramente cuestionada por asociaciones civiles de industriales y comerciantes. Respecto de esto, cuando las empresas voluntariamente se asocien o no a las cámaras, sin duda que su decisión se interpretará como apoyo o desaprobación a la gestión de éstas.

-

La anterior ley, vigente desde 1941, establecía en su artículo 5o. la afiliación obligatoria a través de la inscripción en un registro, pero la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional en octubre de 1995, aduciendo que violaba el artículo 9o. de la Carta Magna y, al aceptar cinco amparos, sentó jurisprudencia en la materia.

-

Como consecuencia de lo anterior y en medio de un clima de descontento con sus representantes por parte de algunas empresas y asociaciones civiles, en 1995 y 1996 un número muy importante de ellas –entre 20 y 50%, según publicó -Reforma, en diciembre de 1996– dejaron de pagar sus cuotas de afiliación. La crisis económica también explica parte de esta deserción.

-

¿NUEVA VIOLACIÓN?
-
Según Carlos Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la nueva legislación se origina en la declaración de inconstitucionalidad antes mencionada y en la necesidad de adaptarla a los cambios económicos y sociales de estos últimos 55 años.

-

En todo caso, más que la libre afiliación –que según algunos servirá para que las cámaras se esfuercen por prestar mejores servicios, capten a más afiliados y se conviertan en buenos representantes ante las autoridades–, el principal motivo de controversia dentro de la nueva ley es la creación del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en el que deben registrarse obligatoriamente los empresarios y que será operado por las cámaras y las confederaciones. Éste recogerá anualmente la información de las empresas, que deberán pagar una tarifa por darse de alta y por actualizar sus datos.

-

Las asociaciones civiles empresariales están en desacuerdo con todo esto. Pedro Salcedo García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT) –constituida en 1986 por una fracción disidente de la Canacintra–, asevera que la nueva legislación es ahora doblemente anticonstitucional. Aunque reconoce como un buen paso la afiliación voluntaria, lo importante, dice, es que se vuelve a violar el artículo 9º de la Constitución, al obligar a las cámaras a registrarse en el SIEM, y contraviene además su artículo 36º, que permite exclusivamente a las dependencias de gobierno el manejo de registros nacionales.

-

Gutiérrez y Araujo niegan que exista inconstitucionalidad. El primero señala que las cámaras “ya no estarán cuestionadas legalmente; además, para convencer acerca de la conveniencia de afiliarse, tienen que ser cada vez más profesionales en sus servicios”.

-

Araujo redunda: “Con la capacitación, la interlocución y las gestiones a favor de los socios (que tendrán ahora las cámaras) se hará necesario integrarse a una de ellas”.

-

LA FAMOSA REPRESENTATIVIDAD
-
Pero, más allá de las cuestiones jurídicas, en el fondo de las discrepancias existen concepciones diferentes acerca de la conducción empresarial y determinadas posiciones económicas e incluso políticas del sector. Quien posee la dirección de las agrupaciones empresariales, ya sea en el error o en el acierto, detenta una cuota innegable de poder en la vida económica del país; así lo demuestra, por ejemplo, su participación en la firma de acuerdos para el crecimiento económico –que se suscriben desde el sexenio de Miguel de la Madrid–, junto al gobierno y a los sindicatos.

-

Dentro de esta constatación, los dirigentes no pierden de vista que el modelo económico ha cambiado y hoy todos los ciudadanos se encuentran frente a una economía de mercado, “lo que requiere que las instituciones se adapten a ella”, justifica Gutiérrez. Y agrega: “La ley está fincada en el horizonte de modernización de las empresas, de participación en los mercados externos, de competencia abierta en el país”.

-

Por su parte, Araujo opina que el presidente Ernesto Zedillo ha tenido “una gran visión” al sacar la ley en este momento de transición, “para que así nosotros vayamos a la par con el mismo”.

-

En cambio, la ANIT, renuente a estas optimistas percepciones y más allá de la flamante legislación, manifiesta que las cámaras están desprestigiadas ante la mayor parte del empresariado, porque en lugar de representar y defender los intereses de sus asociados son un apéndice más del gobierno. Salcedo afirma que las asambleas de Canacintra “sólo han servido para que los secretarios de Comercio o de Hacienda lleven allí sus nuevos programas, y para conseguir aplausos y vítores”.

-

Ante esto, los dirigentes camarales consultados admiten que hay buenas y malas organizaciones, pero las que están a su cargo, afirman, sí son representativas de los intereses del sector. Pese a este convencimiento, Araujo expresa que lo que se busca es “una refundación de las cámaras, (...) que sean realmente representativas”. Aclara, frente a esta suerte de contradicción, que la nueva normativa vuelve a poner el tema en primer plano, dado que ahora la afiliación será voluntaria.

-

Gutiérrez destaca que en 1996 la Canacintra contaba con 46,000 empresas afiliadas voluntariamente, que representan cerca de 60% del universo potencial del sector, informando que hay otras cámaras que sólo poseen 30 ó 40% del total. Y en cuanto a ANIT, Gutiérrez y Araujo la califican de “fantasma”, porque, sostienen, representa a “unos pocos”. La asociación, por su parte, afirma tener cerca de 3,000 asociados y no estar “sola”. Salcedo informa que existen 500 asociaciones de libre afiliación en todo el país, que coinciden con ellos en la oposición a la ley y a las cámaras. Entre éstas cita a la Asociación Nacional de Contribuyentes que, según ellos, integra a 27,000 microcomerciantes de los estados de México, Hidalgo y Michoacán; la Asociación de Industriales de Tlanepantla, conformada por 1,800 empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales, asegura, producen 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, con 320 miembros; la Asociación Industrial de Iztacalco; la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Jalisco; el Foro de Cambio Empresarial de Puebla; la Alianza Empresarial Potosina; la Asociación de Industriales de Querétaro y la Asociación de Industriales de Michoacán.

-

LO QUE ESTÁ POR VENIR
-
Al margen de coincidencias o falta de consenso entre las cúpulas, ¿cómo reaccionan los empresarios afiliados frente a las cámaras y a la nueva ley?

-

El presidente de Canacintra comenta que organizaron varios foros a nivel nacional para cuestionar estos temas abiertamente. En una encuesta recogieron una corriente de opinión contraria a la ley, “pero sólo 1.8% de los encuestados dijeron que no querían que hubiese cámaras”. El mecanismo, dice, consistió en pedir a las empresas que si apoyaban a la cámara no regresaran el formulario, “o sea que si no teníamos respuesta negativa, dábamos por hecho que estaban a favor”.

-

Araujo, en tanto, manifiesta que es un tema nuevo, “la ley acaba de entrar en vigor y ahora sólo se está haciendo la promoción en las empresas”.

-

Mientras ambos prometen mejoras en sus servicios y aseguran que el SIEM proporcionará un cuerpo informativo necesario para el desarrollo del sector, las asociaciones civiles anuncian una desafiliación masiva y acciones de amparo contra la ley. Éstas se presentarán de cinco en cinco, el mínimo necesario para sentar jurisprudencia. Incluso, según Salcedo, la Alianza Nacional de Contribuyentes ha advertido que si no se respeta la Constitución se tomarán las cámaras.

-

Por otra parte, aunque el pasado 2 de enero la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) difundió sendos acuerdos que establecen las normas de operación del SIEM y las tarifas anuales que deberán pagar las empresas –que oscilan entre $100 y $670 pesos, según su número de empleados–, aún falta conocer el reglamento de la nueva ley.

-

Mientras Araujo dice que éste sólo se referirá a cuestiones operativas, Gutiérrez opina que allí se debe establecer claramente el funcionamiento de las cámaras y “que no pueden actuar políticamente a favor de ningún partido”. Quizá se refiere a la coordinación de las asociaciones civiles con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la presentación de amparos.

-

Salcedo, en cambio, teme que el reglamento –que comúnmente contiene aspectos clave de las leyes– esconda importantes aumentos en las tarifas del SIEM, o sorpresas como la obligación de inscribirse allí para que luego este organismo traspase al Estado gran parte del dinero de esas tarifas o, por último, que se consideren elevadas multas por incumplimiento con dicho sistema.

Inicia el día bien informado
Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día.

-

Cabe suponer, por lo tanto, que se avecina una etapa de confrontación entre los empresarios. Su desenlace revelará si las empresas apoyan a las cámaras, las que podrán demostrar así su representatividad.

Ahora ve
Polémica por información no verificada del pago a Gal Gadot en ‘Wonder Woman’
No te pierdas
ç
×