Los temas que habrán de afrontar quienes pretendan dirigir los destinos de México a partir de 2006 son distintos de los que los partidos políticos y los políticos mismos han enfrentado hasta ahora. Son más difíciles y complejos en cuanto a cómo abordarlos y cómo medir los resultados de las políticas que se adopten.
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Efectivamente, las razones de las crisis económicas en los últimos 30 años han sido: el déficit fiscal, el déficit de la balanza de pagos, la inflación, las altas tasas de interés, la deuda pública (sobre todo la externa), y la rigidez del sistema cambiario que dio lugar a devaluaciones. Estos temas ya no serán motivo de las crisis futuras.
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Ahora los nuevos retos son: crecimiento sostenido, creación de empleos bien remunerados y la recuperación de la competitividad. Ello será imposible si no se pone en marcha una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos en varios puntos del PIB.
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Hoy México es uno de los países con la recaudación de impuestos más baja como proporción del PIB. Si no fuera por el petróleo, estaríamos en serios problemas en las finanzas públicas. La reforma fiscal era un problema importante con Carlos Salinas, se volvió urgente con Ernesto Zedillo y se tornó emergente con Vicente Fox. Sigue sin resolverse y cada vez es más crítica la situación.
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La creación de empleos es otro de los pendientes. Hay un déficit de plazas de entre cuatro y cinco millones adicionales al que ya existía a fines de 2000. La solución a este vital asunto es la recuperación de la competitividad de la economía mexicana.
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Pero en todas las listas de competitividad, México pierde lugares y se desplaza de la media tabla hacia el sótano conforme pasan los años. Los análisis del Foro Mundial de Davos, de la consultora AT Kearney, del Banco Mundial, del BID o la OCDE, todos coinciden en que el ‘ambiente’ para hacer negocios en México se ha deteriorado. Todo lo contrario ocurre en países como Brasil, Corea, Chile, China, India. El panorama dista de ser optimista, de ahí que los candidatos a la Presidencia de la República deberán tener claro el diagnóstico y las alternativas de solución.
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La fortaleza fiscal y la capacidad del gobierno de intervenir ‘creativamente’ en la economía como catalizador de inversiones e innovación requiere recursos. La promoción de la vivienda social requiere recursos. La puesta al día de la infraestructura requiere recursos. Y para contar con los recursos se tienen que tomar decisiones duras y gastar capital político para plantear a la sociedad que estas cosas son inaplazables.
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La democracia misma está en juego. La gente no percibe que los progresos en materia política y de democracia le estén allegando mejoras en su situación material. Inclusive, en varios países de América Latina, hay fatiga del ajuste y una suerte de nostalgia por las épocas de los ‘gobiernos fuertes’ que aseguraban algún medio de sustento como parte de su oferta política, a cambio de no ofrecer libertades democráticas plenas. En México debemos evitar que eso suceda. Además, empiezan a dominar las voces más retrógradas y oscurantistas, que señalan a la falta de progreso material y económico como indicio de que las políticas están fracasando, cuando aun las mejores políticas necesitan tiempo para arrojar resultados.
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La oferta política del próximo presidente de México debe crear confianza entre la sociedad, las empresas y los inversionistas. Debe despertar una esperanza inteligente, cuestionadora, bien fundada, de que la cosas pueden mejorar, si tomamos las decisiones correctas. Pero también de que los cambios los debemos hacer en democracia, aunque tome más tiempo y las medidas no sean perfectas.
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El autor es ex secretario de Hacienda y consultor de empresas.
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