La deuda pendiente de la macroeconomía

Los sueldos de los trabajadores encierran una contradicción económica: Son el sustento de la mayor
María Hope

México ingresa cojo al siglo XXI en materia de salario real. Éste cayó entre 23 y 40%, según distintas estimaciones, en el actual sexenio. Por un lado, las cifras macroeconómicas entusiasman a quienes, desde una u otra trincheras, han impulsado y defendido las políticas de crecimiento de los últimos años. Vislumbran un país de inflación baja y estable a donde fluyan abundantes capitales que habrán de propiciar, ahora sí, un encadenamiento virtuoso entre la inversión, el empleo, la productividad, el salario, las ganancias y, como corolario, una paulatina disminución del desequilibrio en la distribución del ingreso.

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Sin embargo, por otro lado, no bastan para conformar a millones de trabajadores que desde hace 25 años se las ingenian para sobrevivir con uno, dos o tres salarios cada vez más depreciados.

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En febrero del presente año, por ejemplo, según investigaciones de la Universidad Obrera de México (UOM) el costo diario de la canasta básica de 40 productos era de $101 pesos, pero el salario mínimo de $37.90.

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Echando mano de datos que figuran en el anexo estadístico del v Informe de Gobierno, Pablo Álvarez Icaza, jefe de estudios económicos de Bursamétrica observa que, medido en pesos de 1994, el salario mínimo general real descendió de $13.44 pesos hace un lustro a $10.48 pesos en 1999, en tanto que en el sector manufacturero el declive fue de $102.37 pesos a $79.7, lo que representa en ambos casos una caída de alrededor de 23%.

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Con él coincide Adalberto González, socio consultor de Grupo de Economistas Asociados (GEA): según sus cálculos, en el actual sexenio se evaporó una quinta parte de la capacidad de compra del salario promedio, “lo que es bastante”.

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En cambio Laura Juárez, investigadora de la UOM, sitúa en 40% el retroceso real experimentado por los mínimos durante el mismo periodo, y advierte que cuanto más lejos en el tiempo se ahonde en la comparación, mayor resulta la pérdida de ese poder adquisitivo.

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El caso de las maquiladoras es elocuente. De acuerdo el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la propia cámara sectorial, las percepciones de los obreros maquiladores representan hoy, a lo sumo, 56% del valor que tenían en 1982. No obstante, al comparar el salario vigente con el de 1976, una vez deflactado, la evidencia resulta todavía más esclarecedora: en 24 años el salario mínimo “ha perdido –calcula Juárez– más de 90% de su valor”.

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No obstante, en el gobierno se felicitan por lo que consideran uno de los éxitos de su política antiinflacionaria de crecimiento y estabilidad: la recuperación salarial de los últimos dos años.

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Una fuente del Banco de México –que solicitó el anonimato como condición para la entrevista– hace cuentas y el resultado parece impecable. Expone: “En diciembre de 1998 se fijó en 14% el aumento al salario mínimo para 1999; sin embargo, la inflación fue de 12.3%. El año pasado el incremento a los salarios (para el 2000) fue de 10% y la inflación viene para abajo. Es decir, hay una ganancia real.”

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Ahora bien, ¿sobre qué base aprecian autoridades y analistas que el salario real está levantando cabeza? Básicamente sobre el consumo. Para Héctor Chávez, economista en jefe de Santander Investment, las variaciones en el consumo dependen, sobre todo, del poder adquisitivo de los salarios así como de la magnitud de la masa salarial, y hoy todo indica que ambos fenómenos suceden. “Lo que ocurre es que todos nos acordamos de 1994 y por eso creemos que no hay recuperación, porque no hemos alcanzado ese punto de comparación”, pero, según él, en unos años México volverá a tener niveles de consumo tan altos como el de entonces, sólo que esta vez ya no será un “espejismo”.

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Buena parte de esos “kilitos” que está empezando a reponer el mercado procede del consumo de los grupos de mayores ingresos. “La clase alta –precisa Álvarez Icaza– ha recobrado totalmente su poder de compra y en el estrato de ingreso medio hay una mejoría importante, aunque no a los niveles de 1994. Ahora, si vemos la clase de bajos ingresos, su avance ha sido muy relativo; esto quiere decir que está hoy mejor que hace un año, pero que todavía está mucho peor de lo que estaba hace seis.”

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¿Qué tanto es tantito?
En los círculos del gobierno –o próximos a él– existe una frase que podría hacer las veces de Alka-Seltzer, pues alivia los efectos del abuso. “La realidad es que poca gente gana el salario mínimo…, vaya, ni siquiera el servicio doméstico”, sostiene el anónimo informante del Banco de México.

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Sin ánimo, advierte, de ser despectivo, según él que si esa gente gana el salario mínimo es porque carece de calificación y su productividad es muy baja. “Es un problema muy obvio del mercado; el mercado no considera la parte humana, y si sólo tienes brazos para vender, pues eso no tiene un buen precio en el mercado.”

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Quién sabe si sea tan obvio. Como lo hace notar el analista de Bursamétrica: “Se habla mucho de que con la educación se puede generar productividad, y que con el aumento de la productividad a la gente se le puede pagar más, okay; cierto o no, el problema es que este proceso ha llevado 20 años de retraso y tampoco es una garantía sine qua non, porque a fin de cuentas puedes tener gente calificada y muy bien preparada que no encuentra trabajo y se emplea de taxista”.

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En todo caso, las cifras disponibles refutan la tesis de las autoridades. Con datos tomados de las encuestas de empleo de INEGI, Juárez deduce que casi un tercio de la población ocupada en México se emplea por un salario mínimo o menos y advierte que ésta, en vez de disminuir, ha ido en aumento. Entre 1993 y 1998, el número de trabajadores que percibía hasta un salario mínimo trepó 17% al pasar de 10.7 a 12.5 millones de personas.

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Aunque apenas perceptible, los datos del IMSS también expresan un alza. En 1995, de los 8.4 millones de cotizantes permanentes, 17.9% percibían un salario mínimo o menos; en julio de 1998, de los 10.8 millones de cotizantes, 18% entraban en esta categoría.

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Estos datos demuestran que no son pocos los que perciben esa remuneración. “Es increíble –juzga Álvarez Icaza– cómo se concentra tan fuertemente la población entre cero y tres salarios. Algunos funcionarios ven esto como un gran avance, cuando en realidad es una gran trampa, porque el ingreso de tres salarios mínimos es equivalente al de un salario mínimo de hace ocho años.”

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¿Y quiénes ganan hasta tres salarios mínimos? Una absoluta mayoría: 77%. En 1998 sumaban 29.8 millones de personas, cifra 18% superior a la de un lustro atrás (en 1993 eran 25.1 millones). Como contrapunto, sólo 2% de los trabajadores percibían más de 10 salarios mínimos.

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Juan Manuel Gordillo, analista de Consultores Internacionales (CI), observa que se está dando una “nueva jerarquización” del mercado laboral, un ámbito “donde –dice– las actividades son competitivas sólo en algunas ramas, y donde apenas 10% de población está arriba de los ocho salarios”.

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A decir de Álvarez Icaza, esta situación es reflejo de las diferencias en productividad y la sobreabundancia relativa de fuerza de trabajo, pero también de otras circunstancias. “La distancia entre lo que gana un ejecutivo y lo que gana un trabajador administrativo o manual es impresionante. Yo no sé si en el fondo hay también una connotación altamente racial, de desprecio hacia los pobres.”

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En su análisis sobre la estructura del mercado laboral, publicado en el número 29 de Cuadernos de Trabajadores, Edur Velasco, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma a su vez que “la redistribución de la masa salarial entre los trabajadores y la profunda diferenciación de los salarios dentro de la economía mexicana son el rasgo distintivo de la política salarial”.

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Salarios mínimos, ¿para qué?
Tan magros son los mínimos que muchos ponen en duda su papel. González, por ejemplo, opina que éstos no sólo han perdido su función remuneradora, sino que también “han dejado de ser un elemento de referencia en las negociaciones que se dan en otros sectores económicos y más bien pareciera que son otros los criterios que están prevaleciendo en las mesas de acuerdo laboral entre trabajadores y patrones”.

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Desde esta perspectiva, el economista de GEA minimiza el alcance de la política salarial que se ha venido aplicando; una política que, asegura, “se expresa únicamente en los incrementos que se dan a los mínimos cada fin de año”, y no atañe a los movimientos salariales que ocurren en el resto de la economía, pues éstos se rigen por la ley más simple del mercado: oferta y demanda.

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Sin embargo, la experiencia de los sindicalizados lo desdice. Enrique Aguilar Borrego, vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), refuta: “¿Cuántos contratos colectivos se han salido del referente del salario mínimo? Ninguno. No ha habido un año en que el salario mínimo no sea un referente”.

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Para Juárez, el principal problema de la política salarial “son los topes: el salario mínimo es un referente en el mercado de trabajo, y presiona a la baja el resto de las remuneraciones del sector productivo”.

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A Gordillo, en cambio, le recuerda esa “nunca muy efectiva estrategia de los pactos de solidaridad, que nació en Europa e irrumpió como una moda en México en los años 80”. Una estrategia tan reiterada que ya parece “la política que llegó para quedarse”.

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En todo caso, el propio CT ha puesto lo suyo para que esto suceda, pues sus afiliados tienen por costumbre utilizar como base de sus negociaciones el nivel de los mínimos. “Si nosotros conseguimos tres puntos arriba de la inflación en materia de salario mínimo –calcula Aguilar–, estaríamos pensando en subir cinco por lo menos en materia contractual, y eso es recuperar.”

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El problema de la inflación
Para él, es evidente que la compresión de los salarios está jugando una función central como instrumento de política antiinflacionaria, lo que si bien puede ser atinado cuando se está en el nodo de una crisis, en una situación como la presente puede volverse insostenible.

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Todos los entrevistados concuerdan con Aguilar, salvo uno. “El salario –discute la fuente del banco central– tiene incidencia en la política monetaria porque buscamos disminuir las expectativas de inflación, para que exista un cambio de referencia claro. Pero nosotros no tenemos nada que ver en la determinación de los salarios.”

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“El salario nominal –dicta el funcionario– debe compensar la ganancia en productividad y la inflación esperada; si se excede esa regla, al principio podrá haber una ganancia real, pero en dos años, ¿qué hará una empresa si sus costos laborales resultan ser mayores a la inflación?” La respuesta “es obvia: trasladará  la diferencia a precios”, activando un proceso inflacionario que tarde o temprano propiciará una caída del salario real.

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Gilberto Marín, presidente de Grupo PIMABE, la firma poblana que produce los pañales Chicolastic, ve las cosas de otro modo. “Cuando tenemos un rezago en el poder adquisitivo de los salarios, no me parece justo hablar de la expectativa (inflacionaria), más bien hay que encontrar la forma de recuperar el poder adquisitivo de la gente, pues no hay que olvidar que con su salario nuestro cliente nos compra. Hay un sector de la sociedad que no puede ser nuestro cliente porque tiene que escoger entre comprar pañales desechables y comprar comida.”

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Sin embargo, el directivo aclara: “Muchos hemos encontrado en la productividad la llave para generar los recursos necesarios y hemos mejorado la remuneración de nuestro personal por encima de la inflación”, y asegura que “la política salarial ha funcionado porque permite a las empresas otorgar salarios en la medida de sus posibilidades.”

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¿Quién se queda con la productividad?
Chávez, de Santander, explica que la recuperación del salario real en México no tiene que ver exclusivamente con la inflación, sino también, y sobre todo, con la productividad del trabajo y el empleo. “Si el empleo y la productividad aumentan, aumenta la masa salarial y por tanto se puede hablar de una recuperación.” Pero si la productividad es baja, los salarios tienden de manera natural a ser reducidos, aun cuando la inflación decrezca.

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“Normalmente –refiere González, la productividad se determina dividiendo el PIB nacional o por rama entre el número de trabajadores, pero un cálculo de este tipo ofrece sólo una visión parcial y sesgada”, puesto que las diferencias entre sectores, ramas y empresas son en ocasiones abismales. Por tanto, es necesario analizarla empresa por empresa, “y en relación con la mano de obra y el capital invertido. Pero aun así es un problema medirla. Ninguna metodología es contundente”.

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Antonio Gutiérrez, editor de la revista Trabajo y Democracia hoy del Centro Nacional de Promoción Social (Cenpros), recuerda que a principios de los años 90 este tema “se puso muy de moda, gracias a la autoridad laboral (que) obligó a empresas y sindicatos a firmar convenios de productividad, con la intención de que fueran permanentes”.

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Según él, muchas compañías  grandes y algunas medianas llevaron a cabo con éxito programas de este tipo, “logrando un aumento en la productividad al nivel de planta, pero esto no siempre ha beneficiado a los trabajadores”. Hacer efectiva la retribución por productividad exige, coinciden los entrevistados, una mínima organización laboral.

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Precisa el dirigente del CT, Aguilar Borrego: “Podemos pensar en un esquema de productividad cuando hay sindicatos, y si en México 16% de los trabajadores están sindicalizados, pues vamos a dejar a 84% sin (pagos por) productividad”. Además, “de ese 16% que tienen sindicato, muy pocos tienen productividad, porque los líderes y las empresas no le han entrado a ese esfuerzo”.

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En otro tiempo obrero textil y dirigente gremial, Gutiérrez conoce el juego. “Si un sindicato no sabe cómo medir la productividad en la empresa, no podrá negociar esos porcentajes extra y va a aceptar lo que la empresa le diga”. Y es un hecho que la mayoría  de los dirigentes, “por haberse dedicado durante muchos años a la política, no entiende la problemática de detalle de la empresa; sus actividades fueron siempre de presión, pero hoy hacen falta conocimientos técnicos para poder negociar”, insiste el vocero del Cenpros, un organismo dedicado a la formación de cuadros sindicales.

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Álvarez-Icaza enfoca esta realidad desde un ángulo que puede dolerle a algunos. “Si los trabajadores exigieran que realmente se les pagara su productividad, las empresas tendrían que reducir sus márgenes de maniobra, que han sido apoderamiento de productividad que no les corresponde a ellas, sino a sus trabajadores.”

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Al margen de las opiniones, un hecho llama la atención: la productividad de los mexicanos va en ascenso. En su estudio titulado TLCAN, maquilización de la economía, empleo y salarios, la investigadora de la UOM demuestra, con datos de INEGI relativos a la industria manufacturera, que desde 1993 la productividad ha crecido de manera consistente, al tiempo que los costos laborales disminuyen. Para 1999 el costo de la fuerza de trabajo en la industria manufacturera mexicana descendió 13%, mientras que su productividad avanzó 33%.

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Además, al comparar las cifras de los socios que componen el TLCAN, observa que entre 1994 y 1998 la productividad del trabajo en Estados Unidos aumentó 24.6%, en Canadá, 9.3% y en México, 35.9%, en tanto que los costos laborales medidos en dólares bajaron, en idéntico orden, 7.5, 10.7 y 43.7%.

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Quizás, como sugiere Gordillo, el gobierno debería “traducir a un lenguaje coloquial qué implica o cómo se mide la productividad, y de qué forma el salario puede reclamar como derecho los incrementos de la productividad en los incrementos al poder adquisitivo.”

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Salarios bajos, ¿ventaja o desventaja?
No obstante el impulso productivo de los trabajadores mexicanos la brecha salarial entre México y sus principales socios comerciales, incluyendo a países con un grado similar de desarrollo, se está ampliando.

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Datos vertidos por Velasco en el referido artículo indican que el salario medio industrial en México representa hoy 7% de su equivalente en la Unión Americana y 10% del de Canadá. A su vez, León Bendesky, en su libro México, de la euforia al sacrificio apunta que en 1987 el salario de un trabajador en México era de $0.97 dólares por hora; en Estados Unidos de $9.87 y en Chile de $0.78. Siete años después estos salarios crecieron a $2.13, $12 y $1.60 dólares respectivamente, pero en 1997 mientras en la Unión Americana trepaba a $13 dólares, y a $2.22 en el país austral, en México se contrajo a $1.45 dólares.

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“Si esto –advierte el autor– ocurre en el sector manufacturero, que opera en situación más homogénea, las diferencias son mucho mayores entre los trabajadores agrícolas, los de la construcción o los que no tienen una calificación para el trabajo.”

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Según González, para valorar las fuerzas propias la nación ha de medirse contra sus principales socios comerciales. ¿De qué le sirve a México compararse con China, si su intercambio fuerte y el mayor flujo de capitales gravita al norte de su frontera más larga?

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Para muchos, la distancia salarial entre México y Estados Unidos constituye el principal aliciente para el arribo de inversiones productivas, que anclan con mayor firmeza en las maquiladoras, precisamente, por la precariedad de los salarios y las condiciones laborales.

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“En los países menos desarrollados –acepta el presidente de PIMABE– el costo bajo atrae la inversión y es el boleto de entrada a los mercados internacionales, pero no puede durar mucho. De ahí en adelante –advierte– la salida es productividad, calidad, tecnología, educación, seguridad y confianza en el país.”

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También para el economista de GEA la ventaja de los bajos salarios mexicanos es relativa, en virtud de que “sólo están permitiendo compensar otros sobrecostos que se tienen por invertir aquí”: deficiencias en la infraestructura, problemas de abastecimiento oportuno, tramitaciones que parecen no tener fin, la inseguridad y el crecimiento de la economía informal, entre otros.

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Da por hecho que la inflación está controlada y que la economía se ha reactivado, pero advierte una debilidad: el sistema educativo no se ha adecuado a las exigencias del mercado global.

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En tanto que Juárez expone su convicción de que el abaratamiento de la fuerza de trabajo es resultado de una política deliberada de topes salariales, flexibilidad laboral y deterioro del salario social, insostenible en el largo plazo, Álvarez expresa por su parte: “Yo no sé si sea una política deliberada. Lo que sí creo es que la política antiinflacionaria es terriblemente antihumana. Hay empresas que pudiendo pagar mejores salarios no lo hacen… Y empresas que no pueden subir sus sueldos aunque quieran.” 

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