Hay una palabra acuñada en Argentina para denominar algo falso o de mala calidad: trucho. A pesar de que los productos truchos existen desde hace varias décadas (algunos economistas marcan el gran salto a la informalidad en los 80) la crisis los ha hecho crecer casi geométricamente.
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“Se trata de un fenómeno cíclico. Con la recesión aumenta la probabilidad de operar fuera del sistema y para muchas personas es una alternativa laboral ante la desocupación”, afirma el economista Juan Luis Bour, del centro de estudios FIEL.
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La necesidad de escabullirse de los efectos de la crisis obliga a agudizar el ingenio. Y es aquí donde aparecen expertos en la duplicación de libros, películas en video, música, software y hasta remedios. Paralelamente creció una red que arma la ingeniería logística y la entrega a los canales directos de venta: es la cadena completa de la economía negra.
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“En el caso del contrabando, la extensión de las fronteras en el país es un factor en su contra”, apunta Rubén Lajer, subdirector de la Dirección General de Aduana. Los “puntos calientes” son los límites con Paraguay (un país dónde ni siquiera existen registros de propiedad de automotores) y la triple frontera que también conecta con Brasil. Según el funcionario los productos más contrabandeados son aquellos de consumo masivo y los que tienen altos derechos de importación, como bebidas, cigarrillos y textiles.
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“Con la crisis se profundiza la economía informal”, afirma Laura Codda, encargada de Relaciones Institucionales en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. A diciembre de 2001 la producción marginal de ropa representaba 40% del mercado total. Esto implica que cada año se producen ilegalmente unos 100 millones de prendas por un valor cercano a $ 420 millones de dólares.
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“Hay más de 24 centros que venden en forma ilegal en las principales ciudades del país y todos fueron denunciados sin éxito ante las empresas por las marcas afectadas”, explica Constanza Lucini, de la consultora de marcas Clarke, Modet & Co. Argentina.
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Sólo el mercado negro de la ropa emplea a 24,000 personas y origina una evasión fiscal de $504.6 millones de dólares.