La energía: un asunto de Estado

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Enrique Silva

Tras ocho meses de que el presidente Zedillo enviara al Congreso una propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México, los avances en el tema no han sido notables.

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De acuerdo al Presidente no tendremos problemas de abasto de electricidad en éste y en los siguientes dos años, sin embargo, si no cambian las circunstancias, enfrentaremos una crisis energética al inicio del milenio.

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En pocos años habrá que hacer lo que antes nos tomó décadas. La inversión que se requiere para los próximos seis años es de $250,000 millones de pesos. Esto es más de lo que gastó el Gobierno Federal en educación, salud y seguridad social en 1999.

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La mayor parte de los actores involucrados tiene claro que es necesaria una inmediata mejora cuantitativa y cualitativa en el sector. Sin embargo, el contexto económico y el momento político en el que se da la discusión sobre el tema no ofrecen espacios favorables para negociar.

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Primero, no existen las condiciones políticas para negociar sin tintes partidistas; segundo, no se han superado las resistencias derivadas del significado que tiene para algunos políticos la palabra privatizar; tercero, no  hay suficientes acuerdos respecto a qué incluir y excluir en el paquete de privatización.

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Adicionalmente, la falta de definición de esquemas legales respecto a las formas de asociación entre gobierno e iniciativa privada no lucen atractivos para ésta. Es ilusorio suponer que inversionistas privados acepten asociarse con el gobierno en una relación de  49% contra 51% de control del negocio.

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Lo que atrasa la solución está más relacionado con lo político que con lo económico: Se requieren una permanente estabilidad política y económica y acuerdos sólidos y confiables con el sindicato, que den confianza y certidumbre tanto a los trabajadores como a los inversionistas.

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Sin un marco legal claro y que no sea vulnerable a los cambios de la política económica que se presenta cada sexenio, es casi imposible  encontrar soluciones inmediatas al tema.

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La falta de capacidad negociadora de los diversos grupos de interés involucrados, ha traído consigo dilaciones y poca esperanza para resolver a lo que nuestro juicio puede ser un “talón de Aquiles” en la atracción de inversión (de otros sectores de alta demanda de energía) y por supuesto en el desarrollo del país.

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Hace 10 años ya era tarde para este debate. Su indefinición ahora comienza a hacer un daño estructural al  futuro del país. Ya no hay mucho tiempo para discutir. Si el asunto es político que se resuelva políticamente, pero que se resuelva. El país no podrá tolerar falta de energía.

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