La mala educación

El asalto a la tribuna y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la difusión de grabaciones ilegales cuyos contenidos evidencian los arreglos entre el gobierno del Distrito Federal (GDF) y el grupo dominante en la Asamblea Legislativa del DF, que encabeza el honorable señor René Bejarano, exhiben otra vez la pequeñez de nuestra clase política y agregan factores de riesgo a un escenario de por sí complejo.

- Los grupos de legisladores perredistas que atropellaron la legalidad y reventaron las sesiones de la Cámara de Diputados no consiguieron frenar la iniciativa y regresarla a comisiones. Sin embargo, los del PRD no están solos en su rudeza e intransigencia. Del otro lado de la trinchera, legisladores del PRI y del PAN también están haciendo lo suyo: lograron sacar fast track el dictamen de reforma constitucional al artículo 122 en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa que aunque golpea duramente las finanzas del Distrito Federal, su verdadera intención es reducir los márgenes de maniobra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que para ello tenga que afectarse a la ciudad, a su administración pública y a sus nueve millones de habitantes.

- Si se aprueba en el Senado y en por lo menos 16 legislaturas estatales, a partir del año próximo el gobierno capitalino podría ver mermado su presupuesto en una cantidad que oscila entre $5,000 y $9,000 millones de pesos. En el peor de los escenarios esto es algo así como el monto del presupuesto de 10 delegaciones, el doble de la partida para Seguridad Pública o más del costo anual de todo el transporte capitalino (metro, autobuses, trolebuses).

- Cuestión de “equidad”
El argumento expresado en el dictamen de la reforma aprobada el 12 de octubre pasado, invoca criterios de equidad y transparencia. he aquí como se dijo textualmente: “…resulta incongruente que si, de acuerdo con la reforma constitucional de 1996, se le otorgó el nivel de entidad federativa, no se le haya impuesto la obligación de participar en el gasto público destinado a cubrir la educación básica obligatoria, como lo hacen las demás entidades federativas”.

- Pero la disputa real no tiene que ver con lograr o impedirle que se haga cargo, con sus propios recursos, de la enseñanza básica del DF, los alegatos de uno y otro bando simplemente buscan encubrir lo que está realmente en juego: por parte del GDF, la posibilidad de seguir disponiendo de enormes recursos para mantener políticas públicas que apuntalen la candidatura de López Obrador, y por parte de la alianza PRI-PAN: sacar del juego al jefe de gobierno del DF.

- Los promotores de la reforma constitucional al artículo 122 se preguntan por qué mantener en materia educativa un sistema de privilegios al DF que se financia con las aportaciones de todo el país y recuerdan que las grandes instituciones públicas de educación superior (la UNAM, la UAM, el CIDE, el Colegio de México y el Instituto Politécnico Nacional) benefician, esencialmente, a los estudiantes del DF, pero no reciben contribución alguna del GDF.

- Señalan también que en todas las entidades federativas, excepto el DF, el gasto educativo absorbe la mayor parte del gasto programable. En el Estado de México es de 52.9% ($28,835 millones de pesos); en Veracruz se destinan $17,432 millones a la educación, es decir, más de 80% del gasto social; y en Jalisco $16,718 millones, equivalente a 53% de su presupuesto.

- Sin embargo, los opositores a la reforma recuerdan que el DF es la entidad del país que más aporta al Producto Interno Bruto (23.2% frente a 9.6% del Estado de México y 7.2% de Nuevo León); la que más contribuye por concepto de impuestos y otros ingresos ($470,000 millones de pesos por IVA, ISR y otros), y la que más recursos transfiere al resto de la federación (sólo recibe participaciones por $27,548 millones, equivalente a 2.6% de lo recaudado). Otro de los argumentos es que el DF es la entidad que recibe el trato más injusto en materia de participaciones y transferencias federales (apenas 19%, siendo que el promedio nacional es superior a 45% y el segundo “peor tratado”, Nuevo León, alcanza 26.7%).

- De golpe y porrazo
Por otra parte, llama la atención el apresuramiento con el que se manejó la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué, repentinamente, los legisladores del PRI y del PAN decidieron resolver ese tema largamente pospuesto? ¿Cuál será el monto de los recursos que perderá el DF y a dónde irán a parar?

- El traspaso de los servicios educativos debe darse a partir de un programa negociado entre la autoridad federal y la local. Es preciso establecer las condiciones que permitan al gobierno capitalino aterrizar un proceso tan complejo.

- En esta discusión se ha confundido la reforma constitucional con la descentralización. Son dos cosas distintas, con la adición al artículo 122 constitucional no se resuelve ni se pone en marcha el postergado proceso de descentralización de los servicios educativos a la administración capitalina sino simplemente se busca trasladar una buena parte del costo.

- En otros términos, al margen de la eventual descentralización (que puede o no ocurrir) la mayoría insurrecta contra los privilegios del “centro” decidió arrebatar lo que considera razonable: puesto que el DF no aporta nada para sufragar la educación básica que el gobierno federal imparte en su territorio (preescolar, primaria, secundaria, indígena, especial), nada más simple que sustraer de las participaciones federales el famoso “equivalente al gasto medio nacional”; cantidad que rebasa los $5,264 millones de pesos, de acuerdo con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

- Alguien tendrá que explicar cuál es el sentido federalista y solidario de transferir recursos a las entidades que se encuentran en mejores condiciones para destinar recursos propios al sistema educativo en lugar de fortalecer a las más necesitadas. Tal es el caso de Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero e Hidalgo que aportan entre 3% y 7% de su gasto educativo.

- Por encima de la ley...
No hay forma de justificar la urgencia de sacar la reforma para garantizar que el recorte presupuestal se ejecute a partir del próximo año; tampoco de disculpar la inconsistencia jurídica y constitucional de la operación en su conjunto, contraviniendo los más elementales principios del pacto federal y toda racionalidad administrativa; la irrelevancia —o desatino calculado— de los argumentos “federalistas” y “educativos” cuando, en los hechos, se trata solamente de golpear la capacidad financiera de un gobierno (eventualmente perredista) para fortalecer las arcas de unos cuantos (por casualidad dos priistas, dos panistas).

- La ruta de la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados no permite anticipar sorpresas, ya llegó al Senado y, pese a las diferencias en la bancada tricolor, seguramente logrará la ratificación de una sólida mayoría PRI-PAN. Lo mismo en el trayecto por los congresos estatales, donde fácilmente alcanzará la aprobación de las 16 legislaturas necesarias.

- Todavía queda por explorarse la vía de la controversia constitucional. Largo y sinuoso camino hasta conocer la última palabra, definitiva e inatacable, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ciudad capital como teatro de operaciones del simulacro democrático: la intransigencia de las mayorías que provoca y alienta el primitivismo de las minorías. Y mientras tanto, la ciudad en vilo y su población como rehén del juego sucio y la mediocridad de la clase política.

- Lo más grave de todo es que mientras las facciones de uno y otro bando se disputan los recursos públicos y buscan golpear o, incluso, aniquilar al adversario, el verdadero tema, la situación que guarda la educación pública –crucial para la formación de niños y jóvenes en los valores y conocimientos que reclama este tiempo de enorme competencia– parece no importarle a nadie.