La reforma de la justicia

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Sergio Sarmiento

Pocas demandas populares son tan intensas en nuestro país como la que exige una mejor justicia. Esto lo entendió perfectamente Ernesto Zedillo Ponce de León cuando era candidato presidencial, y por ello, apenas a cinco días de haber asumido el mando de la nación, anunció una serie de iniciativas destinadas a reformar el sistema de justicia. Las propuestas fueron bien recibidas entre la población, pero esto fue en buena medida consecuencia del hecho que la mayoría no entendió el propósito real y las limitaciones de la reforma.

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Cuando la gente habla de "justicia" no entiende lo mismo que los juristas. El pueblo confunde el término con el de seguridad pública, por lo que a menudo cuando exige una reforma de la justicia está pidiendo en realidad un cambio en los sistemas de policía. Pero aun cuando se aplica propiamente, la voz tiene dos sentidos muy diferentes: por una parte se refiere al sistema de procuración de justicia y, por la otra, al de adjudicación de esa misma justicia.

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Cuando se entienden estos tres sentidos del término se comprende un poco mejor por qué una propuesta que fue bien recibida por la población en general, ha sido objeto de tantas críticas entre los juristas. Se ha dicho, no sin cierto grado de razón, que el presidente Zedillo se ha escudado en el clamor nacional por una mejor seguridad pública y por una mejor procuración de justicia para arremeter en contra del sistema de impartición de justicia.

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La ofensiva más fuerte dentro de las iniciativas constitucionales de reforma sometidas al Congreso por el presidente se ha registrado en contra de la parte del sistema judicial que se ha ganado el mayor respeto: la Suprema Corte de Justicia. La propuesta obligaría a todos los ministros de la Corte a pasar a un retiro obligatorio, cuando el texto todavía vigente de la Constitución les garantiza la inamovilidad con el fin de que puedan ejercer su función sin ceder a presiones por parte del Poder Ejecutivo. Algunos juristas han llegado a considerar que la destitución sin causa de todos los ministros de la Corte es un simple golpe de Estado en contra del Poder Judicial.

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Muchas de las iniciativas que ha presentado el presidente Zedillo en su paquete de propuestas son más aceptables, como, por ejemplo, eliminar la carga administrativa que tienen que llevar los ministros de la Corte con el fin de que se puedan concentrar en el trabajo técnico de adjudicación de justicia. La propuesta de hacer que el Senado ratifique con su voto la designación del procurador de justicia es también positiva, ya que otorga al Legislativo una corresponsabilidad en esta delicada tarea.

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Pero la verdadera reforma de los sistemas de seguridad pública y de justicia requiere de soluciones más profundas. La reforma más difícil ni siquiera se ha empezado a tocar: la de los sistemas de policía, de la federación y de los estados y municipalidades. La modernización del sistema de procuración de justicia, por otra parte, requiere de cambios en la manera en que se designa a los encargados de las procuradurías y en todo el sistema legal, excesivamente complicado y en el cual al acusado se le reconocen pocos derechos.

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El sistema de impartición de justicia también requiere de modificaciones, pero las más urgentes no están en la estructura de la Suprema Corte sino en la exageradamente pesada carga de trabajo de los tribunales inferiores. Si bien hay jueces que se venden al mejor postor, el motivo más común de corrupción en los tribunales inferiores es el exceso de casos y de papeleo. Las dádivas usualmente están destinadas a expeditar ciertos asuntos y a retrasar otros. El tiempo se convierte así en el verdadero juez: un fallo de inocencia, con el consiguiente "usted disculpe", no tiene ningún sentido para una persona que ya ha pasado años en la cárcel por un delito que no cometió.

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El presidente Zedillo ha sabido interpretar la demanda de los mexicanos por una mayor seguridad en las calles y en sus trabajos y por una mejor y más expedita justicia. Lo importante es que las reformas ayuden a resolver estas demandas sociales.

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El autor es director editorial de Encyclopedia Britannica Publishers, Inc. (Iberoamérica), y también comentarista de Televisión Azteca.

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