La roca en el zapato

La presentación del paquete de iniciativas para reformar el sistema financiero ha dejado en evidenc
Alejandro Castillo

El pasado 31 de marzo, el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa para que las obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, que cuenten con el aval o la responsabilidad solidaria del gobierno, pasen a formar parte de la deuda pública. Como era de suponer, esa medida ha generado un gran debate, que permite reconocer varios aspectos de la situación en que se encuentra la realidad económica y política del país. Vale apuntar que los pasivos del Fobaproa  ascienden a $552,300 millones de pesos, cifra que duplica el saldo de $273,655 millones de pesos que se tuvo en la deuda pública interna al cierre de 1997.

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En las últimas dos administraciones se ha caído en la práctica de culpar al pasado populista de las restricciones impuestas a la economía. Sin duda, esos regímenes propiciaron situaciones que era necesario corregir y así se suponía que se había hecho durante el sexenio pasado, cuando, gracias a las privatizaciones realizadas, la deuda neta del sector público –interna y externa– pasó de representar 64.1% del PIB en 1988, a sólo 19.5% del PIB en 1993. Posteriormente, debido a la obsesión de mantener baja la inflación e impulsar la demanda interna mediante el ahorro externo, en 1994 la deuda pública repuntó a 32% del PIB y llegó a 37% en 1995.

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Después, con grandes esfuerzos, mediante la drástica contracción del consumo interno y aprovechando que los capitales se encontraban ofrecidos en los mercados internacionales, se logró reducir nuevamente la deuda pública a niveles cercanos a 22% en 1997. Hoy se reconoce que el país arrastra otra deuda, la del Fobaproa, que si bien no está asentada como deuda pública, es innegable que se trata de pasivos avalados por el gobierno federal, por lo que la deuda pública total se eleva realmente a cerca de 40% del PIB. Esto ya no corresponde a los errores del pasado populista, que ya fueron pagados con creces, sino que son consecuencia de fallas en el pasado reciente.

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CAMBIO EN LA  RELACIÓN DE PODERES

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Si en las elecciones de 1997 no se hubiera modificado la relación entre los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados, es probable que al gobierno le hubiera resultado más fácil manejar el problema que representa el Fobaproa. En realidad sólo significa cambiar de lugar el asiento de un pasivo que ya existe, a otro en el que se va a poder administrar de mejor manera, pero requiere la aprobación del Congreso. Sin embargo, con una mayoría opositora y con la vigilancia de los ciudadanos, ahora este tipo de iniciativas requiere de un mayor análisis, no sólo de cómo y por qué se llegó a esta situación, sino de cuáles pueden ser las consecuencias de una u otra decisión.

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Analizar las causas de los problemas no es, como se ha querido señalar, un ejercicio ocioso que sólo dificulta seguir avanzando. Al contrario, es un esfuerzo indispensable para un país que no quiere cometer los errores del pasado –incluso del reciente– y desea dar pasos firmes hacia el futuro. Obviamente, hay quienes se molestan porque quisieran que el trabajo legislativo fuera sólo de trámite, como sucedía anteriormente. En estos momentos la sociedad tiene la esperanza de que los legisladores sí cumplan y en ello incluso se han comprometido representantes priístas; aunque, como ya sucedió en esta legislatura, habrá algunos que intentarán sabotear esos trabajos.

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En ese sentido, son dignos de atención los llamados de la dirigencia empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), no para exigir a los legisladores que se esmeren en hacer bien su trabajo y realicen un análisis cuidadoso de las propuestas, sino para que apresuren el trámite. Como parte de la urgencia que tienen funcionarios públicos y dirigentes empresariales, se llegó a decir que la no aprobación de la iniciativa presidencial frenaba la desincorporación de los activos de Banca Confía que estaban en manos del Fobaproa.

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Sin embargo, el 11 de mayo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que Citibank adquirió Confía, con la totalidad de su cartera crediticia, incluidos los pasivos vigentes y los que con anterioridad habían sido vendidos al Fobaproa, así como las sucursales. Citibank pagó el valor en libros de Confía más una prima de $45 millones de dólares. Ciertamente, la actual forma de operar del Fobaproa –que adquiere los pasivos pero no administra esa cartera ni los activos que le sirven de garantía–, implica un costo y podría significar un deterioro de los activos comprometidos. No obstante, eso no comenzó a partir de que se presentó la iniciativa ni tampoco es culpa del Congreso, que tiene la obligación de corregir y generar el marco adecuado para prevenir que a futuro se presenten nuevamente estas situaciones. Incluso, hay quienes estiman que antes de dar su aprobación debería investigar si se pueden establecer responsabilidades por malos manejos.

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¿Y LOS DEUDORES?

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Con la iniciativa enviada por el Ejecutivo se quita a la banca la administración de los pasivos adquiridos por el Fobaproa. De antemano se ha señalado que estos no podrán ser colocados en el mercado a su valor y la recuperación que resulte será mínima –se ha dicho que si todo va bien, ésta sería de un 30%–; es decir, se pide a la sociedad que asuma como pérdidas 70% de los recursos comprometidos. Si en la otra cara de la moneda se tiene a miles de familias y empresas ahorcadas financieramente por la capitalización de intereses, se podría aprovechar la propuesta presidencial para buscar una solución inteligente y definitiva a ese problema. Por ejemplo, el acuerdo del Congreso podría establecer bases de negociación con los deudores que estén dispuestos a cumplir con el pago de su deuda, ajustando el monto de los intereses al esfuerzo que es viable dentro de la situación económica que viven esos grupos. Lo cierto es que esta iniciativa, que compromete a toda la sociedad, ya no sólo a los banqueros y al gobierno, da pie para que la sociedad busque la manera de subsanar las heridas de la crisis.

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Obviamente, sería necesario tomar en cuenta que debe premiarse a quienes han sido deudores cumplidos y por lo mismo continúan dentro de la cartera administrada por la banca; para ello se podría aprovechar la cláusula del Fobaproa que establece que al término de 10 años la banca deberá pagar 25% de los pasivos que no fueron recuperados. Vale la pena analizar esa posibilidad.

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Se ha dicho que de no aprobarse el paquete de reformas al sector financiero –que además del nuevo trato a los pasivos del Fobaproa, incluye medidas para vigilar a la banca, que la CNVB  pase a ser coordinada por Banxico, que éste administre la política cambiaria y exista más apertura a los capitales foráneos en la banca, entre otras – se corre el riesgo de una nueva crisis. Lo cierto es que las crisis se generan cuando se permite la acumulación de presiones exageradas en alguna de las variables macroeconómicas. Ese riesgo subsiste, ya que nuevamente se propicia la formación de desequilibrios, como sucede con la apreciación que se observa en el tipo de cambio, la cual ya es de casi 13% y tiende a seguir creciendo. Si se presenta otra crisis, no será porque el Congreso decida tomar su tiempo para analizar las propuestas presidenciales.

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