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Las dos caras de Andrés Manuel

Más cómodo en las manifestaciones que en los escritorios, el jefe de gobierno quiere conservar su
mar 20 septiembre 2011 02:54 PM

Ante la mención de su nombre, pocos empresarios se mantienen indiferentes. En 11 meses al frente del gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador ha mostrado dos caras a la sociedad civil: la de político que enarbola la bandera "por el bien de todos, primero los pobres" y otra de gobernante de izquierda que trata de atraer a la iniciativa privada para reactivar la economía.

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La tarea no es fácil, sobre todo si se toma en cuenta que el jefe de gobierno ha cambiado las reglas de convivencia entre la autoridad y los empresarios. Una transformación que no todos han visto con buenos ojos.

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Basta recordar las fricciones que provocó con la revisión de contratos de la publicidad en el Metro o los parabuses, el retiro de espectaculares, los límites al crecimiento de gasolineras, la mano dura con los bares y centros nocturnos y el retiro de la policía de los bancos.

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Todo ello, junto con una política de subsidios para la población con menos recursos, microcréditos para el autoempleo o la microempresa, y las frecuentes consultas a la ciudadanía, alimenta las dudas sobre el buen juicio en el uso de los recursos públicos.

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El funcionario nunca prometió un gobierno para los hombres de negocios. Sus preferencias eran claras desde el principio. Echó a andar primero sus programas de desarrollo social y su lucha contra la irregularidad y los excesos del sector privado coludido con gobiernos del pasado. Pero reconoce que para alcanzar sus metas sociales necesita que los empresarios generen crecimiento económico. "No se puede hacer a un lado la iniciativa privada –admite–. En la medida en que la ciudad produzca riqueza y genere empleos tendremos finanzas públicas sanas y podremos pagar el desarrollo social."

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Su intención no es lograr esto a la antigua, con el gasto público, sino con el fomento a la inversión, la reducción de la burocracia y mayor seguridad.

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"Esta ya no es la ciudad del Presidente –afirma Alejandro Encinas, secretario de Desarrollo Económico (SEDECO)–. Hay un gobierno local y esto nos da certidumbre para generar un proyecto de largo plazo."

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Según el funcionario, durante más de dos décadas se desalentó la inversión y el desarrollo del Distrito Federal. A la par de que una "mal entendida política de descentralización" del gobierno federal "desmanteló" la planta productiva de la capital.

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En 1993 el DF aportó 24% del Producto Interno Bruto del país; hoy contribuye con 22%. En los últimos ocho años la economía capitalina creció por debajo de la media nacional, mientras que problemas como el desempleo o la inflación se incrementaron más que en el resto del país.

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"Si esto lo proyectamos a cinco o 10 años tendremos muy malas noticias para el presente y futuro de esta ciudad", estima Eduardo Vega, director de Registro y Fomento Económico del Distrito Federal.

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Mario Rodarte, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), asegura que los costos indirectos de las empresas aumentaron en tal magnitud –debido a factores como inseguridad , corrupción, poder discrecional y complicación en los trámites de gobierno– que prefirieron abandonar la capital. "Por más que el jefe de gobierno diga que la desaceleración y la política neoliberal causan el elevado desempleo, nosotros lo observamos de un modo diferente: es el hecho de que las compañías hayan decidido cerrar e irse lo que deja gente desocupada."

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Como una muestra de esa falta de entusiasmo, la oficina de Registro y Fomento Económico recibió entre junio y agosto la notificación de sólo 40 nuevas aperturas de negocio.

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En la encuesta sobre Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas, que realiza entre empresarios el CEESP, la ciudad de México ocupó en el 2000 el último lugar del país, debido a la baja eficiencia en trámites y gestiones, el uso frecuente de poderes discrecionales, sobre todo en la entrega de permisos de uso de suelo, agua y autorizaciones ambientales. "Estamos en el peor de los mundos posibles", dice Rodarte.

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¿El más deficiente lugar para los negocios?

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López Obrador comenzó a corregir la irregularidad en los negocios. Casi de inmediato, al empezar su gobierno, la Oficialía Mayor empezó a revisar los 1,000 permisos administrativos temporales revocables (PATR) otorgados a firmas privadas. La intención era acabar con los favores políticos, decisiones discrecionales y maximizar el ingreso de la ciudad, dice Carlos Heredia, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), el agente inmobiliario del gobierno capitalino que administra la mayoría de los contratos bajo lupa.

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Una de las revisiones más polémicas fue la que se hizo del contrato con Equipamientos Urbanos de México (Eumex), la empresa que instala paradas de autobuses a cambio de la venta de espacios de publicidad. Desde finales de 1998, Eumex lleva una lucha legal para quedarse con el PATR firmado en 1995 y que vence en 2016. Según el gobierno capitalino, Eumex tuvo ingresos por $300 millones de pesos en 2000 y pagó a la ciudad sólo $5 millones o 1.6% en regalías. Antonio Torres, presidente del grupo, filial de la multinacional FCC-Vivendi, afirma que no factura tanto dinero con sus operaciones en las 12 ciudades del país y cuatro naciones de centroamérica. Torres concluye que López Obrador, igual que sus dos predecesores, actúa de buena fe, el problema es que está muy mal informado por sus asesores.

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Otros contratos en revisión son los de la publicidad en el Metro, parquímetros, el autódromo Hermanos Rodríguez (Foro Sol), Palacio de los Deportes y muchos lotes de estacionamientos.

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Encinas defiende la reconsideración y rechaza la idea de que podría desalentar los negocios. "No se trata de atacar a los verdaderos inversionistas sino enfrentar un problema de corrupción. En el momento en que se dio la revisión, aparecieron infinidad de postores para dar estos servicios."

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Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) explota el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, pero sus directivos adoptan una posición positiva. José Manuel Álavez, director corporativo de Desarrollo del grupo, comenta que "éstos contratos están en una revisión continua. Todas las administraciones revisan periódicamente los niveles de cumplimiento".

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El camino a la regulación ha sido aun más controvertido para los centros nocturnos. Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos afirma que el jefe de gobierno, junto con la delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, tomaron el criterio de cerrar y acabar con la vida nocturna en la ciudad. A raíz del incendio de la discoteca Lobohombo las autoridades capitalinas salieron a la calle para verificar antros y clausurar los que no cumplieran con las normas. La asociación hizo un acuerdo con el gobierno de Rosario Robles para que se respetaran las fuentes de trabajo, y diera oportunidad a los empresarios de corregir sus irregularidades e instalar sistemas de protección civil en los establecimientos. "Desafortunadamente el gobierno actual se dedicó a clausurarlos sin darles la mínima oportunidad de regularizarse." El saldo: 649 negocios cerrados, según la autoridad capitalina; 13,000 puestos de trabajo y 8,000 empleos indirectos perdidos, según Rivera.

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El representante del gremio nacional estima que 90% de los centros de esparcimiento no cumplen con la ley porque es improcedente. Por ejemplo, dice, la legislación no contempla giros como discoteca, bar o table dance. Una propuesta de ley que analiza la Asamblea Legislativa del DF solucionaría 80% de los problemas, al decir del entrevistado, pero para los dueños de centros nocturnos aún queda convencer a los vecinos de los lugares en los que quieran operar. La propuesta actual incluye la necesidad de obtener el visto bueno de los residentes dentro de un radio de tres manzanas como uno de los requisitos para abrir un nuevo local.

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El sector de las gasolineras es otra víctima aparente del gobierno capitalino. El bando informativo número 8, emitido el 14 de diciembre de 2000, restringe la instalación de estos negocios en nueve delegaciones céntricas. Encinas argumenta que en algunas existen estaciones de servicio colindantes mientras que en Tláhuac no hay ninguna.

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A pesar de esta medida, William Karam, presidente de Hidrosina, una cadena de 67 expendios del combustible, ve con buenos ojos los métodos de la actual administración. El apego a la ley ayuda al operador de estaciones de servicio cuando surgen conflictos con los vecinos. "El gobierno actual es más estricto pero más próximo a la ley. Él mismo dice que si el uso de suelo permite la operación de una estación de gas y todo está en regla, no tiene forma de oponerse."

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La comunicación con los comités vecinales ayudó a resolver conflictos por la ubicación de gasolineras junto a escuelas, pues, dice, "tanto gobierno como empresas tienen que tomar en cuenta lo que dicen los residentes y adoptar un papel conciliador."

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El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey adoptó la misma actitud cuando un grupo de pepenadores frenó durante dos meses la construcción de un campus sobre un predio que antes era un basurero.

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Roberto Zapata, presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal, reconoce que hay disposición del gobierno para resolver los problemas. La "tramitología", por ejemplo, ha bajado "un poquito" y según sus encuestas hay sectores como el de discos y fonogramas que ya han aumentado sus ventas gracias al combate a la piratería y el comercio informal, que durante el año pasado provocó perdidas al comercio establecido por casi $150,000 millones de pesos. Aún así considera que falta mucho por hacer.

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Todo para la inversión

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Para algunas iniciativas, López Obrador ha tendido la mano hacia el sector privado. "Como jefe de gobierno recibo a todos y me reservo el derecho a opinar porque tengo que buscar que se invierta en la ciudad." El 22 de febrero de 2001, creó el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, integrado por 18 empresarios y funcionarios del gabinete económico capitalino.

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Además, el jefe de gobierno se reúne a menudo con hombres de negocios y sus asociaciones. Por ejemplo, a finales de agosto comió con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, cuyos noticieros habían mantenido una guerra no muy velada contra los anteriores gobernantes perredistas de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. López Obrador afirma utilizar estos encuentros para intercambiar puntos de vista sobre la ciudad e informar a sus interlocutores que es importante atender a los pobres.

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Fue en una plática de este tipo, en mayo, que el perredista le planteó a Carlos Slim, presidente de Telmex y Grupo Carso, la presidencia del Comité del Rescate del Centro Histórico. Al empresario le interesaba el proyecto porque su padre desarrolló su actividad comercial en esa parte de la ciudad, explica el jefe de gobierno.

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Pero Slim le advirtió que su respuesta estaba supeditada a la consulta previa con el Presidente de la república. Casualmente, en junio, cuando el escándalo del toallagate señalaba los excesos de gastos en la Presidencia, López Obrador dio tregua a sus críticas a Vicente Fox. A principios de julio, el Ejecutivo federal y el gobierno capitalino discutían en Los Pinos el rescate del centro histórico.

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Slim explica a Expansión que "el apoyo del gobierno federal y del gobierno de la ciudad hacían viable que se avanzara de manera importante".

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El rescate de esa zona de la ciudad de México es uno de los tres programas nodales en la reactivación de la economía capitalina, junto con la creación de parques industriales de alta tecnología y el apoyo a la pequeña y mediana empresa.

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El plan maestro

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Los tres planes son ambiciosos. La recuperación del centro histórico busca darle nueva vida al primer cuadro de la ciudad, de 10 kilómetros cuadrados, en el que se ubican 8,000 inmuebles coloniales (4,000 de ellos requieren restauración). El proyecto incluye viviendas, revivir los circuitos financieros de las calles de Isabel La Católica y Venustiano Carranza, e incluso instalar industrias no contaminantes.

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El gobierno otorgará estímulos fiscales de hasta 100% en adquisición de inmuebles, simplificación administrativa para el uso de suelo y agua, así como exenciones de hasta 50% en el impuesto sobre nóminas y 25% en predial y agua durante 10 años. El gobierno federal dará exenciones hasta de 50% en el impuesto sobre activos.

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"Queremos que el centro histórico sea concebido como un paraíso fiscal", asegura Encinas.

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La vialidad de la zona será reordenada mediante cambios en el sentido de circulación de las calles, la modificación de las rutas del transporte público, descarga nocturna de mercancías, reubicación de bodegas, así como la creación de 700 nuevos espacios comerciales en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para reducir el número de vendedores ambulantes. Encinas no dice nada acerca de la inseguridad que enfrentarán los pioneros en el rescate.

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Para el pasaje turístico Basílica de Guadalupe el gobierno tiene compromisos de financiamiento por $500 millones de pesos con el fin de ampliar el atrio de la basílica y reconstruir la zona aledaña. El corredor Reforma-Alameda incluye la rehabilitación de edificios y la construcción de hoteles como el Sheraton Alameda y el Fiesta Alameda, oficinas corporativas y vivienda media y popular, mediante convenios con empresas inmobiliarias. El gobierno capitalino invierte de forma directa en la construcción de 80 frentes habitacionales.

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Encinas afirma que las inversiones privadas comprometidas suman más de $1,000 millones de dólares. Algunos de estos desarrollos iniciaron con administraciones anteriores pero la mayoría son nuevos, dice.

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Como segundo eje de desarrollo económico, López Obrador prepara otro paraíso fiscal, en la forma de parques industriales para empresas de telecomunicaciones, microelectrónica, hardware y software.

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El jefe de gobierno quiere atraer la industria de alta tecnología por su bajo consumo energético, de agua y materias primas, y la generación de recursos económicos y empleos de alta calificación y remuneración. "En lo que corresponde al desarrollo industrial, la única posibilidad es esta, por la sustentabilidad de la ciudad" , dice.

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El primer parque se ubicará en la delegación Azcapotzalco. Servimet licita a desarrolladores inmobiliarios el terreno del antiguo rastro de la ciudad, Ferrería, de 104,000 metros cuadrados, valuado en $17 millones de dólares. El proyecto contará, además de naves industriales, con áreas de servicio como restaurantes, algún hotel, vialidades internas, patio de maniobras, así como un centro de negocios y exposiciones.

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La administración otorgará estímulos fiscales de hasta 100% en la adquisición de inmuebles, registro público de la propiedad y conexión a la red de drenaje y agua potable. Exentarán entre 25 y 75% en el pago de predial y nóminas durante cinco años. Ofrece además sufragar gastos de capacitación para los trabajadores de las empresas que ahí se instalen.

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La SEDECO espera una inversión privada de al menos $100 millones de dólares y la creación de 10,000 o 12,000 empleos calificados, adicionales a los 1,500 o 2,000 que se requerirán para la construcción. Aún más importante, el proyecto pretende tener un efecto de contagio que rehabilite las zonas industriales de Vallejo y Azcapotzalco atrayendo compañías de características semejantes. Proyectos similares se realizan con intervención privada en la delegación Gustavo A. Madero en conjunción con la inmobiliaria Demet.

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Rafael Bernal, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información, estima que la iniciativa arranca en un buen momento. Aunque recomienda al gobierno quitar el calificativo de industrial al parque y transformar las calles, suficientemente anchas para que transite un tráiler, en estacionamientos. El entrevistado considera que no faltarán inquilinos en Ferrería, como centros de almacenaje de datos y de atención al cliente, proveedores de programas especializados y fábricas de software. Sin embargo, con el fin de lograr el efecto detonador que quiere el gobierno, sugiere que se convierta a la ciudad en un fabricante importante de software con la cooperación, especialmente en materia educativa, del gobierno federal.

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El tercer eje del plan económico busca generar el autoempleo, apoyar a la pequeña y mediana empresa y de paso contestar al programa federal de apoyo a los changarros. El GDF inició su propio programa de créditos en el cual se canalizaron $100 millones de pesos, 70% para microcréditos y el restante 30% para micro y pequeña empresa.

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La meta es crear una banca popular el próximo año, cuando se recupere el total de los préstamos. Sin embargo Rocío Mejía, directora de este programa, reconoce que aunque la medida ha ayudado a los comercios y firmas a mantener su planta de empleados, la generación de nuevos negocios o la formalización de comercios no regulares ha tenido poco impacto.

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Hasta el 9 de septiembre se habían otorgado 23,000 microcréditos, de $2,900 pesos en promedio, a comerciantes (60%) y 15,000 mujeres. En el caso de las micro y pequeñas empresas se autorizaron 333 préstamos que suman $14 millones de pesos.

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Zapata, de Canaco, considera que ese tipo de banca social no es el apoyo financiero que las pymes necesitan, aunque "es un pequeño respiro".

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Los grandes pendientes

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López Obrador dice sentirse optimista en lograr la reactivación económica de la ciudad, a pesar de la recesión. Pero eso sí, empezando desde abajo, mejorando la economía popular mediante el desarrollo, pues dice, "el Estado no puede ni debe asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, como tampoco puede dejar de cumplir sus compromisos".

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A pesar de los planes prometedores del gobierno, el sector empresarial parece estar esperando antes de pronunciarse y señala lo que todavía queda por hacer en cuanto a inseguridad y ambulantanje.

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Los índices de seguridad pública no han mejorado sustancialmente. En lo que va del año se instalaron 18 módulos de atención al delito en las 16 delegaciones y el total de delitos diarios bajó de 482.54 en 2000 a 456.77 en 2001. Pero como reconoce Vega, "así bajen todos los índices de inseguridad, el mayor reto es persuadir a la población de que en efecto la ciudad es segura".

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Para Alejandro Hope, consultor en política de GEA, las mayores críticas a López Obrador se derivan de los temas de política económica como los subsidios públicos. Si bien algunos son pequeños, como el de la leche Liconsa ($90 millones de pesos), hay otros como el del Metro al que se destina de 10 a 15% del presupuesto de la ciudad.

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En tanto, dice, se han dejado de atender obras de infraestructura prioritaria; es el caso de las necesarias para solucionar el abasto de agua a la capital. Una tarea que no se ha realizado pese a que ya están listos los créditos internacionales.

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Arturo Orozco, analista de la calificadora Fitch México, también ve como limitaciones en la calidad crediticia de la ciudad los importantes requerimientos en inversión y la alta dependencia del Metro de las finanzas del gobierno.

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El otro lastre de la ciudad es su alto nivel de endeudamiento ($22,900 millones de pesos al cierre de 2000), que sin embargo sigue siendo manejable.

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Aunque la urbe ya no es administrada por una oficina del Presidente, tiene la alta calificación de AAA por Moody’s y Fitch México, por estar todavía bajo el cobijo de la federación que contrata su deuda y es responsable de ella. A diferencia de los estados, no enfrenta contingencias de pensiones: sus maestros son empleados del gobierno federal y la mayoría de sus burócratas afiliados al ISSSTE. López Obrador recibió un gobierno relativamente despreocupado que genera 50% del total de sus ingresos, un nivel alto en México.

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Encinas abandera la noción de un Estado socialmente responsable con visión de largo plazo, "con los pies en la tierra". Considera que a diferencia de los choques del pasado entre la izquierda y los empresarios, "por primera vez en este país y en América Latina, un gobierno de izquierda está construyendo relaciones institucionales y una política de fomento hacia el sector privado."

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