Llamada en espera

Una mayor injerencia de extranjeros en telecomunicaciones: conflicto de intereses.
Roberto Aguilar y Valentín Fuentes

¿Las limitaciones al capital extranjero en el sector de telecomunicaciones están a punto de ceder? Sí, y todo parece indicar que antes de que finalice 2001 se abriría totalmente la puerta a inversionistas foráneos, ansiosos de poseer más de 49% de las compañías en las que ahora son sólo socios. El debate se agudizó después de que se anunciara la fusión Citigroup-Banamex, con la que la firma de la Unión Americana tomará el control de la principal institución financiera del país. Ésta posee 55% de Avantel y el resto está en manos de otra estadounidense, MCI Worldcom, por lo que al concretarse la operación dos extranjeros serán dueños de una empresa que ofrece servicios con infraestructura alámbrica, lo que hasta ahora está prohibido por la ley. "Es nuestro interés mantener Avantel", aseguró un alto funcionario de Banamex, institución que solicitó al gobierno la revisión del caso.

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Por su naturaleza las telecomunicaciones requieren cuantiosas inversiones. En 1995 el país impulsó cambios en el marco legal de este y otros sectores con el fin de incentivar una participación más activa de los foráneos, permitiendo que controlaran –previa autorización– empresas de telefonía celular, las cuales evolucionaron rápidamente a móviles, un concepto más amplio. El primer beneficiado de esta excepción legal fue Iusacell, hoy propiedad de Verizon y Vodafone; le siguieron Nextel y Telefónica.

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Fúlvio del Valle –quien dirigió Iusacell antes de ingresar a Maxcom– califica como ilógica la regulación vigente, porque no ofrece igualdad a todos los participantes y atenta contra la tendencia global del sector; recomendó acelerar el análisis de la iniciativa a la luz de los acontecimientos más recientes. "México está obligado a recibir inversión extranjera para ampliar la infraestructura, y los esfuerzos del gobierno deben ir en este sentido", afirma Emilio Goicochea, secretario de la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso, al dar cuenta sobre acercamientos entre legisladores, bajo la modalidad de conferencia parlamentaria.

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La mayor apertura no se limita a montos de inversión; también contempla la oportunidad de aumentar la penetración y evitar, como sucede con la larga distancia, que los participantes "descremen" el mercado.

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¿A través de qué mecanismos? Imponiendo compromisos, coinciden Goicochea y Del Valle. "Proponemos obligaciones en calidad, cobertura, social, generación de empleos, desarrollo educativo y tecnológico", explica el director de Maxcom.

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Javier Lozano –anterior presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones– opina que independientemente del porcentaje foráneo, la operación deberá estar a cargo de empresas mexicanas, constituidas conforme a leyes locales, para "disipar cualquier duda sobre la sumisión de la inversión extranjera a la normatividad nacional".

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La iniciativa ya tropezó con sus primeros opositores. Carlos Slim –principal accionista de Telmex– la rechaza porque según él representa serias presiones a compañías mexicanas. El magnate incluso cataloga como "nacionalifóbicos" a quienes apoyan la medida en detrimento de capitales domésticos. "Es irónico", dice Michel Morin –analista de Merrill Lynch– quien explica que de las tres firmas de larga distancia más importantes (Telmex, Alestra y Avantel) la de mayor participación extranjera es la de Slim, cerca del 60% de su capital está en manos de foráneos. "Telmex dice que son mexicanos pero la realidad es otra", afirma.

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Con la apertura, las presiones a las que se refiere Slim afectarían su desempeño en el mercado local, el segmento de mayor relevancia financiera en contraste con el de larga distancia, donde a regañadientes comparte el pastel. "Quien se enreda en la bandera es que no quiere competencia, y esto es entendible", comenta Goicochea. Slim sale al paso e impugna los cambios, porque además considera que el trato en otros países no es recíproco.

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Ajenas a las divergencias, las necesidades en materia de telecomunicaciones continúan acentuándose por la incapacidad de los participantes de aumentar inversiones, y del gobierno para destinar recursos a tal fin. Las metas, dice Goicochea, "podrían lograrse con la ayuda complementaria de los extranjeros". Morin confía en que pese al "ruido político" se adecuará la ley, y al mismo tiempo reconoce que en estos procesos existen riegos en materia de soberanía. "¿Pero de qué ha servido [la soberanía] si hay una baja penetración y poca inversión", agrega.

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