Finalmente, empresarios y gobierno decidieron sentarse a negociar una reforma fiscal de fondo que simplifique la actual normativa legal y edifique nuevas bases de entendimiento entre Hacienda y la iniciativa privada.
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¿Es realmente necesaria la reforma? Bastaría preguntar a los muchos pequeños empresarios mexicanos que, no contentos con sacar a duras penas la nómina de sus trabajadores, tienen además un cúmulo incalculable de obligaciones pendientes con el fisco capaces de dar la estocada mortal a sus negocios.
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Aquí no se trata de volver a los tiempos no tan remotos –hace apenas 10 años– en que muchos de estos empresarios tenían el dudoso privilegio de incumplir con sus obligaciones -tributarias. La total impunidad con la que algunos han eludido su compromiso con Hacienda es otra de esas avergonzantes razones por las que este país padece tan tremenda desigualdad social.
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La cuestión es que, si ahora hay registrados 5.5 millones de contribuyentes como personas morales, todavía faltan otros cuatro o cinco millones por incluir en las listas del fisco. Hacienda haría muy mal si, como hasta ahora, concentrase sus esfuerzos en controlar a los ya inscritos y no se preocupara por perseguir a todos los contribuyentes que ahora se la viven ufanos en la economía informal.
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Pero poco ayuda el tono amenazante utilizado en las campañas publicitarias: no es propio de un estado de derecho reclamar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones invocando el garrote y no la solidaridad. Aunque eso dé resultados a corto plazo, a la larga sólo contribuye a fomentar el ya de por sí enrarecido clima de desconfianza entre sociedad y gobierno. En su lugar, sería mejor que el autónomo Sistema de Administración Tributaria reclamara al Ejecutivo, en nombre de todos los contribuyentes cumplidos, una mayor transparencia en la utilización de los recursos que recaudó.
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La simplificación y clarificación de la actual legislación fiscal es la otra gran tarea pendiente de la reforma. De llevarse a cabo en profundidad, no sería tan necesaria la revocación de ciertos gravámenes como el Impuesto al Activo o los pagos provisionales de -IVA no cobrado: la interpretación de la ley sería clara y fácil para todos, de tal manera que miles de empresarios emproblemados entiendan cómo acogerse a las excepciones previstas en la ley, antes de estar pagando impuestos que no les corresponden.
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Como cualquier negociador que se precie, Hacienda parte en su discurso de entrada con más -reticencias que concesiones. La cuestión será ver qué tanto mantendrá esta posición a la hora de llegar a acuerdos con los empresarios. Una reforma fiscal, realmente de fondo, estimulará el crecimiento económico y contribuirá a la creación de un Estado más solidario. La condición es que los funcionarios de Hacienda no se vayan con la finta de las cifras macro y entiendan, de verdad, la problemática que aún vive el sector productivo, principalmente compuesto por pequeñas y medianas empresas.