Lo que el TLC se llevó
El nuevo rostro de la agricultura mexicana ha comenzado a delinearse. Zonas de extrema pobreza que viven del autoconsumo de sus cultivos en tierras áridas o temporaleras, coexisten con un puñado de enormes corporaciones agroindustriales, que cosechan las mejores tierras, fijan precios internacionales y estipulan cuotas de importación y exportación.
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La inclusión de México en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, fecha en que inició una progresiva disminución del crédito, el subsidio y los programas de fomento al agro por parte del Estado, y la ulterior firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica en 1994, que abrió las puertas para competir con la agroindustria más poderosa del mundo (la estadounidense), modificaron el perfil agrícola del país y agudizaron sus contradicciones. Sin una política de transición, se pretendió saltar de un modelo cerrado, que había sido funcional durante seis décadas, a uno abierto.
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Los negociadores mexicanos trataron de compensar la baja productividad en granos con la alta competitividad hortofrutícola nacional, pero los resultados han sido desastrosos. La disminución del PIB agropecuario ha superado las más pesimistas proyecciones, porque entraron en juego factores no previstos en el tratado. Las cuotas de importación de granos para México han sido excedidas por mucho, sin tener que pagar un centavo de impuestos, y se han erigido barreras no arancelarias a los productos hortofrutícolas mexicanos de exportación.
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Y, mientras en el sombrío contexto del campo se discute en el Congreso una iniciativa de ley de desarrollo rural, al tiempo que un grupo de legisladores propone una renegociación de los aspectos agropecuarios del TLC, que no parece muy probable, Víctor Suárez, director general de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), afirma que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), lejos de apoyar los intereses de los productores mexicanos, se ha convertido en uno de sus principales obstáculos.
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La importación granera
A pesar de que 68% de la superficie cultivable de México se dedica a la siembra de granos básicos, el país pasó de ser autosuficiente a depender fuertemente de las importaciones.
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Una explicación simplista de este fenómeno señala al Estado como el principal responsable del fracaso agrícola. Quienes así razonan dicen que al fijar Conasupo durante años los precios de los granos y asegurar la compra de las cosechas, volvió ineficientes a los productores para competir en el mercado internacional. Pero la realidad es más compleja.
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Las grandes planicies estadounidenses gozan de un clima inmejorable para el cultivo de granos; su productividad promedio supera las 10 toneladas por hectárea frente a las menos de tres que rinde el campo mexicano. Además, la agroindustria de aquel país ha florecido bajo subsidios gubernamentales en tecnología, crédito y producción que aumentan año con año.
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En cambio, tan sólo entre 1998 y 1999 México redujo en 40% el presupuesto destinado al desarrollo agropecuario, en sintonía con lo que ha venido haciendo desde los años 80. El menguado apoyo estatal, canalizado básicamente mediante dos programas –Alianza y Procampo–, ha derivado en dádivas clientelares, de acuerdo con Enrique Bautista, diputado perredista presidente de la comisión de agricultura de la Cámara.
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Previendo las desigualdades entre México y sus vecinos norteños, en el TLC se incluyeron cláusulas orientadas a proteger el cultivo de frijol y maíz, entre otros productos sensibles, con aranceles de 139 y 215%, respectivamente, así como cuotas de importación, que irían desapareciendo gradualmente en el curso de 15 años. En los hechos, sin embargo, la liberalización del comercio de granos ha sido total.
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Las importaciones de 1998 fueron más de tres veces mayores a las cuotas permitidas de frijol y casi el doble de las de maíz, además de que ingresaron sin pago de aranceles, por lo cual el país dejó de percibir alrededor de $1,500 millones de dólares, según Ana de Ita, investigadora titular del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Técnicamente, añade, se trata de una práctica de dumping, pues representa un subsidio indirecto a la importación, en este caso otorgado por el gobierno mexicano contra sus connacionales.
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El argumento que se esgrime para justificar esas compras es que la producción nacional es insuficiente para abastecer el consumo. Pero a los productores no se les toma en cuenta. El comité de importaciones, que decide cuánto y cuándo se importa en México, está conformado por dependencias gubernamentales y grandes comercializadoras nacionales y extranjeras. Sólo desde diciembre del año pasado se incluyó a la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC) en representación de todos los productores del país.
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Sin embargo, lo que algunos podrían considerar como un delito económico se ha convertido en un negocio financiero. Con créditos para la exportación del Commodity Credit Bank a tasas de 7 u 8% –aquí las tasas más accesibles se ubican por arriba de 30%–, las corporaciones estadounidenses importan masivamente granos a México, donde presionan los precios a la baja y compran también la devaluada cosecha mexicana, de acuerdo con De Ita.
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La producción de granos básicos mexicanos se ha estancado durante 15 años, en buen grado inhibida por las crecientes importaciones. Es una tendencia que se consolida: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta que para el año 2000 México importará 16 millones de toneladas de granos, seis más que el promedio del último lustro.
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La exportación hortofrutícola
El producto agrícola mexicano que más se exporta es el café, luego los hortofrutícolas: jitomate, melón y sandía, pepino y pimiento. Ya desde antes de la firma del TLC tenían una fuerte presencia en el mercado norteamericano y sus exportaciones no han aumentado de acuerdo con lo previsto; incluso, las ventas de café, caña de azúcar y naranja en jugo han disminuido.
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Las exportaciones de frutas y hortalizas mexicanas incrementaron escasamente su participación en el mercado estadounidense al pasar de 36 a 40% entre 1993 y 1998, según cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El supuesto impulso que tendrían estos productos luego del TLC se vio frenado por violaciones e interpretaciones mañosas, que han derivado en la imposición de barreras no arancelarias a los productos mexicanos. Los ejemplos sobran.
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Durante 1996, el condado de Los Ángeles, California, acusó a los productores de Baja California de comercializar fresas contaminadas, toda vez que las exportaciones mexicanas de ese producto habían aumentado 137% en el curso de tres años. Y aunque poco después las autoridades sanitarias estadounidenses encontraron que la fruta se contaminó en su territorio, los distribuidores ya habían suspendido sus pedidos. Esa ocasión se perdieron 2,500 empleos y 8,000 toneladas de fresa con un valor de $5,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Ceccam.
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El problema es que en México no se cuenta con la infraestructura para demostrar la veracidad o la falsedad de las acusaciones en materia fitosanitaria, expresa Bautista. Los productores nacionales están a merced de sus contrapartes estadounidenses, que invariablemente presionan en épocas electorales para erigir barreras al comercio. El caso del tomate es proverbial.
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Los tomateros de Florida, profundamente afectados por las exportaciones de tomate sinaloense, emprendieron en su contra una ofensiva jurídica, económica, política y propagandística. Las acusaciones fueron desde dumping hasta fallas en el empaque, sin que lograran prosperar legalmente. El conflicto se prolongó tanto que los tomateros de ambos países, luego de gastar $1 millón de dólares en abogados, decidieron pactar “en corto” un precio semanal, en virtud de la incapacidad de los mecanismos del TLC para resolver este tipo de disputas.
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El aguacate y el limón agrio tuvieron vedado durante años el mercado estadounidense, hasta que las acusaciones, de orden sanitario, quedaron sin sustento.
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Al contrario de lo que se esperaba, la exportación de frutas y hortalizas no ha repuntado, ni la inversión extranjera en el campo ha sido significativa en términos de creación de empleos y derrama económica, observa Luis Ramiro García, director del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (Ciestaam).
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El campo es el único sector en México que no registra crecimiento y que, al contrario, decrece. Hoy por hoy, 26% de la población produce apenas el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Durante la presente administración federal, el PIB agropecuario ha disminuido 1.5% en promedio anual, mientras que el PIB nacional ha aumentado 2.6%.
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¿Créditos? Mal chiste
La crisis bancaria y la subsecuente suspensión de casi todos los créditos rurales han afectado a productores de todos los tamaños. “Si hay un sector vedado para el crédito, es el agro”, señala Guillermo Hopkins, senador priísta presidente de la comisión de agricultura.
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Hace una década, Banrural habilitaba créditos a la producción que cubrían más de tres millones de hectáreas; ahora, apenas cubre 300,000. Por ello, los grandes comercializadores nacionales han tenido que redefinir sus estrategias de desarrollo según tres tendencias. La primera la representa Gruma, que con el propósito de ser competitivo en el exterior se alió con la estadounidense Archer Daniels Midland (ADM). La segunda, Bimbo, que para expandirse recurre a altísimas importaciones de trigo, afectando la producción local. La tercera, Minsa, que ha hecho alianzas con grupos de productores nacionales para asegurar volúmenes y precios de maíz.
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Los ganadores indiscutibles de TLC han sido las multinacionales de la agroindustria, como Cargill, Dreyfus, ADM, Anderson Clayton y Continental, que han expandido mercados y compiten contra las pocas unidades de producción agropecuaria (alrededor de 10% del total) que tienen acceso al mercado exterior: entre ellas, Bachoco, Gruma, Minsa y Bimbo concentran más de 80% del valor de las exportaciones agroalimentarias.
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Las grandes corporaciones de granos suman dos procesadoras de harina de maíz, 10 procesadoras de soya y 15 de sorgo, con lo cual prácticamente dominan el mercado. Frente a ellos, los pequeños y medianos productores de granos no tienen más alternativa que buscar una alianza con esas mismas corporaciones para comercializar su cosecha o cambiar a un cultivo más rentable, como frutas u hortalizas, lo que requiere de una inversión significativamente mayor.
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Organizaciones de productores, como la ANEC, especializada en la comercialización agrícola de alrededor de 180 empresas en el país, o como la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, que otorga crédito a 2,000 empresas cooperativas rurales, constituyen una opción crediticia para algunos agricultores mexicanos luego del desmantelamiento del apoyo estatal, consolidado por el TLC. Pero son claramente insuficientes, de acuerdo con Juan Hernández, director de proyectos de la fundación.
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¿Y el gobierno qué hace? El consenso es general: muy poco. Según algunos, incluso estorba. Suárez, de la ANEC, acusa a Secofi de no haber ganado más que una sola controversia a favor de productores nacionales –de manzanas chihuahuenses– en el contexto del TLC; en las demás, observa, simplemente ha actuado de manera que se susciten las menores fricciones posibles con Estados Unidos.
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Hoy, el panorama es incierto. La ley de desarrollo rural que prepara el Congreso, para presentarla en septiembre, es “bastante limitada, pues se atiene a un punto de vista meramente productivista”, sostienen investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo que participaron en las consultas para su elaboración. No obstante, si se aprueba, será la única herramienta que tendrán los agricultores mexicanos para contrarrestar su futuro desolador.