Los alcances del antídoto

El programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000 pretende ser un seguro anticrisis para la tormen

Una de las obsesiones más saludables del presidente Ernesto Zedillo ha sido la de alejar de su gobierno al fantasma de la crisis de fin de sexenio, el cual ha aparecido puntualmente en el ocaso de los mandatos de sus cuatro antecesores.

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Primer punto a favor: el reconocimiento explícito de las autoridades en torno al nivel de incertidumbre que, por lo general, acompaña al proceso electoral. Es, a fin de cuentas, un acto de responsabilidad, acorde con las expectativas de empresarios e inversionistas, quienes desean ver un puente transexenal bien cimentado.

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Este plan que, como se sabe, contempla recursos por $16,900 millones de dólares en líneas de crédito para cubrir contingencias, es la respuesta gubernamental a la extendida petición de gran parte de la población de no repetir la triste historia de diciembre de 1994. Es una buena jugada macroeconómica de pizarrón.

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Y llega en buen momento, por la simple razón de que más vale no acumular más presión en la olla. Si bien no existen las condiciones que pusieron en jaque al país hace cinco años (la deuda de corto plazo de los tesobonos y el creciente déficit en cuenta corriente), hay diversos factores, sobre todo de índole política y social, que engrosan la delicada y larga lista de pendientes, que contribuyen poco con la intención de generar una transición estable en el 2000: la radicalización del conflicto universitario, la permanencia del problema chiapaneco, el no esclarecimiento de los asesinatos políticos, la insultante inseguridad y la agudización de la pobreza en un enorme segmento de la población, por mencionar sólo algunos de los más relevantes.

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Lo anterior, sin contar con otro tipo de problemas, como el elevado costo del dinero y la sequía crediticia, que impiden un crecimiento económico a la velocidad requerida por el país. Al ritmo actual, y eso no se nos debe olvidar en ningún momento, estamos lejos de generar el suficiente número de empleos para desarrollar mayor bienestar social y un mercado sólido.

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Visto desde estos ángulos, el “seguro de gastos médicos mayores” que ha adquirido el gobierno, de manos de los organismos financieros internacionales, no es más que eso: una canasta preventiva, que sólo funcionaría para no agravar más alguna posible turbulencia. De hecho, lo ideal de estos recursos es que no se utilicen. El verdadero trabajo de nuestras autoridades debe ser evitar, a toda costa, llegar al padecimiento de un mal que implique el cobro del seguro. Porque es evidente que este paquete no es gratis: exige una serie de compromisos importantes, como la profundización de privatizaciones y ajustes fiscales.

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Es decir, es la hora de poner toda la voluntad e imaginación política para intentar resolver los problemas más urgentes de raíz. En todos los sentidos, más vale prevenir que lamentar.

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