Los claroscuros de Banrural
En los últimos 20 años, el gobierno federal ha otorgado, según cifras oficiales, $200,000 millones de pesos a los pequeños productores del campo. Y en hacer llegar ese financiamiento, los gastos operación del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) ascendieron a $50,000 millones de pesos, en el mismo periodo y según la misma fuente. El objetivo, sacar al llamado sector social del rezago en que se encuentra.
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¿Habrá alguien que pueda decir que se ha cumplido con el objetivo? No si se consideran algunas cifras. En el campo habitan 70% de los mexicanos en extrema pobreza, que suman más de 25 millones de personas. En términos productivos, por otra parte, persiste un marcado déficit en la actividad agropecuaria, con la importación año con año de 40% de los alimentos que se consumen en el país.
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Sin embargo, lo que ahora dicen algunos analistas, y el propio director general de Banrural, Óscar Terroba Garza, es que la solución al problema financiero de este sector no está en el crédito, o cuando menos no en la forma en que se ha otorgado. La capitalización de las actividades agropecuarias “requiere de una inversión inicial propia”, dice Terroba, o bien, dicen analistas, de “préstamos estrictamente comerciales, donde los recursos se destinen a proyectos cuya rentabilidad esté garantizada”.
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El hecho es que, mientras el dinero proveniente de Banrural se ha convertido, por decir lo menos, en un complemento de la asistencia social que el gobierno reparte entre la población más pobre, la banca comercial mantiene sus ventanillas cerradas para todos, pero sobre todo para los productores del campo, por considerar su actividad de alto riesgo financiero. Y lo es, de hecho. Los montos de cartera vencida en los últimos 10 años lo demuestran. Por ejemplo, en 1988 el gobierno decidió “transferir” al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) $5,000 millones de adeudos impagables de Banrural. Un borrón y cuenta nueva.
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En enero de este año fue aplicada la misma medida. En esa ocasión, el monto fue de $10,900 millones de pesos, y el destinatario fue el Fideicomiso Liquidador (Fideliq). En suma, el diseño financiero de Banrural dio como resultado que $15,900 millones de pesos se perdieran en un barril sin fondo. No hay manera de probar que el esquema de financiamiento de esta institución es eficaz, dice Mario Rodarte, subdirector de Análisis Macroeconómico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). No obstante que la banca de desarrollo tuvo su época de gloria, entre 1970 y 1984, que le permitió elevar momentáneamente la producción del campo (1982 fue el único año en que se alcanzó la autosuficiencia en granos con una cosecha de 28 millones de toneladas), “habría que analizar –señala–cuánto le costó al país”. Resultó muy caro, se responde.
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Hoy que esos tiempos dorados se han ido, Banrural trabaja con cada vez más restricciones. A raíz de la reforma del artículo 27 constitucional, llevada a cabo en 1992, y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) dos años después, los recursos de que dispone se han visto más afectados de lo que ya estaban, afirma Rodarte. Por lo demás, ambos acontecimientos marcaron nuevas reglas al financiamiento del campo; esta vez la intención es que los créditos sirvan para su capitalización. Sin embargo, los resultados distan de ese propósito, una vez más.
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Las actuales políticas crediticias no generan el beneficio que se espera de ellas, agrega el analista, ni elevan la producción como debieran. “Por ello es mal visto el subsidio que se entrega a través de Banrural”, cuyo monto es superior a $3,300 millones cada año y se otorga vía tasas de interés, que son Certificados de la Federación (Cetes) más dos puntos porcentuales.
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Hace falta un enfoque diferente, que sea integral, e incluya la asistencia técnica e insumos que complementen la dotación de recursos, indica Rodarte. Considera que una de las razones que ha hecho fallar el esquema actual, basado en el crédito, es que no se ajusta a la forma en que está organizada la producción en el campo.
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Cambio de óptica
Por un lado está la fórmula tradicional, empleada en las tierras de temporal, en ejidos de baja productividad y para el autoconsumo (en los que predomina el cultivo de maíz y frijol); laboran en ellas productores que dependen del financiamiento, el problema es que nunca es suficiente para satisfacer sus necesidades. La agricultura comercial, por su parte, produce en tierras de riego altamente tecnificadas y para la exportación. Sus exponentes son grandes consorcios agropecuarios que tienen políticas propias de financiamiento y capitalización y, por lo tanto, prácticamente no demandan créditos.
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Pero además de estrategias diferenciadas para cada sector, es necesario incrementar los recursos, señala el presidente del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (Capem), Antonio Castro Quiroz, a quien le parece imposible que Banrural pueda mejorar la situación en el campo, sobre todo por el rezago de 50 años en la infraestructura productiva. El banco ha contribuido a ese atraso, no sólo por sus deficiencias operativas, sino también por su negro historial de corrupción, intereses políticos y dispendios, y cuya inercia no es fácil eliminar. “Óscar (Terroba) ha tratado de corregir los vicios del banco –asegura Castro–, como aquello de regalar dinero para campañas políticas, entrega de subsidios sin ton ni son y (otros) dispendios en la operación, pero se topó con un gigante de la ineficiencia.”
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Además de pesar sobre la institución numerosas versiones que la señalan como “caja chica” de altos funcionarios del gobierno, desde su nacimiento Banrural ha sido utilizado como herramienta de control político, coinciden Castro y Rodarte, de donde salen recursos para financiar proyectos de líderes, “compadres” y familiares de funcionarios.
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Los señalamientos sobre Banrural son casi tan viejos como el banco mismo.
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Creada en 1908 por el gobierno de Porfirio Díaz, la institución fue en sus orígenes concesionada a tres bancos privados: Nacional de México, de Londres y México y Central Mexicano de Comercio e Industria. Su nombre original fue el de Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura (CPOIFASA), y su función la de “aliviar la situación económica de los pequeños propietarios agropecuarios”. Sin embargo, desde entonces ya se hablaba que sólo era una maniobra oficial para sanear a esos bancos con recursos federales.
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Malo, pero necesario
El analista del Capem subraya que, pese a todo, el agro no puede existir sin la banca de desarrollo. Es indispensable en la vida del país, para la producción de alimentos y dar soporte financiero a los micro, pequeños y medianos productores, opina; lo que sí se podría hacer, es redimensionar las instituciones que la integran.
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Pero el verdadero talón de Aquiles de Banrural es la cartera vencida y su falta de solidez. Entre 1994 y 1998 el monto de créditos no recuperados pasó de $4,000 millones de pesos, el equivalente a una tercera parte de su cartera total, a $10,900, que representan la mitad de la cartera. Con el fin de sortear su difícil situación, además de la transferencia al programa de asistencia social del gobierno de cobros vencidos, el pasado mes de marzo dejaron de funcionar, por ineficientes, se dijo, 17 de sus 224 sucursales.
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Posterior a estos ajustes, con ánimo triunfalista, Terroba dio a conocer en días pasados el informe de trabajo del periodo 1994-1998. Se colocaron créditos, informó, por $10,175 millones de pesos, que representan un aumento de 100%, con recuperaciones de 93%; la captación de recursos, aumentó ocho veces; aseguró también que los costos de operación del banco se redujeron 37% y se eliminaron los actos de corrupción.
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En el campo, reportó el director general de Banrural, la superficie habilitada con recursos del banco aumentó 100% en el periodo, al alcanzar 2.2 millones de hectáreas al año, el número de clientes fue de 550,000, un aumento de 61%, y se revirtió la tendencia del no pago, con un incremento de 132% de las recuperaciones, las cuales sumaron $10,897 millones de pesos. (Hasta 1988, Banrural financiaba, en promedio, siete millones de hectáreas anualmente –60% del total cultivado– en beneficio de dos millones de productores –70% del padrón–; en cambio, en 1999 se atenderá a 6.6% de la superficie cultivable y 11.6% de los agricultores).
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Los datos verdaderamente inéditos entre los presentados por Terroba son el aumento en ocho veces los saldos de captación en el periodo y el aumento de 60% en el promedio mensual de operaciones en ventanilla, que llegó a $3.6 millones de pesos.
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En materia de reducción de costos también hubo resultados. Mientras que en los inicios del periodo reportado –1994– la operación del banco tenía un costo anual para el erario de $2,600 millones de pesos, se estima que este año el gasto será de $1,600 millones –incluso así, cada peso de subsidio al banco tiene un costo de operación de $.50 pesos–.
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Los días contados
La reducción en los recursos asignados al banco, que no es novedad, hay quienes lo interpretan como tentativas antes de desaparecerlo. En los inicios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a finales de la década pasada, fue hecha una “limpieza financiera” del sector agropecuario. Se desapareció la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (Anagsa), debido a que, se dijo, actuaba en contubernio con funcionarios de Banrural en el desvío de recursos asignados al campo. También entonces se cerraron sucursales -la inédita cantidad de 450- y se despidió a 16,500 empleados. El área financiada cayó de siete a menos de un millón y, por supuesto, el número de acreditados también se redujo drásticamente.
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En este contexto, los cambios que llevan a cabo sus actuales administradores acaso logren cambiar en algo la imagen del banco; en cuanto a la tendencia, sigue inalterable.