Los dos caminos

Nuevamente aparece en el escenario nacional el tema de la reforma laboral, al tiempo que un nuevo partido asume por primera ocasión en nuestro país las riendas del gobierno federal. Una vez más aparecen las presiones, las especulaciones, los temores y también, en otros espacios, las esperanzas de un cambio favorable al mundo del trabajo, como extensión del cambio electoral. Se afirma, con razón, que para lograr la transición democrática del país no basta la alternancia electoral, sino que el cambio debe llegar a las calles y los centros de trabajo, donde la población tiene derecho a otras votaciones, a otras decisiones sobre la suerte más cercana a su realidad cotidiana. También parece evidente que para lograr un alto desarrollo, con crecimiento económico y de empleo sostenidos, resulta necesario evaluar si las leyes, instituciones y prácticas laborales deben o no ser modificadas.

- No es conveniente incurrir en el exceso de la generalización, ya que existen diferentes mundos laborales. Algunos sectores no se han esperado a las reformas legales y han resuelto por su propio lado sus problemas. Sin embargo, es posible afirmar que el actual modelo laboral requiere de una transformación a fondo y que para hacerlo existen al menos dos caminos. Uno orientado a reducir protecciones con el argumento de que son exigencias de los nuevos niveles de competencia. Se propone reformar la ley ampliando vías de contratación temporal y mecanismos más libres de terminación de la relación laboral, individual o colectivamente considerada. En esta propuesta, se sugiere conservar las formas de control y corrupción vigentes como parte de una vieja cultura de simulación. Se reclama, por ejemplo, el pago de salario por hora, a sabiendas que la Ley Federal del Trabajo lo permite ya en su artículo 83.

- Otra visión más moderna y compatible con experiencias exitosas en países altamente desarrollados del mundo, propone un cambio más integral y, si bien reconoce la necesidad de un alto desempeño productivo, involucra a los trabajadores en el diseño de las reformas productivas y plantea compartir con ellos los beneficios. En esta segunda posición resulta esencial que las formas de representación y los mecanismos de participación sean auténticos, por lo que los trabajadores tienen libertad para designar a sus representantes, para acceder a sus convenios colectivos y participar en el diseño y ejecución de los planes productivos. Avanzar en esta senda no requiere de inmediato un cambio a la ley, pero sí su cumplimiento en aspectos tan puntuales como el voto secreto y libre en las controversias de orden gremial, la transparencia en los registros de contratos colectivos en las juntas de conciliación y arbitraje y la supresión de los tan conocidos y frecuentes contratos colectivos de protección, que han pervertido la esencia de la concertación.

- El viejo sistema político privilegió el control sobre la responsabilidad compartida, favoreció la inmovilidad y el doble discurso y fue convirtiéndose en un obstáculo para que el mundo laboral alcanzara a otras áreas en las que el país se había  transformado dinámicamente. La tarea ahora consiste en modificar las relaciones laborales, aprovechando la creciente madurez que han demostrado empleadores y trabajadores cuando se les permite decidir acerca de sus recíprocas necesidades. Se trata, en efecto, de una nueva visión del mundo del trabajo, no de una reedición simulada de los acuerdos y diálogos obrero-empresariales en donde el gobierno cambiaba las conclusiones al elaborar los textos finales.

- La última experiencia, cobijada bajo la llamada “nueva cultura laboral”, fracasó porque incurrió en lo que pretendía combatir: la simulación. Se convirtió en vago discurso de buenas intenciones, temeroso de un diagnóstico objetivo de los obstáculos y limitaciones vigentes y siempre resistente a fijar medios concretos para el logro de sus metas, produciendo un llamado diálogo obrero-empresarial sin el grado de legitimidad necesaria y generando finalmente un código procesal que, con clara intención, buscaba reformar la ley por una vía técnica, aparentemente inocua, para obligar posteriormente a una reforma sustantiva. El intento no obtuvo el apoyo necesario, no sólo porque soslayaba los problemas de fondo, sino también por sus claras deficiencias técnicas, además de incrementar obstáculos al ejercicio de la contratación colectiva, instrumento esencial en el mundo del trabajo, comúnmente ignorado en los viejos pactos corporativos.

- Resistencias al cambio
Muchos son los factores que han inhibido un cambio en el modelo laboral mexicano con o sin reforma legal; el primero de ellos es la ausencia de un consenso elemental que se expresa en las distintas interpretaciones que sobre este cambio existen.

- Mientras unos pretenden reducir el costo de la mano de obra, reducir la estabilidad laboral y fortalecer la unilateralidad en las condiciones de trabajo, otros consideran que debe ampliarse el ámbito de los derechos y las protecciones. Mientras unos se resisten al cambio para que todo siga igual, porque en el régimen vigente gozan de privilegios de control y subordinación, otros sostienen también la tesis del no cambio por razones distintas, básicamente existe el temor de que una desfavorable correlación de fuerzas atropelle medidas protectoras de la ley vigente, o el contenido de contratos colectivos en sectores de cierto privilegio. Un grupo importante ha considerado que el cambio debe realizarse en los hechos, más que en el papel, de esta manera se evita pagar costos y asumir riesgos, especialmente políticos.

- Finalmente, nuevas lecturas de la ley acreditan que es más flexible que lo esperado, resultando más rentable cambiar las cosas por debajo de la mesa, en la vieja cultura de la simulación, que una transformación abierta que pueda despertar conciencias y exhibir desigualdades.

- La agenda laboral de la transición
La llegada del nuevo gobierno ha provocado una esperanza de cambio. En todos los ámbitos aparecen muestras de alivio por haber dado término pacífico a un sistema autoritario que ha sido fuente de ineficiencias, corruptelas y desigualdades. Este cambio carga, sin duda, el peso de demasiadas expectativas; sin embargo, debe ser aprovechado para avanzar hacia un régimen laboral favorable al sector productivo, a los trabajadores y a la sociedad en general. El cambio debe ser compatible con la política económica y sin duda debe evitar rupturas innecesarias. Sin embargo, un riesgo inminente es mantener el vigente modelo de control y corrupción bajo el argumento de conservar la paz social y lograr prioritariamente otros objetivos de la política económica.

- El presidente electo Vicente Fox se comprometió a promover crecimiento y empleo y suscribió con amplios sectores de la sociedad civil y laboral una serie de compromisos específicos para mejorar salarios y transitar hacia la democracia sindical. Es plenamente posible conciliar estos compromisos. La clave parece estar en dos aspectos: el primero, respetar el estado de derecho, promoviendo con la ley en la mano la libertad y la democracia sindical, ya que ésta es una condición necesaria, si bien no suficiente, para transitar hacia una modernización integral. El segundo es favorecer un nuevo pacto en el mundo del trabajo, reconociendo que tiene fuertes vínculos con la propia estructura del estado, y con el resto de las políticas públicas. Suprimir apartados legales de excepción, revisar la ubicación e integración de los tribunales y demás órganos tripartitas y contemplar mecanismos de bilateralidad son temas que estarán presentes, si las cosas caminan en la senda de una auténtica  modernidad.

*Asesor de organizaciones sindicales, del sector público y privado, y autor de publicaciones en materia laboral.