En la historia comercial contemporánea, los gobiernos de Estados Unidos han podido en más de una ocasión hacer algo que los organismos internacionales jamás lograrán: unir a la mayoría de los países en torno a una causa, si bien casi siempre la unión es en contra suya.
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¿El debate en torno a la ley Helms-Burton es ideológico o comercial? Las dos cosas.
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Para las corporaciones estadounidenses Cuba es un mercado posible, pero para sus gobernantes, desde 1959, es un país políticamente imposible. Es decir, la isla caribeña representa una gran contradicción que debiera enfrentar, en primera instancia, los intereses políticos y económicos en Estados Unidos. Pero, como también es su costumbre, la unión americana prefiere hacer los conflictos fuera y no dentro de casa.
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En realidad, y dado que este país es el que mejor pregona la bandera de la economía abierta, la preocupación porque sean compañías no-estadounidenses las que están llegando primero a hacer negocios a Cuba debiera situar la discusión, en Estados Unidos, en torno a cuánto ganan y cuánto pierden con el bloqueo comercial a la isla. En lugar de eso, el gobierno y las corporaciones de ese país han preferido desafiar a sus socios comerciales —es decir, a todo el mundo—, con una ley insustentable conforme al derecho internacional y que, por tanto, sólo se apoya en el poderío de su economía y se enmarca en su coyuntura electoral.
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Entre todos los socios comerciales de Estados Unidos, la Helms-Burton pone al gobierno mexicano en una posición especialmente incómoda. El gran rescatista financiero y socio en el TLC le está diciendo a México que no se tome tan en serio la apertura de la que tanto le ha hablado, que la aplique discriminatoriamente, que le dé la espalda a sus empresas que han invertido en la isla y se olvide de su tradicional política solidaria con el régimen cubano.
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Efectivamente, se trata de un tema polémico que pone a prueba la vigencia del derecho internacional, los alcances de los acuerdos comerciales regionales y la fortaleza de los organismos económicos mundiales. Pero en modo alguno México se está jugando el futuro con la aplicación de la Helms-Burton. Las inversiones de compañías mexicanas en Cuba no son significativas, ni en monto ni en número de postores; no obstante, el capricho “democratizador” del gobierno del norte podría poner más adelante en la vitrina del bloqueo a algún otro país (China, por ejemplo), eliminando así otras opciones de inversión para las empresas mexicanas. ¿Es el gobierno de William Clinton quién debe indicarle a Lorenzo Zambrano o a Javier Garza Calderón dónde poner sus centavos?
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Ahora bien, tampoco debe correrse el riesgo de sobredimensionar el asunto. Cualquier intento por hacer aparecer dicha ley como “el tema” en el ambiente empresarial mexicano es puro oportunismo para buscar en el exterior al causante de las múltiples desgracias nacionales. Si Cemex, a diferencia de Domos, decidió salirse de Cuba, no se debe a que sea menos combativo en la defensa de su soberanía, sino porque sus intereses en Estados Unidos son más importantes que en la isla.
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Lo importante, en todo caso, es que el gobierno mexicano, como los de otros países, defienda con energía ese derecho mínimo a la autodeterminación. Protocolos a un lado, debe cerciorarse de que ese mensaje llegue a Washington.
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Los Editores