Los terrones de la ira
Usualmente el azúcar se utiliza para endulzar cualquier tipo de producto, pero cuando se combina con la política, el resultado es un terrón de problemas que le amarga la vida a los involucrados.
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Ahora el producto escasea, “hay que buscarlo y comprar el que haya, aunque sea caro”, dice con cierto pesar Marco Antonio Abarca, gerente de Contraloría Corporativa en Grupo Embotelladoras Unidas (GEUSA).
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El consorcio, embotellador de PepsiCo y dueño de la marca Trisoda, ha visto aumentar 18% sus costos de producción en el último año. Y es que la fuerte demanda del endulzante lo obliga a comprarlo al precio que sea. El azúcar se ha convertido en oro blanco. Todos lo buscan, pero poco son los que lo encuentran a buen precio y en condiciones óptimas.
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Según el presidente del Consejo de Alimentos y Bebidas de la Canacintra, Mario Villas, los nueve grupos refresqueros del país han externado sus quejas porque tal materia prima falta y la que reciben está “muy sucia, con mucha basura, insectos, de todo; lo que antes era azúcar de segunda calidad ahora se compra como si fuera de primera”.
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Sin embargo, ante el temor al desabasto, los refresqueros no quieren tocar ese tema: “No tenemos respuesta a esa pregunta”, afirma una fuente de Coca-Cola FEMSA, empresa que siempre procura garantizar su suministro con un año de anticipación.
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La bomba azucarera detonó este año en el que la aplicación del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) de 20% a los refrescos endulzados con alta fructosa, acordado por la lviii Legislatura federal a finales de 2001, tiene a los compradores de azúcar y al gobierno en jaque.
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La medida tenía como objetivo reactivar el sector, aumentar las ventas de azúcar al menos en 10%, garantizar el mercado para los excedentes no exportables y para la producción de los 27 ingenios expropiados por el Estado; no obstante, se convirtió en un pesado lastre que ahora nadie sabe cómo quitarse de encima.
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El gravamen obligó a los refresqueros a dejar de usar la fructosa como materia prima para cambiar a azúcar refinado, lo que provocó que en el último año el precio del endulzante aumentara casi 30%.
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A consecuencia del IEPS, los excedentes exportables de azúcar disminuyeron de 284,000 toneladas en la zafra 2001-2002 a 42,000, estimadas para la zafra 2002-2003.
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Las empresas fabricantes de fructosa también se han visto afectadas. Arancia Corn Products y Almidones Mexicanos (Almex) redujeron en 70% su producción. Se habla de un impacto de más $300 millones de dólares en pérdida de ventas y daños a las inversiones que aún no se han asimilado, pese a que ambas compañías manufacturan otros productos derivados del maíz, como almidones, jarabes, aceites y forrajes.
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A lo anterior hay que sumar que el IEPS afectó también a los fructoseros estadounidenses que exportaban a México, por lo que además de la compleja problemática local, el país enfrenta también una disputa comercial.
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Otra más: el azúcar mexicano es el más caro del mundo, al tener un precio por kilo 100% por arriba del promedio del mercado internacional.
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Mientras en Estados Unidos el precio por tonelada de azúcar refinado es de $520 dólares, en México cuesta $650 dólares. En otros países como Brasil, el precio ni siquiera alcanza $200 dólares por tonelada.
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Estos datos reflejan la pérdida de competitividad que provoca a las empresas que usan el azúcar como materia prima, tales como fabricantes de chocolates, dulces, gelatinas, conservas, refrescos, yogur, etcétera.
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Más aún, compañías exportadoras de derivados que requieren de este producto han tenido que irse a otros países en busca de materia prima competitiva.
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El expediente del IEPS
“Estamos muy preocupados”, confiesa Guillermo Roldán –presidente de la Industria de Derivados Alimenticios y Químicos del Maíz (Idaquim), que agrupa a las dos empresas productoras de fructosa en el país–, y es que la larga lista de conflictos no fomenta el optimismo.
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A casi dos años de la aprobación del IEPS, Roldán ha visto cómo el mercado de la fructosa se ha venido abajo.
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“Antes del impuesto se colocaban 550,000 toneladas de fructosa, 360,000 nacionales y el resto de importación; ahora estamos trabajando a 30% de la capacidad, prácticamente se ha dejado de producir fructosa. Ya no se puede vender a la industria de refrescos, que absorbía 80% de la fructosa”, lamenta.
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Datos del Consejo de Alimentos, Bebidas y Tabacos de la Canacintra revelan que el IEPS ha provocado a la industria refresquera pérdidas por $3 millones de dólares.
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“Un impuesto que iba a resolver el problema del sector azucarero le está ocasionando graves daños económicos al país”, lamenta Alejandro Guzmán, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, uno de los organismos que pugna por la eliminación del gravamen.
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Éste afectó también los acuerdos del Tratado de Libre Comercio en materia de fructosa. El gobierno de Estados Unidos considera que el impuesto es ilegal y viola los acuerdos signados en el TLCAN. Hasta antes del IEPS, la unión americana vendía a México alrededor de 200,000 toneladas de fructosa; ahora sus exportaciones son nulas.
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A pesar de que ha habido negociaciones al respecto su avance es casi imperceptible, por lo que 12 senadores estadounidenses, encabezados por Charles E. Grassley, demandan medidas urgentes. “Esta situación podría tener un efecto negativo sobre la inversión en México”, dice una carta enviada por los legisladores a los titulares mexicanos de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores.
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Las comisiones legislativas nacionales analizan ya el caso para la Ley de Ingresos 2004. Aunque en un principio se esperaba que la eliminación del IEPS se diera en el marco de un amplio acuerdo con Washington sobre edulcorantes, hoy se pretende que la industria refresquera también pueda utilizar fructosa nacional elaborada con maíz amarillo, cuando éste sea del que se produce en México a través de la denominada agricultura por contrato.
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“Queremos construir un entendimiento entre las industrias, los países y los consumidores”, dice el senador mexicano Fidel Herrera, uno de los negociadores del caso.
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El precio, las importaciones y la expropiación
Para prever un posible desabasto en los inventarios de seguridad, la Secretaría de Economía se vio obligada a autorizar la importación de 112,000 toneladas de Brasil y Guatemala. Como todo en el sector, la polémica rodea esta medida.
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La raíz de las actuales compras foráneas se puede encontrar en septiembre de 2001. El gobierno expropió 27 ingenios en manos de la iniciativa privada, bajo el argumento de que incumplían con los pagos a cañeros y con sus compromisos financieros.
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Para administrar las firmas incautadas se creó el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), dependiente de la Secretaría de Agricultura. Gracias al decomiso, el gobierno se convirtió en el comercializador de 52% del mercado, lo que disgustó a firmas como Grupo Azucarero Mexicano (GAM) y Zucarmex, partidarias en su momento de una reprivatización.
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Se esperaba que el FEESA sería la tabla de salvación. Sin embargo ahora, al igual que el IEPS, representa un pesado lastre que en dos años ha visto pasar a cuatro titulares –el último, Francisco Fernández Capistrán, tenía al cierre de la edición una licencia para que la Secretaría de la Función Pública le siguiera una investigación por la presunta entrega ilegal de contratos y asignaciones–.
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El Fideicomiso es precisamente el organismo encargado de proveer de azúcar a las empresas PITEX (exportadoras de productos terminados que tienen beneficios fiscales en sus compras exteriores de insumos) y maquilas, y éstas son supuestamente las destinatarias de las importaciones de Brasil y Guatemala.
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“No había abastecimiento a empresas PITEX y maquilas; desde mayo sabíamos que podía haber desabasto de azúcar”, admite la subsecretaria de Industria y Comercio en la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz.
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Esa es la versión oficial. El presidente del Consejo de Alimentos, Bebidas y Tabacos de la Canacintra, Mario Villas, asegura en cambio que las importaciones obedecen a la mala calidad y al alto precio del producto que está recibiendo la industria.
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El sector de refrescos consumió 1.8 millones de toneladas de azúcar de los cinco millones que se produjeron en el país en la última zafra.
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Por otra parte, el azúcar nacional resulta un insumo muy caro. Por cuestiones sociales, México es el país que tiene el oro blanco más caro del mundo. Para entenderlo hay que remitirse a 1956, cuando el gobierno federal emitió el Decreto cañero, que norma el mercado nacional y obliga a los ingenios a pagar 57% del precio de venta del azúcar por la caña que reciben.
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Esto fuerza a las empresas a vender el endulzante más caro para poder obtener algún margen de utilidad; lo que a su vez afecta a la industria refresquera, los fabricantes de dulces, chocolates y alimentos, que ven crecer sus costos de producción y pierden competitividad.
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En la zafra pasada, los 86,000 trabajadores cañeros recibieron $343.51 pesos por tonelada de caña, en comparación con $312.58 pesos que recibieron en la cosecha 2001-2002. Esto representa un incremento de 9%, cuando la inflación pronosticada para este año es del 3%.
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Empresarios como Juan Cortina Gallardo, de GAM, han expresado la necesidad de fijar una producción base a los ingenios, un esquema similar al de Europa, donde se fija a éstos la producción, lo que permite mantener control sobre la oferta y demanda de azúcar.
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Este año, el consumo está calculado en 5.2 millones de toneladas, mientras que la producción se estima en cinco millones. Dado el déficit que empieza a mostrar la industria, ¿continuarán las exportaciones o habrá un acuerdo para matar al IEPS en la industria refresquera?
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La solución, según muchos, está en reprivatizar los ingenios. Según fuentes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes –sustituto del Fideliq–, antes de que concluya 2003 podría arrancar la venta de las empresas Santa Rosalía, de Tabasco, y La Joya, de Campeche, “porque ya están saneadas y no tienen problemas de amparos”.