Los traspatios de Peñoles
Los científicos encargados de instalar confinamientos de desechos peligrosos en Estados Unidos se dan el tiempo de equiparlos con un software cuya función es advertir a civilizaciones futuras de la toxicidad de los materiales confinados; y para prevenir a los habitante actuales, existen en ese país más de 50 centros de tratamiento de distintos tamaños para procesar las 300 millones de toneladas de desechos industriales peligrosos que se generan cada año.
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Alejado de estos refinamientos, pero cercano en muchos otros aspectos, México ha comenzado a vivir los efectos de combinar industrialización acelerada con una deficiente política ambiental. Dicho de manera sencilla: el país ha sido rebasado por el problema de los desechos peligrosos.
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La afectación masiva causada por la empresa mexicana Peñoles, filial de Grupo Acerero del Norte, a habitantes cercanos a su planta en Torreón, Coahuila, es más que un llamado de atención: evidencia la ineptitud y complicidad de legisladores y autoridades federales y locales en materia de control de desechos, la irresponsabilidad de muchas empresas e, indirectamente, la contribución involuntaria de grupos ecologistas al rezago en materia de tratamiento de desechos.
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El daño producido por Peñoles no es reciente. Gabriel Quadri, ex director del Instituto Nacional de Ecología (INE) y actual director del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes, un organismo del Consejo Coordinador Empresarial), afirma que la minera ha venido acumulando “pasivos ambientales” durante 98 años. Hace dos pudo haber dado inicio al pago de esa deuda, con la construcción de un confinamiento que se pretendía establecer en General Cepeda, un municipio cercano a Torreón.
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Quadri, en ese entonces funcionario público, participó en las negociaciones previas. Desde finales de 1996, escribe en el libro dedicado a los residuos industriales en México, Una torre de Babel, se habían obtenido las autorizaciones requeridas para la construcción del CIMARI (Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales) en dicho municipio. Simultáneamente a los estudios de impacto ambiental y riesgo, Servicios Ambientales de Coahuila –la empresa a cargo del proyecto– y autoridades locales llevaron a cabo la campaña de concientización social y se adquirieron los terrenos donde se instalaría el centro.
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“Sin embargo –relata Quadri–, una vez que se emitieron los resolutivos favorables sobre los estudios y planes de trabajo, cuando la empresa se disponía a iniciar la construcción, se suscitó una campaña de oposición encabezada por grupos políticos cuestionando la viabilidad del sitio elegido para la instalación y argumentando que se pretendía hacer un tiradero para residuos radiactivos importados.” De igual forma, añade, “se afirmó la existencia de un arroyo y un acuífero somero que inevitablemente serían contaminados por el confinamiento, lo que resultó falso al hacerse los estudios y perforaciones correspondientes”.
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Ante estas dificultades, las autoridades federales propusieron la intervención de la Cámara de Senadores, y éstos, como es usual, formaron una comisión técnico-científica, la cual confinó el proyecto al voluminoso archivo de casos sin resolver. Pudo haber sido distinto, de acuerdo con lo que dice Quadri. “A mi me tocó iniciar el proyecto, verlo proyectado y después verlo abortar.”
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El que siguió moviéndose fue el plomo arrojado por Peñoles, que se dispersó por calles y casas cercanas a la planta, para infortunio de sus moradores. Los directivos de Peñoles, quienes aseguran haber establecido “desde hace varios años” un programa de mejoramiento ambiental hoy pretenden borrar de un plumazo un error fraguado en décadas. “En lo que estamos concentrados ahora es en erradicar el polvo que se ha venido acumulando en la zonas aledañas, el de emisiones ha quedado resuelto”, dice Manuel Luévanos, director general de la planta Met-Mex Peñoles. Las autoridades de salud han registrado 4,000 casos de niños con niveles del metal en la sangre que oscilan entre 10 y 80 microgramos –la norma en Estados Unidos establece como límite tolerable la presencia de 10 microgramos por decilitro de sangre–, con consecuencias graves para su salud: desde anemia crónica y disminución en el crecimiento hasta alteraciones neurológicas.
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La pregunta es: ¿Cuántos Peñoles hay en México?
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Otros proyectos confinados
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), se dio en el país un fuerte impulso al desarrollo de programas para el manejo de sus desechos, con el fin de homologar las restricciones ecológicas con las de sus socios, en particular con Estados Unidos, que en 1988 formuló acusaciones de dumping ambiental contra México. La respuesta fue incorporar, años más tarde, nuevas reglas para la clasificación de residuos y la creación de la norma 052, relativa a la descripción de las características de los residuos y su posterior clasificación.
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Así dio inicio un programa para alentar a los inversionistas a participar en la instalación de centros o sistemas para el manejo de residuos peligrosos. Apenas un año después, ocho empresas operadoras de esta tecnología, entre nacionales y extranjeras, presentaron sus proyectos, de los cuales sólo uno está operando y otro más podría concluir su construcción el año entrante. El ritmo ha sido más que lento, sobre todo si se considera que la cifra más aceptada es de ocho millones de toneladas de desechos industriales al año –un peligro latente, aseguran especialistas–.
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La actual infraestructura de tratamiento de desechos en México la componen empresas dedicadas al reciclaje de solventes y tambores usados (22 compañías en cada caso), de lubricantes (19), megametales (14) y fijador fotográfico (1).
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El único centro de residuos industriales que opera en el país es propiedad de la empresa Rimsa y se localiza en Minas, Nuevo León. Una capacidad, a todas luces, insuficiente. Las propias autoridades aceptan que tan sólo se recicla 26% del total de los residuos generados; el resto se queda en el ambiente. Con todo, sólo se trata de una estimación, pues ni las empresas tratadoras ni las autoridades de ecología saben con precisión a cuánto asciende el total de desechos. Los registros del INE, basados en los reportes de generación de 10,741 empresas, sólo dan cuenta de alrededor de 3.4 millones de toneladas.
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No tendría que haber ese déficit, o cuando menos no de esa magnitud, dicen especialistas, pues existe la tecnología para dar tratamiento a las distintas clases de residuos y hay empresas dispuestas a invertir en ello. Además de que, con la tecnología disponible, el reciclaje hace posible obtener ventajas de los desechos industriales.
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Pese a todo, en los últimos años se han cancelado numerosos proyectos; en torno a ellos, invariablemente han surgido enfrentamientos entre organizaciones sociales, autoridades y empresas, en los que se han aprovechado, coinciden los entrevistados, las lagunas legales para dirimir diferencias políticas o defender intereses que se apartan del objetivo original que es la defensa del medio ambiente. En 1996, el récord fue contundente: de ocho proyectos presentados y aprobados, uno sólo, a cargo de una subsidiaria de Protexa (Seesa) en el parque industrial de Jilotepec, Estado de México, está en ejecución. Los restantes están entrampados.
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En el caso de los CIMARI, algunos de los fracasos dieron mucho de qué hablar en su momento –como el de la empresa estadounidense Metalclad y su proyecto de $100 millones de dólares en Guadalcazar, San Luis Potosí–, sobre todo porque, habiendo hecho inversiones y obtenido las autorizaciones oficiales, grupos de residentes y organizaciones ecologistas impidieron su operación. Algo similar ocurrió con Servicios Ambientales de Coahuila, que construiría el CIMARI del municipio General Cepeda, para dar servicio a Peñoles y a los centros industriales de Saltillo, Torreón y Monclova; se endeudó con $50 millones de dólares y la obra nunca se llevó a cabo.
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Otros proyectos que murieron en el intento fueron Las Víboras, en Hermosillo, Sonora, que operó hasta 1998 y hoy está clausurado. El que llevaría a cabo en Veracruz la empresa Ecocalpin, creada con capital nacional e italiano, que no ha podido comenzar a operar aunque ya tiene estudios e investigaciones de mercado y parte de las autorizaciones de suelo que expiden autoridades locales. O el de la empresa Wimer, que debió iniciar su construcción en 1996 en Hidalgo, pero que por presiones políticas, refieren los afectados, les retiraron la concesión.
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Las dudas de sectores sociales acerca de la confiabilidad de los proyectos se han convertido en “verdades” al perderse en interminables alegatos que muestran la falta de coherencia entre las posiciones de legisladores y autoridades federales, estatales y municipales, así como la intransigencia de algunos grupos organizados –los dos grandes obstáculos para el desarrollo de esta indispensable infraestructura, opinan especialistas–.
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La falta de sensatez en el debate en torno a los centros inspira posiciones poco flexibles. “Las empresas no deberíamos perder el tiempo en negociar con varios gobiernos –arguye Mauricio Gómez Báez, director de la empresa de reciclaje de productos industriales y biológico-infecciosos Contam–. Nuestro trabajo es invertir.” No es posible trabajar, se queja, sabiendo de antemano que los proyectos son presas del activismo político y que las mismas autoridades no tienen herramientas para solucionar estos problemas.
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Algunos funcionarios reconocen las inconsistencias. “Hace falta más conocimiento en autoridades locales y estatales sobre los residuos peligrosos para que no se sigan trabando los proyectos”, admite Luis Wolf Hegman, director de residuos peligrosos del INE, quien confirma que éstos están sujetos a la viabilidad sociopolítica más que a la técnica. El resultado, agrega, es que “en México hay instalaciones para manejar residuos, pero no para confinarlos”. Ciertamente, en un país de dos millones de kilómetros cuadrados, opera un solo centro.
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La lógica, desechada
El problema no es insalvable, opinan los especialistas, pero hasta ahora no ha servido de nada saberlo. La solución, sencillamente, está lejana. Al reciclaje de residuos sólidos y peligrosos se destinan $110 millones de dólares, de los cuales 70% son de empresas privadas. En suma, las inversiones ambientales representan apenas 0.61% del Producto Interno Bruto –frente a 2.6% en Alemania y 2.7% en Estados Unidos–.
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“Para subsanar la necesidad que hoy existe se requerirían unos $300 millones de dólares, el costo de construir tres CIMARI”, calcula Carlos Sandoval Olvera, presidente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (Conieco).
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Pero además del tema financiero, habría que solventar conflictos de otra especie, como los que implica el que se antepongan intereses políticos a la atracción de inversiones, dice Quadri, del Cespedes. También hay un alto grado de ignorancia en torno al funcionamiento de instalaciones de este tipo. “Nadie quiere un confinamiento de residuos peligrosos cerca de su casa –reconoce Wolf–. El problema es la falta de comunicación: nadie ha explicado tampoco que si se establece de manera adecuada no tiene porqué haber riesgo alguno.”
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Adicionalmente, está el tema legal. Los inversionistas están en espera de que se emita el reglamento que norma la disposición de materiales y residuos peligrosos y actividades de alto riesgo. Wolf, quien asegura que a finales de este año el reglamento llegará a las cámaras de diputados y senadores, pide paciencia a los inversionistas. Pero ahí no acaba el asunto. Quadri precisa que “es necesario que se publiquen las normas pendientes, tales como la disposición para ubicar confinamientos, la que define y clasifica los residuos y la de tratamiento térmico de incineración, ya que de otra manera la reglamentación seguirá siendo incompleta”.
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El tratamiento de desechos es, por lo demás, un negocio rentable, coinciden especialistas. Sus insumos son 40% más baratos que los que consume otro tipo de empresas, y con una ventaja adicional, explica Sandoval, del Conieco: “Que 95% de un residuo industrial es reaprovechable”. Industrias como la metalmecánica, automotriz, cementera, papelera, entre otras, pueden reutilizar muchos de sus desperdicios, incluso para generar combustible, lo que les ahorraría muchos costos, comenta.
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Los aceites, breas y escorias, por otra parte, son materiales peligrosos sólo si se vierten en el suelo o en el agua, pero al reciclarse se retiran impurezas y previo tratamiento pueden ser utilizados como combustible alterno en muchos sectores industriales. Lo importante es aprovechar al máximo los recursos y confinar la menor parte, sugiere Sandoval, quien opina que debe privilegiarse más el reciclado que el confinamiento. Un proceso limpio, asevera, ayuda a la competitividad de las empresas, pues permite ahorros en costos y procesos superiores a 20%.
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Las discusiones en torno a los centros de confinamiento, abundantes en protagonistas, suelen ir en otro sentido. El hecho es que hoy no hay quien dé a los habitantes de Torreón una explicación de lo ocurrido y por qué no se evitó lo que era evitable. “Durante mi administración en el INE –sostiene Quadri– debía haberse puesto en marcha el CIMARI de General Cepeda, (pero) por razones políticas fue detenido.”