Última llamada
Y va de nuevo. La Secretaría de Hacienda presenta un proyecto para impulsar el financiamiento al desarrollo e insiste en que es indispensable aprobar la reforma fiscal que propuso desde diciembre del año pasado. De no aprobarse, dice Carstens, el gobierno continuará como el principal usuario del ahorro público y habrá muchos menos recursos para que los empleen los empresarios.
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El programa nacional de financiamiento al desarrollo (Pronafide) plantea dos escenarios. Con reformas estructurales, el crecimiento sería de 5.2% anual; sin ellas, de 3.4% (la creación de empleos caería de 1’020,000 a 650,000). ¿Por qué son tan diferentes las opciones?
Con reforma estructural el gobierno tendría una fuente de ingresos más segura y dejaría más recursos libres para que el sector privado los utilizara con el fin de invertir. Ello implicaría una importante contribución al crecimiento y, gracias a la mayor disponibilidad de recursos, el nivel de tasas de interés sería más bajo. Esto a su vez facilitaría el crecimiento del crédito, sobre todo en algunos sectores muy sensibles a las bajas en las tasas, como el hipotecario. El negocio de la vivienda, que es un gran generador de empleos, no ha crecido lo debido. Si se avanza en la reforma eléctrica o de telecomunicaciones, por ejemplo, también se activarían proyectos de inversión importantes.
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¿Cómo ha recibido el Congreso esta propuesta?
El Congreso reacciona de manera diferente una vez que uno aclara que el progreso basado en las reformas estructurales es una responsabilidad compartida. Ellos tienen que votar al final, pero nosotros debemos generar iniciativas que en buena medida capten el sentimiento público y puedan ser aprobadas. Además existe cierta percepción de que no se ha podido avanzar mucho en el parlamento y eso ha sido cierto en algunas ocasiones, pero en otras no. Por ejemplo, en materia financiera hemos pasado ya 16 iniciativas, 15 propuestas por nosotros y una por ellos. En materia fiscal, por ejemplo, se aprobaron las reformas al impuesto sobre la reta y algunas reformas menores.
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¿Por qué la Secretaría considera tan importante igualar la tasa del IVA?
Necesitamos cerca de dos puntos porcentuales [del producto interno bruto] más de ingresos tributarios. Podemos conseguir cerca de uno con reformas administrativas, y una recaudación más efectiva, para lo cual también se necesita avanzar en los cambios al código fiscal, que ya están en el Congreso y esperamos que para diciembre sean aprobados. Pero el otro punto porcentual tendrá que salir de una mayor recaudación generada por cambio en las tasas de los impuestos.
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La intención del gobierno es concentrarnos más en los impuestos al consumo. Toda la tesis del Pronafide es que tenemos que liberar recursos para la inversión, de manera que ésta financie el desarrollo del país. Para que haya financiamiento debe haber ahorro, y para que éste se dé es preciso que haya menos consumo, proporcionalmente. Es congruente con la estrategia de mediano plazo insistir en los impuestos al consumo y privilegiar los gravámenes sobre la renta bajos, que dan más incentivos en la obtención de un mayor ingreso, una base más amplia para el ahorro y el financiamiento. En países exitosos, como Chile, se ha establecido la política de premiar, relativamente hablando, al ingreso y recargar más el impuesto al consumo. El IVA es la base sobre la que tenemos que trabajar.
-La homologación de la tasa del IVA es muy importante, no sólo porque se ensancha la base, sino también porque un atributo muy valioso de este impuesto es que da incentivos al cumplimiento: uno deduce lo que recauda del eslabón anterior de la cadena. Entonces hay elementos de control que potencian el cobro.
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¿Seguirán los impuestos al consumo introducidos en diciembre pasado?
Ha habido cierta recaudación, algunos se han revertido, como el de la fructuosa. Son impuestos subóptimos, en comparación con el de valor agregado. Si la recolección por otras vías aumenta, eventualmente los nuevos gravámenes se podrían suprimir.
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El Pronafide dice que hay que liberar ahorro que ahora utiliza el gobierno con el fin de que vaya al sector privado. ¿Para qué?
Hay muchas razones para ello. El ahorro en la economía del gobierno puede ser utilizado de manera más productiva, con el fin de crear empresas o empleos, si está disponible para inversiones privadas. El gobierno tiene que generar e inducir la construcción de infraestructura, pero además de eso, no debería absorber más recursos financieros, es un simple hecho de eficiencia.
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Partimos de dos tesis. Uno: que la deuda no es un financiamiento, sino que con ella el gobierno simplemente posterga obtener más impuestos o disminuir gastos en el futuro. Y dos: las finanzas públicas responsables tienen que ver no sólo con la situación actual, sino también con la herencia que dejaremos. Si seguimos pateando el problema hacia adelante, generaremos situaciones que pueden ser inmanejables en el futuro. Tenemos ejemplos como el de Argentina, que en cierta forma es lo que les pasó. Fueron postergando obligaciones y llegó el momento en que ya nadie los quiso financiar. Esas consideraciones multianuales o intergeneracionales en las decisiones fiscales son muy importantes y tienen que ser tomadas en cuenta.
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En un cuento de García Márquez, frente a una sequía nadie hace nada, porque al final llueve. ¿Se puede aplicar esa metáfora al uso de los ingresos petroleros, ya que al final sube el precio del crudo?
El problema es que como sube, baja. Ya nos hemos llevado varias sorpresas en las que el precio del petróleo desciende más de lo anticipado y tenemos que hacer recortes. Esto comunica mucha incertidumbre a los agentes económicos y es necesario dar un horizonte más predecible. Como puede llover, puede no llover, también ha habido periodos largos sin agua (o de bajos precios del petróleo), y eso nos pone en dificultades serias.