Día con día vemos marchas en todo el país, reivindicando reclamos supuestamente legítimos. Lo que es menos visible es la tremenda injusticia que intenta generar la mayoría de quienes las promueven. ¡No a la reforma eléctrica! ¡No al incremento del gas LP! ¡No al incremento del agua! ¡Más subsidios para el campo! ¡Mejores pensiones para los jubilados! ¡Más prebendas para los burócratas! Todo esto es muy bonito; pero, ¿quién lo paga?
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Cualquier persona que sepa contar puede llegar a la conclusión de que, si todos reclamáramos, y a todos se nos atendiera, quedaríamos prácticamente tablas. Por una parte, nuestro grupo particular obtendría el beneficio del asunto reclamado; pero, por otra, tendríamos un elevado costo al tener que financiar, parcialmente, un gran número de reclamos ajenos. El único saldo sería un gran desperdicio de tiempo, talento y energía.
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Pero esto no sucede en México... ¡Sucede algo peor! Para que el reclamo fuera parejo, todos tendrían que tener voz; y la mayoría no la tiene. De hecho, quienes organizan los reclamos en forma efectiva son grupos de presión, con intereses económicos o políticos, cuya buena organización logra doblegar a las autoridades, obteniendo así el beneficio perseguido. En cambio, las mayorías que poco reclaman en forma organizada (pero que se dedican a trabajar para poder sobrevivir bajo las leyes económicas), nada obtienen y todo pagan. De esta manera, se produce una transferencia de recursos de las mayorías pacíficas y trabajadoras hacia las minorías revoltosas y chantajistas.
Esto produce una monstruosa y perversa estructura de incentivos; un sistema que, en vez de construir, destruye. Se trata de una invitación a dejar de tejer la cobija que habrá de cubrir a todos los mexicanos y empezar a jalonearla sin importar a quién se destape.
Es aquí donde la economía de mercado y la democracia demuestran su consistencia. La primera premia, con ingresos crecientes, a quienes se esfuerzan por crear cosas cada vez más valiosas para los demás, de tal modo que estén dispuestos a dar su dinero a cambio de manera libre y voluntaria. Un gobierno democrático usa la fuerza del mandato popular con el fin de impedir que los ingresos bien habidos de la mayoría sean arrebatados por grupúsculos minoritarios que marchan por una supuesta “justicia” que sólo a ellos conviene.
*El autor es especialista en política económica.csanchezosio@hotmail.com