Menos planes y más Estado de Derecho
Es una de esas obligaciones legales que se convierten en rito y propaganda: el Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá se quede en eso y el gobierno se dedique a lo verdaderamente sustantivo de su tarea: la construcción de un Estado de Derecho.
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Para que usted y yo cumplamos los proyectos y las metas que libremente nos hemos trazado, requerimos que las reglas del juego sean claras, conocidas, estables. Paradójicamente, si el gobierno cae en la arrogancia de "diseñar el futuro" de los ciudadanos, los fastidia.
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Cada cual hace sus planes y fija sus objetivos: este quiere escribir la gran novela del siglo XXI, aquel desea descubrir la cura del cáncer, ella planea dirigir su propia empresa, aquella sueña con ser conductora de televisión, el de más allá se desvela para hacerse inmensamente rico.
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Si el gobierno quiere abarcar todos los planes y sintetizarlos en "el gran plan" –arrogancia estúpida– suele fastidiar a todos. El gobierno no está para realizar metas cuantitativas –pretensión generalmente fallida– sino para cumplir y hacer cumplir la ley, las leyes sustantivas.
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El desarrollo no lo hace el gobierno, lo hacemos los ciudadanos. Cada cual a su aire, a su modo libérrimo, jugando en un terreno en el que las reglas deben ser las mismas para todos, públicas y estables.
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Deje el gobierno los proyectos para cada persona, familia o empresa. Planes y metas elegidos libremente. Deje el gobierno ser a la sociedad y olvide esa enfermedad del siglo pasado con hondas raíces totalitarias: la planificación.
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En la medida en que el gobierno incurre en la tentación de proyectar, descuida y lesiona su tarea básica: cumplir y hacer cumplir las reglas universales. Planificar desde el gobierno implica abandonar la igualdad jurídica (requisito del Estado de Derecho) para entregarse a la manía discrecional que quiere –inútilmente– igualar a los desiguales.
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Lo escribió Friedrich A. Hayek: "Si los individuos han de ser capaces de usar su conocimiento eficazmente para elaborar sus planes, tienen que estar en situación de prever los actos del Estado que pueden afectarlos."
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Cuando el Estado –léase gobierno para fines prácticos– se propone lograr tal o cual fin específico en la sociedad (aumentar la producción de guitarras, hacer que la gente vea más cine nacional y menos extranjero, fijar los salarios de los ingenieros o establecer los precios de los cereales) necesariamente tiene que abandonar las normas de aplicación universal e incurrir en decisiones discrecionales, que implican beneficiar a X perjudicando a Y.
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En esa medida, la planificación gubernamental atenta contra el Estado de Derecho y la libertad de las personas para hacer sus propios proyectos y objetivos.
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No necesitamos que un funcionario decrete que en tal fecha las tasas de interés serán de tanto por ciento; precisamos que el Estado se comprometa a que las tasas de interés pactadas libremente en los contratos se respeten.
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No necesitamos que el Estado proponga que haya tal porcentaje de ingenieros aeronáuticos, precisamos que todo aquel que quiera dedicarse a la ingeniería aeronáutica pueda hacerlo sin que se lo impidan trabas gubernamentales.
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No necesitamos que un funcionario planificador diga por dónde debemos caminar, precisamos que un gobierno responsable garantice a todos la libertad de caminar por donde les plazca.