MIGA. Buenas migas con la inversión
¿Cuántas empresas extranjeras habrían llegado a instalarse a México en la primera mitad de los años 90, con inversiones productivas, si los posibles inversionistas hubieran contado con ciertas "seguridades"?
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Difícil estimarlo. Sin embargo, en ese lapso, el país rechazó cuatro veces la oportunidad de adherirse al Multilateral Investment Guarantee Agencv (MIGA), filial del Banco Mundial y el organismo más sólido del mundo enfocado a la promoción de inversión no especulativa. Se trata de una especie de “macroaseguradora”, responsable de proteger a los inversionistas extranjeros contra riesgos políticos, incapacidad gubernamental de pago, expropiación, terrorismo, guerrilla y disturbios civiles en los países donde ponen su capital. Todos los países ligados al Banco Mundial pueden, por este sólo hecho, incorporarse al organismo, si así lo desean, pagando una prima de "confianza" -diferente para cada país- para, atraer inversiones sólidas y de largo plazo por parte de empresas internacionales que, a su vez, deben pagar una cuota a MIGA -equivalente a 1.5% del total de la inversión- para recibir sus beneficios.
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En la pasada reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a raíz de su crisis financiera, México decidió por fin incorporarse al organismo y, también en esta oportunidad, todos los países del mundo, desarrollados y emergentes, volvieron la vista a esta nación y comenzaron a idear mecanismos para evitar crisis semejantes.
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¿Los beneficios de MIGA? ¿Por qué México, hasta el momento, había rechazado tal posibilidad? Dos virtuales respuestas vienen a la mente: por un lado, el gobierno confió en que el país era atractivo sin necesidad de "aditivos", y por el otro, también puede haber contribuido el costo financiero de la adhesión a MIGA.
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En éste último sentido, México tiene que pagar $2.6 millones de dólares para incorporarse, la mitad en efectivo y garantizar que pagará el resto. Vale la pena citar que los $1.3 millones de dólares que debía desembolsar significa una cifra 45,000 veces inferior a la deuda externa pública y sólo una doceava parte de los impuestos que recaudará el fisco durante 1995. Por lo tanto, aparentemente ha pesado más la primera razón en la renuencia mexicana.
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En todo caso, la incorporación no es todavía un hecho, y en el pasado mes de mayo las autoridades del país se reunieron con Luis Dodero, vicepresidente de MIGA -que ya cuenta con 149 naciones afiliadas, industrializadas y emergentes-, para discutir las posibilidades de que México se integre. Entrevistado en Washington, Dodero se complace por la actual flexibilidad del país para recibir los beneficios del organismo. "MIGA -advierte- no resolverá la crisis económica mexicana y tampoco sus secuelas, pero sí será capaz de aliviar sensiblemente la pérdida de confianza."
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En estricta teoría, las ventajas del organismo son aplicables a cualquier sector productivo, aunque la experiencia evidencia que 40% de los demandantes de garantías pertenecen al sistema financiero. Por ello, las filiales de bancos extranjeros en México serán uno de los principales nichos beneficiados, de concretarse la negociación.
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Dodero expresa que una de las grandes ventajas de este organismo, "básica para México en este momento, es que no ofrece respaldo a la inversión de portafolios; sólo a aquellos recursos que se destinan a proyectos concretos que generan empleos y desarrollo económico". La cobertura de MIGA es válida en plazos de entre 15 y 20 años.
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Dentro de América Latina, los principales miembros de la organización multilateral son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se encuentran en proceso de adhesión, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Haití, Panamá y Surinam.
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Las naciones industrializadas miembros son Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Portugal, España, Suecia, Inglaterra y Suiza.
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De concretarse el trámite para el ingreso de México, las empresas extranjeras que pertenezcan a cualquiera de estos países podrán acudir a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para obtener más información sobre los mecanismos de adhesión.
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Programa mundial anticrisis. Durante la reunión de primavera del FMI -este organismo convoca a dos reuniones cada año: en primavera y en otoño-, la situación de México circuló entre propios y extraños.
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Las deficiencias del gobierno zedillista fueron señaladas con rigor y la delegación nacional participó sólo para reconstruir confianzas y apuntalar inversiones. Michel Camdessus fue quien tomó la sartén por el mango. Antes de que nadie se atreviera a cuestionar por qué autorizó una línea de apoyos por $17,800 millones de dólares para México, anunció que "se instrumentará, a partir de junio de 1995, un programa interno para hacer frente a cualquier crisis semejante a la de México durante los próximos 18 meses".
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Fue tajante al afirmar que esto no promoverá la irresponsabilidad de los países miembros, ya que los programas de ajuste posteriores a los apoyos son tan duros, "que ningún país los quiere para su gente". Y luego, por si las dudas, dejó claro que existe suficiente liquidez en el FMI para responder a emergencias. "Si hicieran falta recursos -continuó- se encararían activando acuerdos especiales que se tienen pactados con los países industrializados, a los que se les solicitan créditos bilaterales en favor de nuestros miembros menos favorecidos."
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La crisis de México preocupó profundamente al mundo. Tanto, que el FMI anunció que empezó a diseñar otra nueva estrategia "anticrisis", adicional a la anterior, mucho más trabajada y cuya instrumentación tendrá lugar entre 1997 y el año 2000.
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Más apoyos a México. Además de tranquilizar al resto de las naciones sobre posibles situaciones de crisis, similares a la mexicana, en la reunión se abrieron otra vez las puertas a México para obtener nuevos apoyos, ahora del Banco Mundial (BM).
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Así, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) recibirá un giro de hasta $2,000 millones de dólares por parte de este organismo -adicional al paquete por $17,800 millones negociado con el FMI-, destinado exclusivamente a capitalizar bancos con problemas.
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Al respecto, Sebastián Edwards, economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, sostuvo que dichos recursos buscan garantizar la solvencia de la banca mexicana y dar continuidad al ritmo actual de financiamiento, "o el deterioro económico será todavía mayor".
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Esta operación, en la que también participará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá a México hacer desembolsos a través del Fobaproa durante el segundo semestre de 1995 y la primera mitad de 1996. El apoyo cumplirá tres objetivos: asegurar que los efectos de la crisis sean de corto plazo; evitar contagios a otras economías; y garantizar la solvencia del sistema de pagos mexicano (particularmente de los bancos).
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El único requisito que exigirá el Banco Mundial al gobierno mexicano es una supervisión estricta sobre los intermediarios financieros e información abundante sobre sus indicadores. "Nuestra institución no pretende participar directamente en la supervisión de los bancos mexicanos que reciban apoyos del Fobaproa con nuestros recursos -aseveró Edwards-; esa es tarea de la Comisión Nacional Bancaria; sólo solicitaremos información oportuna y detallada sobre las instituciones".
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Al realizar una evaluación oficial sobre la crisis mexicana, el ejecutivo informó que el Banco Mundial detectó con claridad los principales puntos débiles desde mediados de 1994. "Las consideraciones del BM fueron consignadas en documentos oficiales de la institución en julio de 1994, cinco meses antes de la devaluación, porque los problemas no eran difíciles de detectar; lo complicado era prever la magnitud que podía alcanzar una virtual crisis." Reconoció que "después de la guerra todos somos capitanes" y que en retrospectiva lo único que podía decirse es que el ajuste en el tipo de cambio debió realizarse entre abril y junio del año pasado.
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Consideró que la primera pérdida importante de reservas internacionales se registró después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, "pero fue bien manejada por el gobierno" que la segunda caída tuvo lugar en junio de 1994 "y ahí justamente se necesitaban acciones concretas" y que el estallido de la crisis se debió a la conjunción de tres factores: shocks políticos, exceso de optimismo cifrado en la incursión de México en el TLC y falta de información oportuna sobre los indicadores económicos y financieros.
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Al preguntarle si el Banco Mundial considera que el gobierno mexicano maquilla cifras, y que esto desvió los diagnósticos sobre el país, Edwards contestó que no lo consideran así, pero tampoco lo van a juzgar. "Lo único que solicitamos es información oportuna; ahora la tenemos, pero hasta 1994 el suministro de cifras era casi siempre tardío. En todo caso, México ha enseñado mucho al mundo: su crisis fue una experiencia universal".