Migración. Madeja de muchos hilos

Fenómeno legendario y complejo, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos favorece y perjudic
Mario Guillermo Huacuja

Al analizar las grandes migraciones que recorren el mundo, el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger comparó los sentimientos que se generan sobre el fenómeno con lo que sucede en un sencillo compartimiento de tren. El primer pasajero que llega acomoda su equipaje, se sienta cómodamente, se dispone a leer el periódico; si es un hombre cortés, cuando llega el segundo pasajero le cede amablemente un lugar para que haga lo propio. Pero la situación cambia cuando llegan dos pasajeros más: los primeros los reciben con recelo, porque saben que el espacio se reducirá y las comodidades también. Dormir será más difícil. Si alguien plática, todos estarán obligados a escuchar. Si uno de los pasajeros fuma, los demás se verán obligados a respirar el humo.

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Este panorama se volverá exasperante si entran dos pasajeros más.

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En ese caso, los cuatro primeros responderán como si los últimos fuesen unos auténticos intrusos, que sin ningún derecho irrumpen en un espacio reservado para hacer el viaje insoportable. En ese momento, las normas de hospitalidad pasan a un segundo plano, y nadie se acuerda de la brevedad de la travesía: el espacio se convierte en una patria privada y ambulante, que hay que defender a cualquier precio.

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Exactamente lo mismo sucede al encarar las migraciones.

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La visión del otro lado
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Para un ciudadano común y corriente de Estados Unidos, la emigración es un fenómeno que ha formado parte inseparable de su nación, y por lo tanto no hay que abrigar sentimientos adversos contra los extranjeros que aspiran a convertirse en estadounidenses. Sin embargo, animados por las campañas políticas que reivindican la defensa de la frontera contra la avalancha de indocumentados que la cruzan a diario, la emigración ilegal se ha convertido en una amenaza que generalmente se asocia con el desempleo, el parasitismo, el narcotráfico y la llana criminalidad.

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Los números sirven de abono para el crecimiento de la alarma. La patrulla fronteriza señaló recientemente que capturó a 1’094,718 indocumentados en 1994. Se calcula que únicamente en el estado de California existen 1.7 millones de indocumentados, y que el incremento anual es de 125,000. En total, algunos analistas consideran que el flujo de indocumentados al año se ha elevado a dos o tres millones. Sin embargo, pocos hablan de que la emigración de México a Estados Unidos es un movimiento circular —que las personas regresan a su país de origen después de un tiempo— y que está motivado fundamentalmente por la búsqueda de trabajo y no por el deseo de cambiar definitivamente de patria. Según el Servicio de Inmigración y Naturalización, un promedio de 300,000 indocumentados se quedan anualmente en Estados Unidos.

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Una de las nociones más difundidas al respecto es la que afirma que la emigración ilegal es una carga monstruosa para los contribuyentes, y que por ello es necesario restringir tanto el flujo de indocumentados como los servicios que el gobierno les proporciona.

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The New York Times publicó un reportaje en el que una mujer indocumentada con cinco hijos, por ejemplo, recibe $723 dólares como apoyo directo, más $226 dólares en bonos para tiendas de autoservicio y las dos terceras partes de la renta de su habitación por parte del Estado. En conjunto, se ha calculado que el gobierno gasta cerca de $1,000 millones de dólares anuales en educación, salud y diversos apoyos a los indocumentados, y ese argumento ha sido utilizado como pólvora en los discursos incendiarios de muchos políticos.

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Precisamente por eso, 60% de los habitantes de California votaron a favor de la Propuesta 187 del gobernador Pete Wilson, que pretende restringir los servicios públicos de educación y salud para los ilegales, y por eso ahora el senador Alan Simpson busca introducir una propuesta para castigar con cargas im­positivas a los patrones que contraten indocumentados.

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Pero estos intentos son armas de doble filo, porque lo cierto es que la migración ilegal también ha favorecido notablemente a la economía estadounidense. Prueba de ello es que, al discutir la Propuesta 187, un estudio ordenado por la Casa Blanca demostró que los indocumentados representaban una fuerte carga para el Estado, pero por otro lado contribuían con $7,000 millones de dólares en impuestos, cifra mucho mayor a las erogaciones en servicios públicos, además de que favorecían notablemente el dinamismo del mercado interno como consumidores. Sin embargo, la ironía mayor corrió por cuenta del propio Wilson, cuando se descubrió que él mismo había contratado los servicios domésticos de una trabajadora indo­cumentada antes de emprender su famosa cruzada para salvaguardar las fronteras. De haber estado en práctica la propuesta del senador Simpson, el propio Wilson hubiera sido el candidato perfecto para una sanción.

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La visión de este lado
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A principios del año en curso, la frontera se vio sacudida por un renovado anuncio contra la emigración ilegal por parte del gobierno de Washington. La procuradora Janet Reno anunció una serie de medidas para detener el flujo de indocumentados que se ha incrementado —según dijo—por los efectos de la crisis económica y el desempleo en México. Así, a partir de enero la frontera que resguarda los estados de California y Arizona se vio reforzada por cientos de efectivos militares en funciones de vigilancia —que no participarán en la detención de los indocumentados, según se aclaró posteriormente—; obtuvo nuevos y sofisticados equipos para detectar gente; multiplicó los retenes y puestos de control en lugares estratégicos, y reforzó una mayor vigilancia de agentes especiales en los aeropuertos para detener a los ilegales.

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Entrevistado por EXPANSIÓN, José Luis Pérez Canchola, director del Centro de Información y Estudios Migratorios de Tijuana, afirma que la primera fase del plan fue la “Operación Guardián”, iniciada en octubre de 1994. Se trataba de controlar las 14 millas de frontera entre San Diego y Tijuana, región que registra 40% del total de las aprehensiones de indocumentados en toda la frontera; la segunda fase inició el pasado 16 de enero, con el fin de ampliar el operativo a la frontera de Texas y Arizona. Pero aún faltan dos fases más: “la tercera consistirá en un despliegue sin precedentes de patrulleros a lo largo de la frontera, con el respaldo -policiaco de algunas ciudades y el apoyo técnico del personal militar. La última fase será concentrar los esfuerzos contra los indocumentados en el interior de los Estados Unidos”.

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En enero, cuando se habló de reforzar la frontera con elementos militares, la respuesta de la Cancillería mexicana aclaró que el gobierno reconoce el derecho que tiene cualquier nación de proteger sus fronteras, pero enfatizó el hecho de que las medidas policíacas y militares sólo contribuyen a enrarecer la atmósfera de las relaciones que existen entre los pueblos fronterizos. Y en este punto, como en muchos otros, las visiones que prevalecen tanto en México como en Estados Unidos resultan distintas y antagónicas.

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“Lamentablemente, la reacción de los sectores políticos del centro del país —señala Pérez Canchola— se centró equivocadamente en el tema de la militarización de la frontera, que no es por el momento el problema fundamental. Ciertamente, la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en labores de apoyo a la Patrulla Fronteriza data de tiempo atrás. Lo verdaderamente relevante es que con el nuevo plan estratégico, el gobierno estadounidense está tratando de señalar como criminales a las personas que cruzan la frontera sin documentos, haciendo caso omiso de que se trata de trabajadores que van en busca de un ingreso, o de mujeres que van en busca de sus familias”.

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Para muchos analistas, el tema de la migración es una madeja de muchos hilos. Existe, desde luego, una parte negativa tanto para México como para Estados Unidos: para México, porque representa un drenaje de los mejores trabajadores hacia el extranjero, ya que se trata de gente joven —de un promedio de edad de 25 años—, con un nivel escolar medio y con el ímpetu que se requiere para mejorar con el propio esfuerzo; para Estados Unidos, porque significa la violación de sus fronteras, lo cual pone en entredicho su soberanía territorial.

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Sin embargo, la migración tiene también una parte benéfica para ambas naciones, ya que para México se convierte en una válvula de escape cuando crece el desempleo, y para Estados Unidos representa un cúmulo de mano de obra barata que se emplea en actividades fundamentales, como la agricultura, la industria de la construcción, el comercio y los servicios domésticos.

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Como la migración es un fenómeno que se vincula con temas tan delicados como la identidad nacional, el papel del gobierno, el trabajo y el parasitismo, la aceptación social y el racismo, muchos políticos utilizan a los emigrantes indistintamente como amenazas a los empleos existentes, chivos expiatorios de las crisis económicas o simples delincuentes.

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El tono hacia los indocumentados se refleja en las votaciones. “La relación entre las elecciones presidenciales de 1996 y los últimos acontecimientos en la frontera es una relación coyuntural —afirma Pérez Canchola—; evidentemente, los republicanos y demócratas van a utilizar el tema migratorio y a proponer soluciones cada vez más radicales a fin de ganar votos. Sin embargo, la determinación de controlar la frontera obedece a intereses de más largo plazo. La nueva estrategia proviene de sectores xenófobos con mucha influencia en el Congreso. Estos sectores están obligando a ambos partidos y a la propia administración a hacer todo lo necesario para poner fin a la migración indocumentada”.

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