Modelo económico <br>Polémica en cuatr

Cada cabeza es un mundo. Cuatro analistas económicos, consultados por EXPANSIÓN, proponen salidas

El creciente descontento en torno al zedilloshock, que abarca incluso a quienes —priístas o panistas— apoyaron en su momento las reformas necesarias para su instrumentación, parece no tener interlocutor.

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Las voces que demandan un cambio de rumbo se estrellan contra la impasible voluntad del Presidente y su gabinete económico. Para ellas y sus cada vez más escasos defensores, el camino correcto es el de la apertura radical, la reprivatización, la desregulación y la liberalización, y que cada quien sobreviva como pueda.

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Los críticos refutan: ese camino prioriza la integración del país a la economía mundial sobre la integración de la economía nacional, antepone la apertura comercial y financiera al fortalecimiento de las condiciones internas de competitividad, y privilegia al capital privado —concretamente al financiero— como protagonista principal del crecimiento, deslindando a las fuerzas del mercado de la responsabilidad de procurar el bienestar social.

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Entre ellos, sin embargo, no existe todavía un consenso. Economistas, líderes de opinión y representantes de diferentes grupos sociales ponen en la mesa de la discusión ideas que a su entender podrían allanar el camino.

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Cuatro expertos abordan el tema, ofreciendo su visión sobre lo que hace falta para salir de este agujero que algunos llaman crisis y otros califican de estancamiento estructural.

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Estatismo indirecto y otras sugerencias
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La economía mexicana no está en crisis, según el economista Josué Sáenz. Vive una depresión crónica. Orientar los esfuerzos a resolver sus problemas coyunturales es, por tanto, inútil y también una pérdida de tiempo, factor vital en economía.

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Fogueado en las lides del quehacer público, el privado y el académico, Sáenz considera que México debe crecer a una tasa mínima de 7.5% tan sólo para poder absorber parte de la desocupación acumulada por 12 años de crecimiento nulo, dar empleo a quienes cada año ingresan a la fuerza de trabajo e impulsar la modernización de la industria mexicana.

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Sin embargo, “con las fórmulas actuales no lo estamos logrando ni lo vamos a lograr”. Es necesario virar el rumbo. Una política económica no adecuada a la realidad es vana, cuando no funesta, y en México, el programa contraccionista del presidente Ernesto Zedillo, dice, ya dio señales suficientes de agotamiento. La exigencia de un cambio económico y político adquiere creciente resonancia entre los sectores más distintos y sus evidencias son claras: por un lado, “la revolución de las élites”; por el otro, “la revolución de las masas”.

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Y explica: la élite empresarial está pidiendo que el gobierno enfrente el desempleo, la quiebra de las empresas, la crisis crediticia; la élite política pide que el PRI se modernice, que incorpore a las nuevas fuerzas dinámicas que se necesitan para reconstituir al país. Y en el campo, los pobres, los olvidados de siempre, están levantando la voz y exigiendo cambios.

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Para enfrentarlos, Sáenz propone algunos ejes: el intervencionismo indirecto del Estado, el “apalancamiento” de los pobres, el capitalismo integrativo y la sustitución de importaciones.

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Dice que en México, constituido por tres países disímiles e incluso opuestos, el libre juego de la oferta y la demanda no puede operar por sí solo como motor del crecimiento. Por ello hace falta que el Estado vuelva a meter mano, pero no a la usanza de los años 70, cuando su papel en la economía era central, sino más bien al estilo oriental: mediante la creación de polos de desarrollo con infraestructura, capacitación técnica, recursos para telecomunicaciones e incluso cierto tipo de facilidades o apoyos a la inversión y a la exportación (en vez de gastar el dinero improductivamente en onerosas campañas electorales o militares). Como los tigres de Asia, esta nación tiene sus “jaguares”: empresas mexicanas de cobertura nacional e internacional, con capacidad financiera y tecnológica suficiente para acelerar el desarrollo del país, si cuentan con estímulos y directriz.

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Pero esto no basta para el crecimiento y la reducción de los desequilibrios. Es necesario multiplicar las inversiones y para ello se requiere el ahorro interno, el crédito o el capital externo. El capital es la esencia del crecimiento: sea público o privado, individual o colectivo, concentrado o disperso, chico o grande, es lo que más se necesita. El capital es la semilla para producir, que es lo que permite crecer sin que haya inflación.

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Dar garantías permanentes a los capitales productivos nacionales y extranjeros y propiciar la sustitución de exportaciones, constituye, pues, una alternativa no inflacionaria para revertir la contracción económico-financiera que hizo quebrar a muchas empresas.

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Así como las empresas acuden al apalancamiento para elevar su capacidad financiera, Sáenz piensa que el país debiera “apalancar” a sus pobres para elevar su capacidad productiva. Menos de 1% de la población total de México tiene capacidad de ahorro. En cambio, muchas empresas mexicanas sí pueden ahorrar y, por tanto, transferir parte de sus recursos a las zonas marginadas para establecer nuevas plantas, entrenar mano de obra y contribuir a la generación de ingresos, “apalancando” de este modo a los pobres que no pueden ni podrán crear nunca el capital necesario para elevar por sí mismos su producción y aumentar su productividad.

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Este proceso empezaría a disminuir los desequilibrios regionales y propiciaría la integración de muchas estructuras tradicionales (caciquiles, religiosas, étnicas, político-institucionales, etcétera) a la economía de mercado (o su desintegración), central para superar estancamientos estructurales que inhiben el desarrollo del país.

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¿Qué hace falta, empero, para concretar tales ideas? Como cualquier economista serio, Sáenz elude el recetario, pero anota, entre otros ingredientes, la reducción del gasto público y la reestructuración administrativa del gobierno federal; la implantación de una política industrial explícita, activa y “moderna”, que incida ahí donde la economía de mercado no ha llegado ni llegará sin ayuda; la regulación del ingreso de los capitales volátiles y la desgravación de las inversiones productivas.

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Algunas de sus propuestas han despertado simpatías, pero se estrellan contra la necedad programática de un gobierno fascinado por sus propias ideas. ¿Hasta cuándo? Según Sáenz, el tiempo es un elemento clave en el quehacer económico: “La duración del programa restrictivo se está prolongando demasiado y no se está examinando una realidad; dentro de la estructura real de México, hay muchas posibilidades de crecer sin inflación”.

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Soluciones a debate
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Ninguna solución real puede plantearse si no se parte de un proyecto de nación. Pero, ¿cómo lograr un consenso entre partidarios tan disímbolos como aquellos que buscan implantar la ley de la selva del libre mercado y los que mantienen viva la utopía marxista de una sociedad donde cada cual tenga lo que necesite y aporte conforme a su capacidad? ¿Cómo, si además estos últimos son vistos como profetas de la catástrofe, cuando advierten los signos de la debacle; o como resabios del pasado, cuando aluden a la soberanía y la independencia nacionales?

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Para Arturo Huerta, economista de la UNAM, la irrestricta libertad comercial y financiera a que apunta el mundo, expresa en México algunas de sus consecuencias destructivas: una crisis mucho más profunda que la de 1982, una deuda externa e interna más grande, una producción per cápita mucho menor que en 1982, las más altas tasas de desempleo, empresas más descapitalizadas, un sistema financiero vulnerado por el creciente nivel de cartera vencida, un sector agrícola e industrial disminuido, una concentración del ingreso mucho mayor y una economía que no genera condiciones de ahorro, de crecimiento y de pago...

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¿Qué hacer frente a esto? Huerta descarta un retorno al pasado, cuyas políticas económicas también cuestiona, en la medida en que tampoco configuraron condiciones de crecimiento sostenido y bienestar para todos.

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Señala que habrá quien invente recetas puntuales: a tanto el tipo de cambio, a tanto los salarios, moratoria a la deuda o a los intereses, condonación de carteras vencidas o estímulos fiscales a la producción intensiva en mano de obra, etcétera. Pero para este economista, premio Universidad Nacional, “la alternativa pasa por tener contextos donde las decisiones se tomen democráticamente”.

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Es decir, que las soluciones, cualesquiera que sean, no pueden imponerse verticalmente como si fueran de procedencia divina, fruto de algún iluminado que se las sabe de todas todas. Es necesario abrir “la toma de decisiones” en todos los niveles y, renunciando a posiciones dogmáticas, “restaurar en conjunto el proyecto de nación que se ha desdibujado totalmente”.

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¿Otro sueño guajiro? Quién sabe. Las autoridades encargadas de instrumentar y vigilar la política económica siguen empeñadas en continuar por el mismo camino, ajustando y reajustando pronósticos, fijando y modificando tiempos... Pero, según Huerta, “esta economía no tiene ninguna viabilidad de crecimiento por muchísimos años, ni mucho menos en un contexto de economía abierta”.

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Y mientras los productores agrícolas e industriales focalizan sus demandas en cosas muy concretas, como la reducción de impuestos, la desaparición de dependencias públicas o la disminución de los costos del trabajo —“como si el problema de las empresas fuera ese y no su falta de competitividad”—, el modelo que genera la crisis continúa.

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Lo que se necesita es “originar la discusión nacional en torno al modelo e impulsar procesos de democratización para que sea la sociedad organizada la que dictamine los rumbos; que se revisen el Tratado de Libre Comercio y la participación del Estado en la economía; que se discutan nuevos términos de protección y subsidios, y se sometan a debate políticas industriales, crediticias, comerciales, cambiarias”.

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Ahondar en la liberalización
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Los defensores del neoliberalismo consideran que el error básico no ha sido la ausencia de un proyecto nacional estratégico, sino el retraso y la tibieza con que aquel modelo se ha instrumentado.

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El mercado libre no admite fronteras ni acepta otro sino que el de su propia naturaleza. Sin embargo, persisten frenos que pretenden controlar su curso. Roberto Salinas, director del Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa (CISLE), piensa que el rezago económico tiene su origen en la Carta Magna de 1917. Modificar o sustituir “el capítulo económico de la Constitución”, para lograr un marco institucional que proteja los derechos de propiedad, sería, pues, “el remedio de fondo”.

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En todo caso, cree que lo que hoy se vive es una crisis pasajera, cuya magnitud se explica sólo por el efecto desastroso del estatismo de los años 70 (que provocó la espiral inflacionaria, el escalamiento de la deuda, el gigantismo burocrático y el déficit crónico) y para la cual no hay mejor remedio que el programa de ajuste del presidente Zedillo.

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A una distancia de 180º respecto de Huerta o Sáenz, Salinas descarta con sus correligionarios la necesidad de abrir cauces nuevos a la intervención estatal —“una ley que implique un estatismo indirecto es una receta para el subdesarrollo”—, porque las pulsiones de la oferta y la demanda son irrefrenables y tarde o temprano imponen su dominio sobre la economía. Los verdaderos factores para la inversión y el ahorro son la estabilidad macroeconómica y la baja inflación. Lo demás es incidental.

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Indica que México tiene que crecer a un mínimo de 8% anual durante varios años para abatir el desempleo y aliviar la pobreza; es necesario, entonces, proseguir por el camino de las reformas económicas estructurales (“el factor político hoy todavía es secundario”) que permitan crear las condiciones que imanten la inversión nacional y extranjera.

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¿Y cuáles son estas reformas? Opina que se trata de privatizar las actividades productivas que continúan en manos del Estado, reducir el gasto público y el aparato burocrático; la desregulación administrativa, económica y monetaria; la flexibilización del trabajo y los salarios; la reorientación del fisco hacia una política menos recaudatoria; en fin, como decir más de lo mismo, pero a fondo: regresar las actividades energéticas al capital privado; desgravar al capital productivo; sustituir las concesiones por derechos de propiedad privada, sin importar la nacionalidad; garantizar a la inversión foránea condiciones de permanencia a muy largo plazo y crear condiciones básicas de competitividad.

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Esto, que para Huerta y tantos otros significa la vía rápida a la desnacionalización, representa para Salinas justo lo contrario. “El verdadero nacionalismo sería abrir al capital privado nuestro recurso con mayor potencial de crecimiento, el petróleo, porque si no aumentamos nuestra producción, nos vamos a convertir en importadores de crudo y entonces, ¿dónde quedará nuestra soberanía?”

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La clave, pues, es confiar al sector privado el motor de la economía y reducir el papel del Estado a su expresión más fundamental, como garante de las condiciones de estabilización, la legalidad, la seguridad y la paz, y renunciando a “todo vestigio del Estado benefactor”. Esta premisa, contenida en el plan de desarrollo zedillista, aventura Salinas, es lo único que puede asegurar que el país “crezca, tenga desarrollo, se reduzcan las desigualdades y se recupere el empleo”.

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La transformación del empresario
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Por su parte, Isaac Katz, economista y catedrático del ITAM, admite incluso que, dados los desequilibrios estructurales de México, la política neoliberal tiende a agudizar los fenómenos de concentración y pobreza, al menos en un primer momento. Pero “no es al Capital, así con mayúsculas, a quien debe pasársele la factura, sino en todo caso, a la historia: la existencia de grupos indígenas; los rezagos educativos; el lastre del agrarismo; el proteccionismo industrial; la corrupción; el sindicalismo beligerante; el paternalismo distributivo del Estado...”

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Calificado por él como “un becerro que siempre está buscando mamar del presupuesto público”, el empresariado local no escapa a la lista de culpables, y una solución real a la crisis debiera pasar también por su transformación en un nuevo tipo de empresario, dispuesto al riesgo, a la búsqueda de oportunidades, a la competencia...

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Ciertamente, si la salida es poner en manos privadas todos los recursos productivos, financieros y naturales de la nación, los empresarios mexicanos tienen frente a sí la mayor y más trascendente de las responsabilidades. ¿Estarán preparados para enfrentarla?

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