Monterrey <br>¿Un mal menor?

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“Nuevo León es uno de los estados más seguros del país”, según el decir de sus habitantes y de las cifras que exhibe la Policía Judicial del Estado (PJE).

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Sin embargo, los elogios pierden fuerza cuando se observa que los robos de vehículos, hurtos a casas y negocios y asaltos a personas aumentaron de 9,015 en 1994 a 10,065 en 1995.

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Según Miguel Ángel Medina, secretario particular del director de la judicial, después del narcotráfico y del lavado de dinero, el “negocio” más atractivo es el ro­bo de automóviles, que en 1995 ascen­dió a 2,952. La prensa reporta que este año, en sólo 15 horas de un día determinado, desaparecieron 13 autos, lo que superó el récord de diciembre de 1995, cuando el promedio de todo un día fue de 12.

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La PJE señala que 70% de los coches son robados por la noche; 50% de los robos ocurren en la vía pública, 31% en domicilios y el resto en estacionamientos y negocios. En 1994 fueron resueltos cerca de 60% de estos casos, pero en 1995 bajó a 40% porque, a decir de Medina, algunas bandas sacan los vehículos del estado y los llevan a otras entidades e incluso a Los Angeles, para embarcarlos a Centroamérica.

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Las autoridades judiciales señalan que la crisis económica y el exceso de confianza de los automovilistas son las causas principales del aumento de este tipo de delitos.

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En todo caso, el saldo es favorable con respecto al Distrito Federal. El funcionario sostiene que esto obedece a tres factores: las prácticas disuasivas de la policía funcionan, la comunidad está más sensibilizada en el manejo de sus vehículos —lo que contradice la opinión de las autoridades— y existe un estrecho vínculo entre las corporaciones policíacas y la sociedad.

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Con esto último coincide Juan Ignacio Durán Reza, director del Consejo Cívico de Instituciones (Ccinlac), para quien, sin embargo, el panorama delictivo en el estado no debe compararse con otros “que siempre han mostrado cifras superiores, sino con nuestra propia situación respecto de la de años anteriores, y la estadística está creciendo”. Según él, la delincuencia común ha aumentado de manera alarmante y un buen ejemplo, dice, es San Pedro Garza García, el municipio más exclusivo del área metropolitana, donde los robos crecieron 70% en 1995, tanto de vehículos como en casas-habitación.

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Fue aquí donde ocurrió un caso que comprometió a la autoridad: un -BMW 1996, valuado en $127,000 dólares, desapareció de una agencia automotriz el 14 de noviembre del año pasado. El auto fue recuperado el 15 de enero gracias a la llamada de una persona que lo detectó precisamente en el domicilio de Alejandro Durán Pérez, subdelegado administrativo de la Procuraduría General de la República, quien presuntamente había acudido a la agencia a solicitar informes sobre el vehículo. A raíz de la publicación del hecho, el funcionario no se presentó a su oficina, fue destituido del cargo, desapareció de su hogar y actualmente es buscado por las autoridades judiciales.

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Medina admite que el aumento de robos los ha obligado a diseñar nuevas estrategias, como la implantación de filtros para hacer revisiones en la vía pública. Aunque los mecanismos no han sido definidos, la prensa local ya ha reportado los primeros operativos. Además, los procuradores estatales proyectan -elaborar un registro de vehículos, computarizado y a nivel nacional, para facilitar el rastreo. Tal vez así logren abatir el índice actual de ocho autos robados diariamente en Nuevo León.

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Lorenzo de Anda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque no quiere ser alarmista, previene que “se están encendiendo algunos focos rojos”. Por eso, señala, es necesario redoblar los esfuerzos, pues las estadísticas finalmente son como calificaciones de los funcionarios.

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¿Ola de violencia?
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A fines de 1995 las autoridades judiciales tal vez se sentían orgullosas de mostrar sus cifras porque hubo “sólo” 129 homicidios, 23 menos que en 1994 y fueron resueltos 85% de los casos. Pero 1996 no pinta nada bien. Tan sólo en el primer mes se reportaron más de 10 crímenes.

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Un caso muy “sonado”, expresión de la violencia en Nuevo León, fue el asesinato del abogado Leopoldo del Real, el 17 de enero, cuando platicaba en un restaurante con Fernando Garza Guzmán, entonces director de la PJE. Se generó tal polémica que Garza renunció tres días después y los diputados panistas pedían además la renuncia del procurador David Cantú Díaz, supuestamente acusado por Del Real de tener nexos con el narcotráfico y de exigirle dinero para resolver uno de sus casos. Hoy todavía se habla de una posible vinculación entre el homicidio y la detención del -narcotraficante Juan García Ábrego.

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Los medios de comunicación hicieron una campaña contra la “ola de violencia” porque entonces, en menos de una semana, hubo en Monterrey tres enfrentamientos a tiros con grupos supuestamente involucrados en el tráfico de drogas.

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Salvador Benítez, presidente del Colegio de Abogados del estado, sostiene que “es más la trascendencia temporal de estos hechos que la alteración de lo que realmente está sucediendo en Nuevo León”. Remitiéndose a las estadísticas de delincuencia común, señala que la situación es relativamente pacífica, “diría, incluso, que para el tamaño de la ciudad se tiene un bajo índice de delincuencia”.

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Violencia sexual
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En los últimos dos años también los delitos sexuales se han incrementado. Una de las cifras más alarmantes es la de corrupción a menores, que pasó de 22 casos consignados en 1994 a 128 el año pasado.

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Carolina Niño, titular de la Agencia del Ministerio Público Número Dos, especializada en Delitos Sexuales, explica que en este tipo de delitos, las mujeres llevan las de perder: de cada 10 delitos, sólo uno es contra varones.

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La funcionaria aclara que muchos casos no llegan al Ministerio Público, por eso realizan programas de prevención e información a través del DIF, de los módulos de orientación social de la -Procuraduría General y de la Procuraduría de Defensa del Menor.

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Parte de la labor preventiva se realiza en las escuelas, donde se presentan situaciones de niños víctimas de violaciones y atentados al pudor por parte del personal de las propias instituciones. El caso más reciente es el de un estudiante de secundaria quien presuntamente fue agredido sexualmente por su maestro de inglés. Éste fue detenido, pero finalmente se le dejó en libertad “porque no se precisó la hora del delito”. La decisión causó tal indignación en la comunidad, que el procurador estatal se comprometió a dar seguimiento al caso. El resultado: el profesor fue reaprehendido y declarado reo por el delito de corrupción de menores, a pesar de que la Fiscalía Especial en Delitos Sexuales pidió la detención por corrupción equiparable a violación y atentados al pudor.

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Debilidad del sistema
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El presidente de los abogados neolonenses explica que la inseguridad es provocada porque estos acontecimientos son coincidentes. Añade que, en todo caso, no deben ser tomados como causa, sino como “un efecto de la debilidad de todo nuestro sistema de administración de justicia”. De alguna forma, su opinión coincide con el resultado de la encuesta de opinión pública aplicada por el Ccinlac en noviembre de 1994: en procuración de justicia, el estado tiene una calificación de 6.6, es decir, está reprobado.

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Los entrevistados coinciden en que los cuerpos policíacos son ahora más pro­fesionales, aplican técnicas más avan­zadas y tienen mayor respeto a los derechos humanos, pero nunca faltan las denuncias de abuso de autoridad y de corrupción.

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Hay quienes dicen que esto se debe, en parte, a los sueldos de los policías: la gran mayoría percibe entre $1,100 y $1,300 pesos mensuales. Benítez sostiene que no es suficiente para vivir con decoro. “Necesitamos retomar una cultura de la legalidad, donde lo primero es establecer fórmulas para que el funcionario viva con dignidad y sea respetado por la sociedad”. Esto significa sueldos y sistemas de designación independientes, que permitan al policía tener cierta seguridad en su puesto, al margen de los vaivenes políticos, “porque la situación actual presenta un campo propicio para la corrupción”, aunque aclara que también hay funcionarios honestos.

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Medina, por último, informa que desde el año pasado están trabajando más cerca de la comunidad a través de programas en los que abordan la defensa personal, la drogadicción y, en definitiva, la prevención de delitos. Pero reconoce que aún hay mucho por hacer porque, “a pesar de que nos sentimos privilegiados en cuanto al manejo de las situaciones generadas por la delincuencia, a veces no es suficiente para dar los resultados que la comunidad espera”.

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