Pocas veces en la historia económica del país se había presentado, como ahora, una proliferación tan grande de planes y propuestas económicas, que pretenden influir en la elaboración de la política económica gubernamental. Ellas provienen de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, grupos de intelectuales y agencias económicas, entre otros.
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Esto podría representar un claro signo de evolución de la sociedad mexicana, hacia una actitud más participativa en la toma de decisiones del sector público. Pero el fenómeno también podría tener una lectura diferente e inquietante, en el sentido de que podría expresar la falta de consenso entre el gobierno y la sociedad acerca del camino a seguir en materia económica. Lo mismo se podría percibir de la enorme distancia que existe entre los planes oficiales y los proyectos presentados por un amplio espectro de la sociedad civil.
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Sin embargo, lo más extraño es que ni siquiera las mismas organizaciones patronales, representadas por cámaras, confederaciones, asociaciones y consejos de empresarios, han conseguido llegar a un consenso sobre las estrategias económicas más adecuadas para enfrentar los graves problemas que enfrenta la economía mexicana, tanto en la coyuntura actual como en los horizontes de mediano y largo plazo.
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Esto último se debe, en opinión de muchos hombres de negocios y representantes sectoriales, a las fuertes pugnas intergremiales por cuotas de poder al interior y frente al conjunto de las organizaciones empresariales. Lo más delicado es que esas pugnas también ocurren por el deseo de esas organizaciones de alcanzar los favores, preferencias y apoyos por parte del gobierno. De esta manera, se mantiene el modelo corporativo, ya que, mientras el gobierno obtiene beneficios de la división entre los empresarios, éstos ven disminuido su poder de negociación frente al Estado.
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Así las cosas, todavía falta un largo camino para que la participación de los empresarios en la elaboración de las políticas públicas que los afectan realmente, sea tomada en cuenta. Ese camino pasa, necesariamente, por el fortalecimiento de la participación democrática de los industriales y comerciantes en sus organizaciones, lo que llevará al desmantelamiento de las burocracias corporativas en las cámaras y asociaciones.