El relativo control del entorno macroeconómico alcanzado en el segundo trimestre del año ha liberado al gobierno de algunas presiones. Entre otras, le ha permitido cumplir con los compromisos de conducción económica pactados con los gobiernos y organismos internacionales acreedores, los que han manifestado su conformidad con los resultados de las políticas de ajuste aplicadas en los primeros siete meses de la crisis.
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Pero, persiste un grave problema en el plano microeconómico. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uno de cada nueve establecimientos productivos, y cientos de miles de tarjeta habientes, tienen problemas de cartera vencida y se espera que su número crezca más en los próximos meses.
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Frente a esto, un número importante de empresas y consumidores han asumido posiciones de resistencia organizada, como la Alianza Nacional de Empresarios. Estos grupos de deudores han interpuesto recursos jurídicos en defensa de sus intereses y el conflicto ha cobrado tal magnitud que ha llevado a declarar en sesión permanente a la Cámara de Senadores.
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El problema, rebasa con creces el ámbito de las responsabilidades de los usuarios del crédito y de las instituciones financieras. La principal responsabilidad recae en el sector público, que propició los errores de conducción económica que causaron la actual recesión, que ha dejado sin empleo a millones de mexicanos, frenó los flujos económicos, contrajo la liquidez e impidió la revolvencia financiera de los negocios. Así, para muchos deudores resulta imposible la cobertura de una deuda pactada en condiciones financieras muy distintas a las prevalecientes actualmente.
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En estas circunstancias, es difícil obligar a los deudores a cargar con todo el peso de la situación, mientras que el sistema bancario, a pesar de la crisis, reporta un aumento de 159% en sus utilidades del primer semestre con respecto al primer semestre de 1994.
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Así, la solución debería considerar la responsabilidad de cada uno de los participantes en la generación del problema y repartir proporcionalmente los costos y sacrificios para enmendar la situación lo antes posible.
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Diversos analistas opinan que el problema de las carteras vencidas, los embargos y las moratorias de pagos sólo podrá resolverse con un importante acto de autoridad del gobierno, en el que asuma su parte de responsabilidad y los costos que le corresponden. Para ello es necesario promover una Ley de Pagos, en la que se reconozcan situaciones extraordinarias y de excepción como las que se están viviendo, se resuelvan los conflictos de leyes y se establezcan límites precisos a las prácticas bancarias.
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De no encontrarse una solución aceptable, podrían surgir brotes de inconformidad social, que organizada políticamente o en forma de delincuencia, pondrían en riesgo los avances del programa de ajuste.