Nudo de dilemas

A diferencia de lo que ocurrió en el sexenio pasado, la estrategia económica aplicada por la presente administración cuenta con menos margen para obtener los resultados que se ha propuesto.

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Por ejemplo, de 1988 a 1994 los productores industriales y agrícolas fueron presionados, mediante la combinación de una política de contracción monetaria y una competencia arrasadora, a disminuir sus márgenes hasta niveles mínimos. Hoy están descapitalizados y salvo algunas excepciones, su tecnología está rezagada.

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Además, aunque pudiera existir la tentación de seguir comprimiendo el poder adquisitivo de la población, éste se encuentra en niveles tan bajos que es muy poco lo que se podría lograr al respecto y se generarían nuevos problemas.

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Por su parte, el gasto público se encuentra ante la necesidad del gobierno de pagar sus compromisos con el exterior y al mismo tiempo destinar recursos crecientes al salvamento de la banca. Lo malo es que eso ocurre en un momento en el que ha bajado la recaudación fiscal, además de que la infraestructura física del país se encuentra sometida a duras pruebas, ya que después de los huracanes se vive una fuerte sequía.

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Por lo anterior y suponiendo que la actividad exportadora seguirá basándose en insumos importados, porque acelerar la integración podría significar desestabilización, y que el saldo permitirá cubrir los compromisos con el exterior, entonces queda claro que la realidad del país parece un nudo de dilemas.

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Crecimiento o estabilidad
-En este dilema particular, el actual gobierno ya decidió y reconoce que su objetivo prioritario es reducir la inflación mediante una política de contracción monetaria, que seguirá invariable.

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Sin embargo, la decisión de frenar el crecimiento de precios de esa manera impacta principalmente a sectores que proporcionan bienes o servicios no básicos, ya que su demanda disminuye conforme se contrae la actividad y el ingreso.

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No sucede lo mismo en las ramas de productos básicos, donde además de las pesadas cargas financieras persisten fuertes presiones de costos. Eso explica los incrementos en la leche y las tortillas. Desafortunadamente, esas alzas repercuten directamente en el poder adquisitivo, por lo que los sindicatos demandan un incremento salarial superior al 10% acordado en la -ARE o un compromiso de desgravación.

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Para el gobierno, subsidiar la producción de básicos, desgravar el ingreso de los trabajadores o elevar salarios, son medidas que están fuera de su marco conceptual y significan una menor disposición de recursos para apoyar a la banca, cuya crisis no ha terminado.

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En esas circunstancias, cumplir el objetivo de reducir la inflación implicará necesariamente fortalecer la contracción monetaria, aunque con ello se profundice el actual círculo vicioso: menor actividad económica–baja recaudación fiscal–más carteras vencidas–más cierres de empresas–menos trabajo–mayor crisis bancaria.

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La venta de activos, ¿una opción?
-Para romper ese círculo, la presente administración pretende seguir con la venta de activos de la nación.

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Sin embargo, los activos en venta implican la entrega del mercado, la afectación de áreas estratégicas y, además, existen dudas fundadas acerca de la honestidad con que se manejarán y la utilidad que tendrán los recursos obtenidos.

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Originalmente se había argumentado que la reclasificación de -petroquímicos básicos a secundarios era con el propósito de atraer inversiones, no de vender las plantas ya construidas. Las inversiones no llegaron y ahora, después de propiciar la descapitalización de la petroquímica estatal, se toma la decisión de venderla, pero se insiste en que eso no quiere decir que se pretenda privatizar a todo Pemex.

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Quienes apoyan la privatización señalan que la actual administración de Pemex no ha cumplido su obligación de desarrollarla para convertirla en una empresa que genere beneficios y compita contra las principales multinacionales del ramo. Al contrario, esa administración adoptó la estrategia de ceder poco a poco en los diferentes campos: tecnología, inversiones, etcétera. Sin embargo, la solución razonable para ese problema está en cambiar de administración, no en vender a la empresa. Es más, quienes la administran son los mismos que la quieren vender y lo peor, son los mismos que hablan de corrupción aunque no han hecho nada para terminar con ese cáncer. Paradójicamente, como ha sucedido en la ex URSS, los privatizadores después aparecen como funcionarios de empresas privadas.

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Desafortunadamente, esta administración ha negado toda posibilidad de utilizar al petróleo como palanca de desarrollo, a pesar de que tiene uno de los costos de extracción más bajos del mundo. Eso se debe a que ha aceptado como una verdad indiscutible la afirmación de que vender a un precio inferior al internacional es un subsidio. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, de que por su orografía e hidrografía, los costos de transporte y disposición de agua son más baratos en Estados Unidos que aquí.

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Finalmente, cuando se critica la ineficiencia de las paraestatales se pretende ignorar que el truco para convertir empresas públicas con problemas financieros en empresas privadas rentables y en crecimiento reside en el cambio del régimen fiscal.

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El dilema central
-Mantener el sistema basado en el partido de Estado garantiza la continuidad de las medidas adoptadas desde 1988, aunque con rendimientos decrecientes.

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De hecho, la esperada apertura democrática podría dar lugar a que la sociedad rechazara este sistema político que no ha sido capaz de demostrar que la estrategia económica aplicada en los años recientes busca la modernización del país con los mexicanos.

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A pesar de que se esté en esa transición, habrá quienes, basados en relaciones poco transparentes, se arriesguen a hacer grandes negocios en las áreas de energéticos abiertas por esta administración. Tratarán de invertir poco y ganar mucho en el corto plazo, porque saben que otro congreso o ejecutivo, que no son imposibles en el México de fin de siglo, podrían dar marcha atrás a esos esquemas de negocios.

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Y es que, contra los falsos dilemas, hoy los empresarios saben que la construcción de una economía competitiva pasa por la democratización del país, el final de la impunidad, la recuperación de recursos mal habidos, una administración pública comprometida con el país, honesta y eficiente y la búsqueda de opciones que repartan sacrificios, independientemente del esfuerzo que requieran. En ese contexto, los capitales foráneos siempre encontrarán espacios para inversiones productivas nuevas y competir, pero cada vez habrá menos posibilidades para quienes pretendan controlar los mercados, a excepción de las empresas públicas eficientes a las que se asigne la función de apoyar el desarrollo.