Nuevo León <br>Érase un estado ganader

Los ganaderos no quieren depender del dinero público, pero los insumos subieron de precio y los mer

“Lo único que esperamos que nos caiga del cielo es el agua, y de ahí para allá es trabajo.” La frase es de Arturo de la Garza, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, aunque sus palabras expresan el sentir de los productores agropecuarios, que además de enfrentar la peor sequía de los últimos 10 años, están viviendo una seca financiera y de confianza desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que los obligó a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá en condiciones de desventaja, tanto tecnológica como económica, pues los socios de México mantienen programas de subsidio y recurren a prácticas proteccionistas cuando consideran que sus intereses están en riesgo.

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Quienes viven del campo lo que menos quieren es depender de los apoyos gubernamentales, pero sienten que están en un callejón sin salida porque sus compromisos financieros les impiden hacer nuevas inversiones. Algunos están trabajando sólo para sobrevivir; otros se han visto forzados a abandonar granjas, ranchos y empresas en las que invirtieron capital, tiempo y trabajo. La producción agropecuaria representa menos del 3% del Producto Interno Bruto de un estado eminentemente industrial, y tal vez por ello no se le ha dado la atención necesaria a una actividad que es fuente de empleo para 53,000 personas y genera ventas anuales de $5,100 millones de pesos, sin considerar la agroindustria. De la Garza afirma que el campo alimenta, viste, genera trabajo y garantiza la autonomía del país, por eso es necesario mantenerlo e incentivarlo.

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Con la llegada de Benjamín Clariond como gobernador interino en sustitución de Sócrates Rizzo, inmediatamente surgieron los anuncios de apoyos económicos a través de la Alianza para el Campo y de diversos programas, como el Emergente de Sequías, el Adicional para Sequías, Asistencia Técnica, Conservación de Caminos y Apoyo a Zonas Áridas. Participan en ellos la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y el gobierno estatal. El 8 de mayo se dijo que este año la derrama total será de $200 millones de pesos, pero el problema es que un alto porcentaje de los recursos está destinado al sector social y en otros casos es requisito que los productores aporten una cantidad proporcional a la ayuda, lo cual resulta difícil cuando lo que falta es precisamente liquidez.

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José Rodolfo Farías Arizpe, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, señala que en cierta medida estos programas están orientados a frenar la emigración de los campesinos a los centros urbanos, “les dan un tenme aquí para que se queden un poquito más allá... qué bueno que se les pueda ayudar, qué bueno que esa gente pueda sobrevivir en una situación tan difícil”. Sin embargo, los productores viven una realidad diferente y todavía están a la espera de las alternativas que les planteará el gobierno federal para reactivar su negocio.

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De la Garza explica que en sus orígenes Nuevo León era ganadero, pero los pastizales se han deteriorado paulatinamente por la falta de agua. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), la precipitación acumulada de 1974 a 1994 fue de 102 milímetros, y este año no pinta bien, pues la cifra para el periodo enero-abril fue de 14.54 milímetros. Sin la ayuda del cielo y con una rentabilidad de 12%, los ganaderos no están en posibilidades de invertir en la tecnología que requiere la rehabilitación del suelo. El presidente de la asociación que representa los intereses de 42 agrupaciones municipales de ganaderos, porcicultores, avicultores, apicultores y productores de cabras y ovejas, asegura que hasta 1993 mantuvieron cierto ritmo de crecimiento a pesar del gobierno, de la falta de apoyos, de las barreras sanitarias y de los problemas ecológicos. Lo pudieron hacer porque tenían a su alcance créditos baratos, algunos incluso en dólares, pero hoy la historia es distinta: ya no hay a quién recurrir.

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De aspirinas y otras parcialidades
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Tomás Garza, delegado de la Sagar, hace una radiografía poco optimista de la actividad ganadera. “Hay muchas circunstancias en contra: no hay mercado, no hay comida en el campo, el complemento es caro, los intereses están altos... no tiene salida el ganado, ni en México ni en Estados Unidos”. La dependencia a su cargo ha tratado de apoyar con suplementos alimenticios a mitad de precio, aunque reconoce que es sólo un paliativo para un problema como la sequía, que requiere soluciones tan radicales. Siguiendo con la estrategia de las “aspirinas”, arrancarán programas para el restablecimiento de praderas con subsidios de hasta 50% y van a reiniciar la construcción de presas, bordos y pozos. En este caso, la ayuda consiste en el subsidio de 50% del costo de la maquinaria. Es decir, sólo podrán ser beneficiados quienes estén en condiciones de pagar el resto.

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Nuevo León es sede de cinco asociaciones de ganado de registro y provee alrededor de 30% de los sementales que son distribuidos a todo el país a través del Programa Ganado Mejor, pero los ganaderos se han visto forzados a vender más de lo programado para evitar que los animales se mueran de hambre. Según las guías de movilización más recientes, de enero a mayo de 1996 salieron del estado cerca de 60,000 cabezas, que ahora pastan en otras entidades del país donde las lluvias son más generosas. El líder de los ganaderos estima que actualmente hay 250,000 vientres, cifra 60% inferior a la que se registró en 1988. La reducción más drástica fue en 1995, cuando la mayoría de los productores optó por exportar a Estados Unidos, donde el precio era atractivo debido a la devaluación. Lo malo es que la bonanza no duró mucho: de junio de 1995 a la fecha, la venta al exterior se redujo 75% porque los estadounidenses también tienen problemas con el abasto de granos para alimentar a los animales. Cierto que la exportación permitió a algunos ganaderos mantenerse a flote, e incluso hubo quienes pagaron lo que pudieron de sus créditos y otros que se capitalizaron. Pero el precio en el vecino país está a 50%, así que ni siquiera vale la pena hacer el esfuerzo de comercialización.

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Como representante de 10 asociaciones estatales de productores -agropecuarios, Farías apunta que los engordadores son los que reflejan primero el tamaño de la crisis al reducir su inventario para evitar pérdidas mayores. Actualmente los ganaderos trabajan a 50% de su capacidad, mientras que los porcicultores están a 80%. La problemática es tan profunda “que nos deja hablando solos y fuera de toda negociación y competencia, comenzando porque apenas nos íbamos a preparar —después de muchos años de atraso— y con la situación financiera actual es peor”. Quienes invirtieron en la reconversión de sus negocios, agrega, ahora no están en posibilidades de cumplir su compromiso financiero, pues el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores no es suficiente. “Cuando íbamos a empezar a pagar, resulta que se vino una crisis del tamaño del mundo. Estamos en una situación muy golpeada.”

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Quienes han estado más castigados son los lecheros, que venden su producción a cinco plantas pasteurizadoras del estado, las cuales, según De la Garza, acaparan el lácteo y, en cierta forma, incurren en una práctica monopólica al exigir exclusividad a sus proveedores. “Ellos compran al precio que quieren”, dice el ganadero. En marzo, esas em­presas obtuvieron la autorización para aumentar el precio al público, pero los productores no se beneficiaron con el incremento, pues ellos venden el litro a $2.05 ó $2.10 pesos, menos castigo, mientras que el producto llega al último consumidor a $3.80 pesos o más. Esta falta de equidad en la cadena productiva ha derivado en una reducción de 60% del hato en los últimos 10 años.

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Aún con todo en contra, los productores no pueden darse el lujo de suspender las campañas sanitarias emprendidas para que Nuevo León sea reconocido como estado libre de enfermedades. Hasta ahora se reporta un avance de 60% en la erradicación de brucelosis y -tubercolisis en bovino y caprino; la meta es alcanzar en marzo próximo el 75% que exige Estados Unidos. Se supone que una parte de la inversión será aportada a través de la Alianza para el Campo, que tiene una partida de $2.8 millones de pesos para programas de sanidad animal.

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Números que no cuadran
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El presidente de la Unión Ganadera explica que el precio de los insumos se ha elevado en 200 ó 300% en el último año, principalmente el sorgo y el maíz, que aumentaron de $700 a $1,600 pesos. A esto hay que agregar las vacunas y desparasitantes, que por ser importados automáticamente subieron el doble. Estos incrementos no pueden ser considerados al fijar el precio para el último consumidor, cuyo poder de compra se ha reducido sensiblemente en los últimos tres años; por eso considera que son los ganaderos quienes están subsidiando a la población con un precio de venta que está a 50% de su valor real.

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Les molesta depender de los apoyos gubernamentales, pero los números demuestran que lo más viable es volver a utilizar la palabra subsidio, que se convirtió en un tabú durante el sexenio salinista por ser un obstáculo para la firma del TLC. Agradece la ayuda de $2.8 millones de pesos que recibirán los socios de la Unión Ganadera a través del Plan Emergente para la Sequía, pero a pesar de ser la misma cantidad del año pasado, les alcanzará para comprar sólo la mitad de los insumos. Hasta ahora han ejercido $850,000 pesos; lo que quieren es que se les entregue el resto en una sola partida para asegurar las compras a precio actual.

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El delegado de Sagar advierte que, aunque constantemente se difunden declaraciones de que se está muriendo el ganado, la verdad es que nadie tiene datos concretos. Para contrarrestar estas lagunas, la dependencia a su cargo está levantando un censo que permitirá conocer la cantidad de productores que están en actividad, la infraestructura que utilizan y la distribución del ganado, además de hacer una comparación entre 1994 y 1995. A través de 3,359 encuestas aplicadas hasta ahora, han censado 176,000 cabezas de ganado entre -sementales, vientres, becerros, novillos, vaquillas, toretes y animales de -trabajo.

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Subsidio: esa palabrita
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Entre los productores agrícolas tampoco campea la tranquilidad. De acuerdo con los datos recabados para Procampo, Nuevo León dispone de 334,000 hectáreas cultivables para granos básicos, pero nunca se han sembrado más de 265,000 al año porque la mayor parte es de temporal. En el ciclo otoño-invierno 1993-1994 fueron sembradas 135,000 hectáreas, cifra que bajó a 50,000 en igual ciclo de 1994-1995 y repuntó a 54,606 hectáreas en 1995-1996. Hasta aquí sería fácil suponer que se empieza a dar un avance, pero la mejora es mínima si se considera que la superficie programada fue de 90,550 hectáreas, lo que significa que quedaron ociosas 35,944.

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Los principales cultivos por valor de producción son papa, cítricos, nuez, -manzana, maíz, sorgo y trigo, en ese orden de importancia. Un total de 33,000 hectáreas en seis municipios son destinadas a la siembra de naranja, mandarina y toronja, mientras que la papa se concentra en 4,500 hectáreas de Galeana. En ambos casos se trata de productores con recursos, ya que son cultivos que requieren riego e inversión, así que para ellos el gobierno no ha diseñado estrategias de ayuda.

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En cambio, para el sector social está en marcha un programa de $10.5 millones de pesos: $3 millones para suplementos alimenticios, $2.5 para mejoramiento territorial y $5 para -infraestructura productiva. La entrega de recursos, que es administrada a través del Firco, concluirá en octubre. También está proyectado otro apoyo de $16.5 millones de pesos para abrevaderos, pozos, semillas, fertilizantes y suplementos alimenticios. Quienes se quedaron con la tierra preparada pero no sembraron por la falta de lluvia, recibirán además $220 pesos por hectárea para la recuperación de costos. El delegado de la Sagar afirma que la totalidad de estos recursos está en el esquema de subsidios, aunque hay quienes ya no quieren usar “la -palabrita”.

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Farías, del Consejo Estatal Agropecuario, dice que mientras no reciban un trato especial la actividad seguirá inmersa en un círculo vicioso. Por ahora les resulta imposible salir del problema de cartera vencida, así que están esperando las medidas que les den un respiro y que demuestren interés de parte del gobierno y de los bancos. Lo que urge, enfatiza, “es la reactivación del sector, que la gente siga trabajando”.

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Cuando se le pide hablar de perspectivas, prefiere no aventurar cifras: “Todo depende de qué tan pronto podamos obtener una recuperación económica”, acompañada, por supuesto, de la recuperación de la confianza. Sostiene que hay muchas áreas que deben regresar a la protección por parte del gobierno, como sucede en otros países, particularmente Estados Unidos, que este año ha impuesto una serie de barreras no arancelarias para detener la importación de tomate y aguacate procedentes de México. Advierte que si prevalece la situación actual, estará en peligro la soberanía alimentaria de un país que ya tiene poco que ver con el cuerno de la abundancia. Lo mismo piensa Enrique Carreón, un campesino del ejido Laguna de Santa Rosa: “Estamos así nada más, a la -voluntad de Dios, pero la tierra no contesta; esperamos la humedad para sembrar, pero el tiempo se nos viene encima”.

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