Nuevo León. Con el ánimo golpeado
Si alguien tuviera que explicar cómo se sienten los empresarios regiomontanos ante la crisis, no necesitaría muchas palabras: el ánimo y la confianza están golpeados. Esto es difícil de asimilar en una ciudad que se caracteriza por enfrentar las adversidades con capital y trabajo, pero los contratiempos que se han acumulado desde el pasado 19 de diciembre ‑cuando se desató la actual crisis económica‑ hacen más pesada la carga.
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Quienes visitan la sultana del norte generalmente se sorprenden por la intensa actividad comercial e industrial, pero ahora el cierre de negocios pequeños y medianos, que tienen su mercado restringido al ámbito local y nacional, se esta volviendo un hecho cotidiano. Aún es difícil obtener datos precisos al respecto, porque ni siquiera los organismos privados los tienen debidamente actualizados, pero un buen indicador es que el desempleo registrado en los primeros tres meses del año ascendió a 33,000 personas, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (INISS), lo que significa que "el desempleo real es mayor", afirma Armando Garza Sada, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).
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Jorge Arrambide, secretario de Desarrollo Económico del Estado, va aún más lejos: Visiblemente en los primeros cuatro meses del año hayamos desocupado a 35,000 trabajadores, que sumados a los 50,000 que teníamos desempleados a fines del año pasado, hacen unas 85,000 personas que buscan empleo y no lo consiguen. En lo personal, creo que entre desempleo y subempleo, podemos estar hablando de una tasa de 40% de la fuerza laboral". A esto se pueden agregar otros datos poco optimistas, como el hecho de que existen alrededor de 2,000 empresas micro y pequeñas que tienen parada la producción, mientras el resto ha visto mermadas sus ventas entre 27 y 33%, al tiempo que suben los costos en una proporción mayor.
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Para las cámaras empresariales, el origen de la recesión es muy obvio. Se centra en altas tasas de interés, apertura acelerada, sobre evaluación de la moneda, crecimiento exagerado del sector público y una política fiscal complicada e injusta. Con la combinación de estos factores, dicen, se obtiene la fórmula ideal para quebrar a un país.
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¿Cuál equidad? El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) definitivamente no encontró un campo fértil en Monterrey. El descontento se hizo sentir a través de desplegados y en reuniones con funcionarios federales, como el secretario de Comercio, Herminio Blanco. Los pequeños y medianos empresarios incluso salieron a la calle para expresar públicamente su inconformidad frente al Palacio de Gobierno.
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Amadeo Garza Treviño, director de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco), afirma que la demanda de los socios era unánime: "Emprender acciones firmes contra los aumentos decretados por el gobierno, porque el resultado sería el estrangulamiento de la actividad económica".
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Mario Garza Benavides, presidente de la Canaco, abunda: "El peso del paquete económico recayó de nueva cuenta en las empresas, en el trabajador; no fue repartido equitativamente, y de ahí el rechazo a las imposiciones oficiales, tanto del aumento del IVA como del precio de los servicios".
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Coincide Garza Sada, de Caintra: "Es un programa ortodoxo que está logrando estabilizar los mercados, particularmente el cambiario, además de regresar un poco la expectativa de que habrá un momento de orden. Mis dudas sobre el programa económico giran en tomo a que el costo será muy alto para la sociedad y el sector productivo. La proporción del costo que está cargando el sector público no es ni suficiente ni justa".
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Aunque las opiniones anteriores son poco condescendientes con la estrategia gubernamental, existen posturas todavía más radicales, como la de Luis Enrique Grajeda, director del Centro Patronal de Nuevo León (CPNL), quien afirma que "mientras el sector público no reduzca la burocracia, no habrá programa económico que saque adelante a México, ni de Ernesto Zedillo, ni de Carlos Salinas, ni de nadie". El gran problema, puntualiza, es que ൔ millones de personas trabajan para sostener a una planta de ocho millones de empleados públicos".
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Ciertamente, tan sólo en Nuevo León hay 92,700 empleados estatales, frente a 1.4 millones de personas económicamente activas. Estas cifras contrastan marcadamente con las de Estados Unidos, donde hay 128 millones de trabajadores integrados al sector privado y 18 millones de burócratas, según datos de diciembre de 1994.
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Reacciona el gobierno. El gobernador Sócrates Rizzo García ha tenido que asumir una actitud conciliadora. "Ha agarrado al toro por los cuernos ‑enfatiza Arrambide, secretario de Desarrollo Económico‑; ha enfrentado personalmente la crisis y ha escuchado a cuanto grupo tiene algo que decir. Ha sido un excelente canal de comunicación y de coordinación entre los diversos grupos locales y el gobierno federal. La prueba es que ha venido tres veces Herminio Blanco, ha conseguido citas a los industriales con el presidente Zedillo en México, ha traído a José Madariaga, ha visitado a la Secretaría de Hacienda, ha ido con el director de Nafinsa...".
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Según Arrambide, también se han emprendido acciones para aminorar los efectos de la crisis. Ejemplo de ello es el Programa de Empleo Emergente que empezó el 15 de mayo, cuyo objetivo es contratar personal eventual para obras públicas. Se ha difundido que en la primera etapa participarán 16,000 personas en trabajos de pintura y reparación de escuelas. Simultáneamente, se están dando becas de capacitación mixta, lo que significa que el beneficiario recibe entrenamiento durante tres meses con goce de sueldo. Para las clases más desprotegidas, se implementó el programa de Abasto Social, orientado a garantizar el suministro de los productos básicos y complementarios a precios subsidiados con el apoyo de organismos federales, estatales y privados.
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El funcionario agrega que, ahora, las demandas de la iniciativa privada son atendidas por el nuevo gabinete económico, creado para alentar, promover agilizar y facilitar nuevas inversiones y expansiones; en pocas palabras, destrabar los obstáculos que enfrentan quienes desean producir". Así, una vez que pase la crisis, este gabinete se transformará en un órgano desregulador de reglamentos y trámites estatales.
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Pero nada de esto parece ser suficiente para la magnitud del problema de la economía real.
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Inalcanzables. Para los empresarios, las tasas de interés son un verdadero dolor de cabeza. "Yo no entiendo cómo una persona tan brillante y sabia como se dice que es Pedro Aspe, haya promovido vender la banca en varias veces su valor ‑dice el secretario de Desarrollo Económico‑. No me explico cómo no se dio cuenta que ese exceso en el costo de la banca lo iba a tener que pagar la sociedad en general a través de altas tasas de interés. Yo creo que uno de los problemas de fondo que tenemos en el gobierno federal, y muchas veces en los gobiernos estatales y en mi propia secretaría, es que no tenemos claridad en la definición de quién es el cliente."
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Debido a esta situación, ahora hay empresarios que ya han caído en una moratoria obligada de sus créditos, porque tenían que escoger entre pagar los salarios o pagarle al banco, expresa el presidente de la Canaco. "Hemos pedido a los banqueros que apoyen al empresariado. Ellos nunca han participado en un pacto. Argumentando que compraron tal vez la banca muy cara, han encarecido los créditos a los empresarios."
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Por lo tanto el 12 de enero de dio un paso muy importante cuando la Caintra, la Canaco y el Fondo para el Desarrollo Comercial (Fidec) firmaron un convenio de reestructuración de créditos con el Centro Bancario de Monterrey. En el documento, que sentó un precedente nacional, se estipulan las bases para definir esquemas de pago, condonación parcial de intereses moratorios y suspensión temporal de procedimientos jurídicos, entre otros aspectos.
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Arrambide confiesa que está desconcertado: "Me extraña sobremanera la actitud de la banca nacional. Primero cerrazón, después sorpresa y desconcierto, y ahora parálisis. Deben ser más solidarios con sus usuarios de crédito, deben acercarse más. Parece que no saben que si quiebra la industria, también quiebran ellos".
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En el sexenio de Salinas, asegura Garza Sada, de Caintra, se utilizaron las alzas en las tasas de interés como válvula de escape para mantener la estabilidad de la economía, y en esta situación, el empresario mediano y pequeño nunca tuvo capacidad de modernizar su planta productiva para competir ante la apertura. Sólo pudieron hacerlo quienes tenían acceso a dólares a largo plazo. Lo que esto significa es que hay empresas altamente empasivadas y la mayoría no están modernizadas.
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Quienes realizan análisis económicos se dan cuenta de que el panorama es poco alentador. Por ejemplo, los resultados parciales de una encuesta de coyuntura económica realizada por la Caintra, publicados por un periódico local, reportan que en Nuevo León existen 5,000 empresas micro y pequeñas, de las que 1,000 habían caído en cartera vencida en 1994 y otras 1,000 se encuentran ahora a un paso de la moratoria.
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¿Dónde están? Las Unidades de Inversión (UDIs) han despertado gran inquietud entre los empresarios, porque de estos instrumentos depende la sobrevivencia de numerosas empresas. El problema es que nadie sabe dónde están.
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El presidente de la Caintra sostiene que debe acelerarse la entrega de créditos con el esquema de UdIs y ampliar el monto a repartir. "Nuestros análisis nos indican que las cantidades asignadas de UdIs actualmente no son suficientes, y no se ve claro que haya intenciones de invertir en esta modalidad, al menos por el momento."
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En esto coincide Garza Benavides, de la Canaco, pues afirma que en la primera etapa sólo se resolverá 17% de la cartera total. "En la medida que el inversionista apoye este instrumento y deposite su dinero en él, habrá recursos suficientes para financiar el restante 83%."
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Con respecto al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) también hay demandas, dice Garza Treviño, director de la Canaco. Los empresarios piden que se canalice hacia la actividad productiva a través de fondos de inversión, porque por ahora, nadie sabe exactamente a cuánto asciende el monto de estos recursos. "Ese dinero lo siguen teniendo el Banco de México y el gobierno federal para fondearse", anota.
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La posición de la Caintra es que este recurso debería ser más transparente. Primero, dice Garza Sada, es muy importante que se individualicen esos fondos para que cada inversionista y cada trabajador tenga derecho a conocer periódicamente cuánto dinero tiene, dónde lo tiene, quién se lo está manejando y poder exigir resultados, monitorearlos. "Esto, a horita, no se da", subraya.
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¿Y la reforma fiscal? Como siempre, el asunto más espinoso es el fiscal. En donde todos coinciden es que las reformas son una prioridad. Habla Garza Sada: "Si se define una nueva política económica, la posición del industrial es que es más conveniente, en el momento que vive el país, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Impuesto Sobre la Renta (ISR)". Su razonamiento es que el primero, por ser un impuesto al consumo, deja recursos libres para que haya inversión en México. "En ese sentido, al IVA lo consideramos un impuesto sano y positivo. Pero me es muy difícil discutir el aumento del IVA dentro de plan de emergencia específico", agrega.
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Grajeda, del CPNL, sostiene que el aumento del IVA es totalmente recaudatorio, sólo para llegar a una meta que se exigió en los tratados internacionales. En su opinión, debió haber aumentado a 20%, "porque con la diferencia daría margen para reducir el impuesto a personas físicas y a empresas, lo cual de alguna forma, sería un incentivo pan que la economía informal entrara al fisco".
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De hecho, el ISR; debería reducir al mínimo, apunta Garza Sada. "Específicamente, creo que se podría gravar el pago de dividendos y no las utilidades." En el mismo sentido se pronuncia Garza Benavides, al señalar que se debe aplicar una tasa cero de ISR en los casos en que no se reparten dividendos, "de manera que las empresas se pueda capitalizar, crecer y generar más empleo".
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El Impuesto al Activo tampoco sale bien librado: "Es absurdo y nefasto, desincentiva la inversión", opina Garza Sada. Para la Canaco, este impuesto debe desaparecer porque sus agremiados consideran que es injusto que no se tomen en cuenta las deducciones en el pasivo monetario. Y no es justo, apunta su presidente, "que una empresa con pérdida tenga que pagar un impuesto al activo por una maquinaria que debe y que no está produciendo".
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Estos planteamientos, además de sugerencias para la asignación de recursos federales y para modificar la Ley Federal del Trabajo, están plasmados en un documento elaborado por la Canaco, la Caintra y el CPNL. La intención: presentarlo directamente al presidente Zedillo pan que sea considerado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y para demostrar que la iniciativa privada sabe pasar de la protesta a la propuesta.
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Todo ello, pese al desánimo generalizado en la sultana del norte.