Otra vez los contribuyentes despiertan con la novedad de que deben pagar los platos rotos. Otra vez tendrán que aceptar que se use dinero público para solventar errores ajenos. Y una vez más, no hay responsables.
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El plan de rescate carretero, anunciado a fines de agosto pasado, es generoso ante los líos financieros en que se metieron las grandes constructoras, varios bancos y algunos gobiernos estatales, pero le pasa una factura de $19,000 millones de pesos a la sociedad mexicana por una planeación deficiente (¿qué ninguno de los participantes en las concesiones sabía hacer simples sumas y restas?). Desde que inició el esquema de participación privada en la construcción de autopistas, en el sexenio de la utopía primermundista, se alertó sobre los elevados peajes, bajos aforos, el endeudamiento excesivo de alto riesgo y los incrementos no previstos en las inversiones. Porque la crisis de 1994 no creó el problema; simplemente lo agravó.
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Ahora, la propiedad de 23 concesiones que abarca el plan de rescate regresará al Estado por un plazo máximo de dos años y, tras ese lapso, se volverán a privatizar por medio de subastas. “Cuando vemos que algo no funciona corregimos el problema y seguimos adelante”, señaló Carlos Ruiz Sacristán, titular de la SCT, quien admitió que hubo “fallas” en los cálculos de inversión y aforo vehicular. ¿Tendrán algo que decir al respecto Andrés Caso Lombardo y Emilio Gamboa Patrón, los antecesores de Ruiz Sacristán en el cargo?
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En otras naciones (donde la democracia sí se traduce en hechos concretos y no en mera palabrería), habría responsables y se les castigaría. En México, al parecer, estamos aún lejos de ello. Sin duda, en la lógica del caduco sistema político mexicano, la demagogia que exalta los logros de la democracia sólo es útil a la hora del discurso que inaugura carreteras, no cuando se deben admitir errores en la construcción de las mismas. Hay que decirlo con todas sus letras: este rescate demuestra (para quien todavía lo duda) que no han sido sólo los políticos corruptos los que han tomado a este país como botín; contaron con la anuencia y complicidad de no pocos empresarios (que hasta tienen el cinismo de criticar en privado lo que a fin de cuentas garantiza su ineficiente modus operandi).
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Para zanjar el camino y destrabar la llegada del préstamo salvador por $25,000 millones de dólares, que facilitó hace dos años la administración de William Clinton, funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo desplegaron todo su empeño en cabildear al Congreso estadounidense, recelosos del financiamiento que la autoridad federal quería otorgar. Aun cuando la actual administración mexicana cumplió a cabalidad y antes de lo previsto con su palabra, la molestia entre millones de estadounidenses se mantiene. Ahí no había “madruguete” posible. ¿Por qué la lógica del gobierno mexicano debe ser otra cuando quien aporta los recursos es el propio pueblo de México, del que, dice la Constitución, “emana la soberanía nacional”? Nadie podrá decir que el último desplante de autoritarismo del sistema salió barato. Es hora que los funcionarios administren los recursos de la nación teniendo en mente a todos los mexicanos.