Mientras el presidente Ernesto Zedillo promovía en Europa el "favorable clima" para la inversión extranjera en México, el ahora ex embajador canadiense en el país señalaba al semanario Milenio: "Después de haber estado en el Medio Oriente pensé que ya lo había visto todo". Se refería, evidentemente, a las prácticas de corrupción del gobierno mexicano.
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Esas declaraciones le costaron el puesto al diplomático. Pero puso, de nueva cuenta, el dedo en la llaga. Y lo hizo justo cuando Zedillo invitaba a los consorcios extranjeros a invertir en México, en una atropellada visita de Estado a Francia, que incluyó severos cuestionamientos por partes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos y simpatizantes zapatistas de ese país.
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Desde que tomó posesión –y al contrario de su antecesor– el gobierno zedillista ha padecido un grave problema de imagen. Y jugar al profesor regañón con los organismos internacionales defensores de los derechos humanos no contribuye, desde luego, a revertir esta percepción.
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Para información del inquilino de Los Pinos, mientras él pregona lo contrario en la sociedad a la que debe rendir cuentas, sigue siendo asunto cotidiano la transgresión a los derechos elementales del hombre. El hecho de que el mandatario mexicano se negara a recibir al presidente de Amnistía Internacional ilustra que sigue sin entender que el papel del gobernante responsable debe ser ver, escuchar, conciliar... no enfrentarse gratuitamente para luego hacer pucheros.
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Señor Presidente, admítalo: la corrupción ha sido y es práctica institucionalizada del sistema político mexicano. Pregonar sobre su combate, cuando a diario salen a relucir nuevos casos de manejos irregulares (o cuando menos muy poco transparentes) de recursos por parte de las distintas dependencias públicas, demerita bastante su palabra presidencial.
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Todos los fantasmas (la guerrilla zapatista, los crímenes políticos y la incertidumbre electoral, entre otros) que, según el discurso oficial, durante años supuestamente han ahuyentado la inversión extranjera, ya se han desvanecido en gran parte. En su lugar, vuelve a brillar con luz propia lo que siempre ha estado detrás: la irresponsabilidad, ineficiencia y corrupción de los gobernantes mexicanos en torno a la administración de los bienes públicos. ¿A quién hay que culpar ahora? ¿A los organismos de derechos humanos? ¿A Estados Unidos? ¿Al ex embajador canadiense?
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Pareciera que los altos funcionarios encuentran siempre "conspiraciones ajenas" que ponen en riesgo sus magníficos planes para su país tan querido. No se dan cuenta que los enemigos están demasiado cerca. Quizá les baste con mirarse al espejo.