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Para Ripley

Oficialistas, capitalistas, nacionalistas y ex maoístas se unieron en una causa.
mar 20 septiembre 2011 02:54 PM

Seguramente ni el más febril escritor de la tan en boga ficción política (“Se advierte a  los lectores que cualquier similitud...”) imaginó la escena: Codo a codo, brazo a brazo, los integrantes de todas las fracciones políticas representadas en un Congreso local, defendiendo un proyecto productivo... patrocinado por el gobierno federal... y una empresa multinacional.

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Estamos hablando, para mayor claridad, del PRI, el PAN, el PRD y el PT, es decir oficialistas, capitalistas, nacionalistas y ex maoístas.

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Estamos hablando, para mayor énfasis, de una visita conjunta de los diputados a sus colegas federales, para solicitar su apoyo... y comprensión.

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Estamos hablando de la polémica pretensión de la Compañía Exportadora de Sal –empresa única en su género de composición mixta, en cuyo capital participan el gobierno federal y la empresa japonesa Mitsubishi– para construir una nueva planta a la vera de las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, en la región de Baja California Sur conocida como El Vizcaíno.

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El proyecto “Salitrales de San Ignacio” cobró perfiles de escándalo internacional cuando el National Resources Defense Council (Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales) con sede en Estados Unidos, solicitó ante el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se declarara en peligro las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, consideradas patrimonio de la humanidad, en afán de preservar el único hábitat para la reproducción de la ballena gris en el planeta.

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El alerta, naturalmente, volcó la atención de asociaciones ambientalistas nacionales e internacionales en la zona, con énfasis en dos de ellos: el Grupo de los 100 y el Partido Verde Ecologista.

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Este último llegó a proyectar spots de televisión en los que al tiempo de observarse dramáticas escenas de enormes barcos balleneros levantando decenas de cadáveres de los colosales mamíferos, se exhortaba a la población a escribirle al Presidente de la República para evitar mayor daño... de construirse la planta de la Exportadora de Sal.

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El hecho es que de pronto un indignado diputado panista presentó un punto de acuerdo ante el Congreso local, en el que tras acusar al partido político verde de “manipular y engañar a los televidentes para denostar una inversión importantísima para la zona”, pedía a su presidente “demostrar contundentemente con estudios científicos que en aguas sudcalifornianas se atenta contra la integridad de la ballena gris”.

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De no ser así, señalaba el texto del acuerdo apoyado por la unanimidad de los 21 legisladores, “que se disculpe públicamente con el pueblo sudcaliforniano, principalmente el Municipio de Mulege y la comunidad de Guerrero Negro”.

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Para entonces, empero, los legisladores trabajaban en bloque por la defensa del proyecto, alegando apoyar “el desarrollo sustentable que tanto necesitamos en este estado y en el país”, ya pidiendo oficialmente la instalación de  una Comisión de especialistas para investigar el asunto in situ; ya  enviando una carta al presidente del Comité del Patrimonio Mundial de la unesco, Mounir Bouchenaki, señalándole que la solicitud para declarar en peligro las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, “responde a intereses ajenos a la protección del ambiente”...

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...ya de plano solicitando una audiencia a la Comisión Técnica enviada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que visitó la región en agosto pasado, o ya, finalmente, realizando por su cuenta un estudio de impacto ambiental... cuya conclusión fue que la población de ballena gris se ha incrementado en los últimos meses.

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Lo cierto es que al margen de si finalmente la Secretaría del Medio Ambiente le dice no a la posibilidad, a presión de la opinión pública internacional, demostrado en los hechos el daño al hábitat, el caso queda para los anales de Ripley: la fusión de intereses, ideologías, posturas y actitudes en defensa de un proyecto empresarial, en cuyo centro se ubica una firma multinacional, a la par del propio gobierno federal.

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¿Quién dice que no se puede?

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