Pemex, bajo fuego amigo

El Senado puso a la petrolera a cogenerar electricidad. No es un movimiento estratégico, según el
Eduardo Andrade Iturribarría*

Al aprobarse las modificaciones al marco jurídico energético para promover la cogeneración en Pemex, el Senado asestó un duro golpe no sólo a la propia empresa sino también a la viabilidad energética del país y a la competitividad industrial. Eso sí, se hizo sin mala fe y con voluntad de ayudar, pero aun así el resultado de su trabajo puede ser fatal para algunas partes de la industria y de nefastas consecuencias para el resto de la economía.

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El primer error es asumir que la cogeneración, o sea generación de electricidad y vapor dentro de una fábrica, puede ser la solución a las necesidades del sistema eléctrico de algún país. En realidad, el objetivo principal de la cogeneración es la producción de vapor y, como un subproducto, acaba generando electricidad también.

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Partiendo de un supuesto equívoco, en el Senado se argumentó, en diferentes exposiciones, que el potencial de cogeneración de Pemex es de 10,000 MWS, casi 20% del total actual del parque de generación del país, lo que en un extremo teórico podría ser cierto. Este potencial, teórico repito, disminuiría, a los ojos de los opositores a la reforma eléctrica, la necesidad de hacer cambios constitucionales para promover la modernidad de nuestro sistema.

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Pero de ese potencial de cogeneración sólo una parte es económicamente atractivo para que una petrolera comprometa sus recursos de inversión. Una segunda parte puede resultar atractiva al evaluarla en términos de la rentabilidad prevista por una empresa de generación eléctrica (menores y diferentes a los de una petrolera). Una última parte de ese potencial corresponde a proyectos de alto contenido tecnológico, cuya rentabilidad viene por la venta de hidrógeno u otros gases productos del desdoblamiento de hidrocarburos en los que también se produce electricidad.

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Todos estos proyectos son posibles física y tecnológicamente y deseables como parte de la modernización de la industria petrolera, pero muy lejos de ser estratégicos para Pemex. Quizá ni siquiera cercanos geográficamente a las necesidades de la CFE.

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Dado que la ley permitiría a Pemex cogenerar sólo en las refinerías, no podrá hacerlo en sus plantas de proceso de gas o petróleo, o en sus petroquímicas. Por lo mismo hay que suponer que solamente tendrá cinco posibilidades, en las refinerías de Cadereyta, Ciudad Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca y Salina Cruz.

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Según la ley votada por nuestro Senado los primeros proyectos deberían construirse en las zonas de mayor marginación económica. Sólo la refinería de Salina Cruz se ajustaría a este criterio, ya que el resto están situadas en zonas de desarrollo industrial medio a elevado.

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Es loable, sin duda, que promovamos el desarrollo y mejoría de las zonas del país que hemos olvidado desde la fundación de México como nación. Pero esto es algo que debe estar cubierto por los planes sectoriales, función del Ejecutivo y que aprueba el Legislativo. Si éste discurre, aprueba y manda que los proyectos se ejecuten y además determina el lugar donde sean construidos, es una obvia invasión de esferas de acción; y si además lo hace ordenando qué hacer con Pemex y cfe, atenta contra la autonomía de gestión de ambas, punto toral y de acuerdo por todas las partes que alguna vez han emitido una opinión sobre lo que debe ser la reforma del sector energético.

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La inversión en cogeneración en instalaciones petroleras cuesta más que la de generación pura de electricidad. Es una fuente irremplazable de suministro de vapor para la industria en que se encuentra y debe tener elementos de confiabilidad que no se requerirían en una planta eléctrica convencional. Las plantas cogeneradoras, aunque sean más eficientes para producir electricidad, cuestan más caras que una normal porque también producen vapor aprovechable para proceso.

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Si la intención es aprovechar el total de la cogeneración de Pemex, se demandarían alrededor de $12,000 millones de dólares. Durante las comparecencias posteriores al informe de gobierno en el Senado el año pasado, el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, cuestionó que se obligara a Pemex a utilizar recursos presupuestales para este fin; sin embargo, algunos senadores triunfalmente le contestaron que no era necesario, que también se podía hacer uso del techo de endeudamiento de Pemex.

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Esto es cierto pero insuficiente, pues no sería diferente a que en cualquier hogar mexicano se pague el gas o la electricidad con el dinero proveniente del salario (presupuesto) o que se decida cargarlo a la tarjeta de crédito (uso del techo de endeudamiento). Pero tarde o temprano lo que se gasta se paga: tal como en cualquier hogar, Pemex no podría utilizar los recursos presupuestales ni el techo de endeudamiento que usará para invertir en proyectos de cogeneración para, además, invertir en exploración y explotación gasera, proyectos de refinación o petroquímica, todos estos últimos razón fundamental de su existencia.

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Hablando de usos alternativos para el dinero, por ejemplo, para que se eliminara la necesidad de importar gas natural de Estados Unidos, se estima una inversión de $8,000 millones de dólares, $4,000 millones menos todavía que las inversiones necesarias para que Pemex desarrollara cogeneración. Haciéndolo así se evitaría que el país pague $30,000 millones de dólares a las empresas gaseras del sur de Texas por gas importado de allá, que podría ser extraído acá. Todavía más, aun siendo la explotación gasera una actividad propia de una empresa petrolera y con una atractiva rentabilidad, ésta palidecería si se le comparara con la potencial a obtener por los proyectos de explotación petrolera.

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Difícilmente estos son los únicos proyectos petroleros en que Pemex puede, y debe, invertir, antes que dedicarse al negocio de generar electricidad. Los $12,000 millones– que si se aprobara la mencionada ley deberían destinarse a cogeneración–, podrían servir, en vez, para construir dos refinerías completas, con valor de $7,000 millones de dólares, y además, para el proyecto petroquímico “Fénix”, con valor de $2,000 millones de dólares.

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Además, ya existen mecanismos legales y legítimos para que la inversión privada se haga cargo de la cogeneración en Pemex. Están especificados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 y han traído beneficios al país. Por todo esto, cabe cuestionarse porque el Senado prohíbe a Pemex que los utilice. ¿Es que no ven nuestros distinguidos senadores y senadoras que si Pemex no invierte en insumos como el etileno, la industria petroquímica mexicana podría morir en cinco años más? Parecen no darse cuenta de que para cuando se duplique el tamaño de la economía del país, un objetivo mínimo que debiéramos tener para los próximos 10 años, probablemente requeriremos el doble del gas o gasolinas que, por cierto, sólo Pemex puede producir en México.

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¿Por qué se niegan a pensar que en México podría reforzarse y expandirse una clase media, la cual demandará comodidades impulsadas por los productos petroleros?; ¿por qué le imponen a Pemex por ley un pasivo de 100% del valor actual de su patrimonio, en activos que no son ni prioritarios ni estratégicos y que apenas contribuyen marginalmente a aumentar su valor? ¿Por qué una ley contribuye a aumentar nuestra dependencia de las importaciones y a la pérdida de la soberanía energética? ¿Por qué el fuego amigo a la empresa de todos los mexicanos?

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*Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica (AMEE)

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