Pemex y el Senado: ¿disputa en camino?

La cámara alta podría frenar esta fórmula para captar inversión privada.
David Shields

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó la licitación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para explotar gas natural en la Cuenca de Burgos, a pesar de no haber hecho los amarres en el Senado para evitar enredos jurídicos.

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El 17 de julio la paraestatal licitó los primeros cuatro bloques –los más grandes–, conocidos como Ricos, Reynosa Monterrey, Misión y Corindón Pandura, y el 29 de julio licitó tres paquetes pequeños: Cuervito, Fronterizo y Olmos. Los siete abarcan más de 12,000 kilómetros cuadrados.

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Si tienen éxito, los CSM aportarán una producción de 1,000 millones de pies cúbicos diarios de gas dentro de tres o cuatro años. En junio pasado, Pemex importó un volumen récord de 930 millones de pies cúbicos diarios y se augura que las importaciones seguirán en aumento. De ahí la urgencia.

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En cuanto se publicó la convocatoria, senadores del PRI y PRD, encabezados por Manuel Bartlett, anunciaron que elaborarán una controversia constitucional.

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Participar en la licitación no es cualquier cosa. Cada juego de bases para los primeros cuatro bloques tiene un costo de entre $77,000 y $124,000 dólares, debido al cúmulo de información geológica y técnica que se entregará a los interesados.

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La pregunta es: ¿qué compañía realizará ese gasto, a sabiendas de que los senadores están listos para frenar todo? Se tienen los antecedentes del fracaso de las reformas eléctrica y petroquímica, y del pleito que ganó Bartlett contra un decreto del Ejecutivo en materia de electricidad.

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“No se requiere ninguna autorización del Congreso para seguir adelante con los CSM, excepto el consentimiento presupuestal y ese ya lo tenemos”, señala Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo de los CSM por parte de Pemex.

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Los senadores no lo ven así. “No hay incentivos para llegar a acuerdos,” afirma Sergio Benito Osorio, asesor del PRD en el Senado en materia de energéticos. En otras palabras, el Ejecutivo no ofrece nada a la oposición a cambio de su apoyo a los contratos y a otras reformas energéticas.

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La oposición dice que Pemex será un simple administrador. La ganancia será para los contratistas y para Hacienda. La controversia constitucional podría retrasar los contratos dos años o matarlos. Y la industria nacional, sin gas.

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