Una política fiscal que se dedica a tapar los hoyos que se encuentra a su paso, sin prever las deudas implícitas o explícitas que surgen de los contratos sociales establecidos, está condenada al fracaso tarde o temprano.
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Quizás esto se pueda ejemplificar con lo que sucede frecuentemente en las familias: por lo general se usa el ingreso para afrontar los gastos actuales o para pagar los intereses de deudas anteriores. Pero pocas familias emplean sus entradas presentes para prever los gastos seguros que enfrentarán y que son una especie de deuda adelantada, como la educación futura de los hijos o incluso el sustento durante la inevitable vejez.
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A los gobiernos les pasa algo similar. Saben que han contraído deudas, muchas de ellas no declaradas como tales, pero que seguramente deberán pagar en el futuro. Claro que no será a los actuales gobernantes a quienes les toque enfrentarlas y quizás ello explique su displicencia.
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Es el caso de la enorme y creciente deuda del Estado proveniente de los sistemas de pensiones con garantía pública, explícita o implícita.
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Diversos estudios actuariales y económicos que se han realizado recientemente demuestran que los sistemas de pensiones de instituciones públicas como el ISSSTE, que agrupa a casi dos millones de trabajadores; las fuerzas armadas, que aglutinan a 260,000; Pemex, cuyo sistema de seguridad social registra 135,000 empleados; Comisión Federal de Electricidad o Compañía de Luz y Fuerza del Centro, están declarados como inviables financieramente.
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Es decir, funcionan sobre la base de un esquema perverso que les genera importantes déficits actuariales, mismos que requieren cantidades crecientes de recursos gubernamentales para su funcionamiento. Como nos podemos imaginar, una situación así es insostenible para las finanzas públicas futuras y altamente riesgosa para quienes esperan vivir de una pensión al final de su vida laboral.
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De allí que sea igualmente irresponsable no incluir estas deudas implícitas en una reforma fiscal sustentable, no instrumentar un nuevo esquema de pensiones que elimine, de una vez por todas, la posibilidad de seguir caminando hacia el precipicio.
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Para empezar sería muy saludable que instituciones, empresas públicas y gobiernos estatales se obliguen a dar a conocer con detalle y transparencia cuál es el estado de sus programas de pensiones, costos y pasivos laborales.
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-El autor es economista y columnista de temas financieros