Pensiones Pros y contras de una privatiz

La ambiciosa reforma del IMSS, en torno a los fondos de pensiones, tiene muchas posiciones encontrad

Unos N$24,000 millones de nuevos pesos anuales serán el eje de una cerrada competencia entre instituciones financieras que iniciará en 1997 como resultado de las reformas que propuso el gobierno a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Para los trabajadores, el paquete de adecuaciones a los fondos de pensiones que propuso Ernesto Zedillo tiene muchas aristas. El mismo conlleva, sin duda, mejores rendimientos, derivados de una inversión basada en criterios puramente financieros, donde los re: cursos ya no se destinarán a apoyar teatros o centros vacacionales.

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Sin embargo, se agudiza la desigualdad en los beneficios que recibe la población de bajos ingresos, cuyos fondos para el retiro básicamente serán tratados "bajo reglas de mercado", con lo que el Estado pierde parte de su responsabilidad como promotor de equilibrios en una economía de extremos, como la mexicana.

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Un sistema de fondos de pensión mixtos ha sido la propuesta que han lanzado aseguradores y actuarios, ya que la población de menores ingresos no se ve necesariamente beneficiada con la privatización.

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Y un factor adicional: la reforma adolece de incentivos fiscales, indispensables para promover el ahorro voluntario y una de las características de los esquemas de fondos de pensiones privados que han sido exitosos en el mundo.

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¿El gobierno se lava las manos? No, desde la perspectiva del propio sector público. Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS, propala a los cuatro vientos que el Estado no abandona su papel de administrador de los recursos destinados al retiro. "El gobierno no se olvida de sus responsabilidades", insiste.

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La realidad diaria indica que actualmente las pensiones para trabajadores aumentan en función del salario mínimo, que siempre se encuentra rezagado respecto de la escalada de los precios.

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Este será un punto a favor de la reforma: adecuar en el futuro el incremento de las pensiones a la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

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Por otra parte, el fondo destinado a invalidez y muerte se mantiene y será financiado a través de un fondo común, donde todos los cotizantes seguirán realizando aportaciones. Estos recursos se mantienen bajo la administración del IMSS.

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Pese a la complejidad de la reforma, en esencia, la manzana de la discordia son los recursos que conforman el sistema provisional. Esto es, recursos anuales equivalentes a 4.6% de los ingresos de los trabajadores registrados en el IMSS, que significan los N$24,000 millones de nuevos pesos anuales citados al principio de este artículo.

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Estos recursos no son propiedad de ningún fondo común, sino propiedad de cada trabajador y éste decidirá qué institución financiera será la administradora de su patrimonio futuro.

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Cuando el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) arrancó en México, se habló de esta misma posibilidad: que el sector financiero administrara los recursos de los futuros pensionados a través de sociedades de inversión especializadas en la tarea. La nueva versión de dichas sociedades de inversión son las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), que deberán diseñarse e instrumentarse en la banca durante 1996 con objeto de que inicien operaciones junto con la reforma, en enero de 1997.

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Al respecto, Borrego sintetiza la reforma de esta manera: "Cada trabajador decide dónde serán invertidos sus recursos, pero sigue contando con el aval del gobierno y de la institución financiera que los administra".

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La reforma de la ley del IMSS afectará -a favor o en contra- a 8.5 millones de trabajadores registrados en el instituto, que tendrán su número individualizado del IMSS para diferenciar su cuenta de pensiones.

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¿Cómo ahorrar? A juicio del sector académico, se trata de una reforma coja. La razón es simple. Uno de los objetivos básicos del paquete de adecuaciones fue incrementar el ahorro interno y elevar los beneficios del retiro para los mexicanos, ya que la estructura actuarial vigente hubiera dejado sin ingresos a un grupo de más de tres millones de trabajadores jóvenes --menores a los 35 años en este momento-, que al retirarse se habrían encontrado con un palmo de narices y con la sorpresa de que el IMSS ya no tenía recursos para pagarles un quinto como pensión.

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La administración zedillista busca incrementar el ahorro interno, que de 1980 a 1994 pasó, de niveles superiores a 22.2%, a sólo 16%, según cifras oficiales. Sin embargo, se está olvidando --o minimizando al menos- un aspecto importante: que el ingreso real de los trabajadores mexicanos tendría que crecer cuando menos 20% real cada año para que el ahorro interno del país avanzara en un punto porcentual del PIB en cada ejercicio, tendencia totalmente improbable para los próximos años. ¿Cómo sé elevará el ahorro interno si sólo el 40% de la población pudo ahorrar algo durante los últimos tres años?

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Por otra parte, 90% del ahorro de México provino de 10% de la población con los ingresos más elevados.

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Entre las principales deficiencias de la reforma gubernamental, los investigadores del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) consideran que lo que quedó incompleto es la reforma fiscal, indispensable para incentivar el ahorro, Afirman que los seguros de vida son importantes promotores del ahorro, por lo que deberían recibir un trato preferencial, permitiendo la deducción parcial de las primas pagadas.

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Por lo tanto, una primera evaluación sobre la reforma al IMSS permite observar que será un paso al frente al eliminar administraciones amañadas y dispersas de los recursos del retiro.

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Asimismo, será una oportunidad interesante para el sector financiero y agua fresca para un sector productivo que no será capaz de recuperarse integralmente de la crisis durante 1996. Sin duda, en 1997 seguirá requiriendo inyecciones muy fuertes de financiamiento, para retomar rumbos e iniciar la solidez.

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